Más de dos años después de que el fiscal Ignacio Stampa presentara sus conclusiones de la instrucción del caso Montecarlo, el Ayuntamiento de Arrecife ha ejercido su papel de acusación particular y ha pedido la apertura del juicio oral para sentar en el banquillo de los acusados a los políticos, funcionarios y empresarios presuntamente responsables de cuantiosos perjuicios a las arcas públicas municipales.

En ese sentido, en la pieza de Tunera, el Ayuntamiento se adhiere a la tesis de la Fiscalía y concluye que el importe “arbitraria y fraudulentamente abonado” por la Corporación municipal a esta productora de eventos “sólo entre los años 2009 y 2012” ascendió a un mínimo de más de 3,2 millones de euros. De todo este montante económico, “al menos” 121.182 euros obedecen a “pagos por servicios no prestados”.

Entre los once acusados de la pieza de Tunera se encuentra el exalcalde José Montelongo. El Ayuntamiento del que fue primer edil desde junio de 2015, tras las elecciones municipales, hasta abril de 2016, cuando su partido de entonces, el PSOE, le obligó a dimitir por el caso Montecarlo, le acusa de delitos de prevaricación administrativa, fraude a la Administración y malversación de caudales públicos. El escrito de acusación del Ayuntamiento capitalino, dirigido al Juzgado de Instrucción número 4 de Arrecife, se firmó el pasado 20 de junio, pero no había trascendido hasta el momento.

En su escrito de acusación, que respalda al de la Fiscalía, el Ayuntamiento describe una “mecánica fraudulenta creada” por el interventor municipal, Carlos Sáenz, y el empresario Eduardo Ferrer, para colocar a Tunera “en una posición privilegiada y de cuasi exclusividad”, en “perjuicio de la libre concurrencia”, incumpliendo “toda la normativa de contratación”.

El Consistorio resalta que Montelongo, entonces concejal de Hacienda, y el interventor, utilizaron mecanismos como el reconocimiento extrajudicial de deudas para “enmascarar la ilegalidad de dichos pagos”. Uno de los aspectos que subraya el escrito de acusación del Ayunta miento es “la existencia de informes por parte de funcionarios responsables” de la propia institución que “alertaban de las irregularidades detectadas en cuanto a la contratación y posterior intención de pago de dichos servicios”.

El Consistorio capitalino respalda que se abonaron de forma fraudulenta más de 3,2 millones de euros a la empresa Tunera en cuatro años

En Montecarlo, el Ayuntamiento de Arrecife, que tuvo que cambiar de abogado, pide para Montelongo en la pieza de Tunera cuatro años y seis meses de prisión y una inhabilitación absoluta de nueve años. La acusación del Ayuntamiento coincide con la de la Fiscalía.

En otra de las piezas principales del caso Montecarlo, la relacionada con los pagos a las empresas Inelcon y Señalcon, el exalcalde se enfrenta a una petición de condena de cinco años y seis meses de prisión e inhabilitación durante otros nueve años y medio. A estas dos últimas empresas, según las conclusiones de la Fiscalía, se le abonaron de forma fraudulenta unos 3,6 millones de euros, de los cuales 841.000 euros “obedecen a servicios no prestados”.

En la actualidad, se da la circunstancia de que el Ayuntamiento de Arrecife pide en los Juzgados importantes penas de prisión a dos políticos que ocuparon la alcaldía, por presuntos delitos cometidos en sus respectivas etapas en la Corporación municipal: Montelongo, ahora enrolado en las filas de la Agrupación Socialista por Lanzarote, partido de nueva creación, y María Isabel Déniz, a quien el Consistorio solicitó 16 años de prisión en el caso Jable, por delitos supuestamente cometidos en las adjudicaciones del pabellón de Argana a la constructora FCC y de la recogida de residuos a la empresa Urbaser.

La demora del Ayuntamiento

La posición del Ayuntamiento de Arrecife en el caso Montecarlo ha estado en tela de juicio durante buena parte del procedimiento. Cuando el fiscal Stampa presentó sus escritos de acusación echó en cara al Consistorio que, a pesar de estar personado “formalmente” como acusación particular y entidad “perjudicada”, no había dado ningún paso para que le fueran devueltas “las cantidades indebidamente abonadas”, ni tampoco había reclamado “responsabilidad administrativa o contable hacia sus presuntos responsables”. De hecho, durante más de año y medio ni siquiera formuló sus escritos de acusación.

El Ayuntamiento acusa a José Montelongo de los delitos de prevaricación administrativa, fraude a la Administración y malversación de caudales públicos

En octubre de 2016, el juez Ricardo Fiestras ordena que se traslade el sumario al Ayuntamiento para que califique los hechos investigados, mientras que el Consistorio reclama que la causa se digitalice, algo para lo que el Juzgado no tenía “ni personal ni mecanismos”. El Ayuntamiento llega a apelar a la “protección al medio ambiente” para “no tener que utilizar miles y miles de folios” en copiar el procedimiento.

Transcurre todo el año 2017 y el Consistorio no presenta sus escritos de acusación, hasta que a finales de diciembre de ese año, su abogado, Orlando Betancort, presenta su renuncia. El mes anterior, el juez había concedido un plazo improrrogable de 20 días para que acusara o pidiese el archivo, y la representación del Ayuntamiento pide de nuevo que se suspenda el plazo para calificar, una pretensión que rechaza el juez. Este pasado mes de enero, el Ayuntamiento tiene que designar a un nuevo abogado, Gervasio Martín, que ha pedido al juez que eleve ya la causa al órgano judicial al que le corresponda celebrar el juicio.