El Ayuntamiento de Arrecife ha pasado de una de las compañías de mayor facturación del país, Endesa, y ha adjudicado a la empresa Eneka Energía (Suministradora Eléctrica Vientos Alisios de Lanzarote SL) el contrato de 'suministro de energía eléctrica en los edificios, instalaciones y alumbrado público', por un importe anual de 1.163.453 euros, que se eleva para las dos próximas anualidades a 2.328.286 euros. El contrato, adjudicado este miércoles, es prorrogable por otros dos años.

El otro concurrente al concurso público era la empresa Endesa Energía SAU, que, sin embargo, no logró superar en puntuación a Eneka, que se autodenomina “proveedor de energía limpia a precios competitivos, menores costes de infraestructuras que las grandes eléctricas y basada en un modelo de negocio cien por cien informatizado”.

Esto supone un hito en la contratación del suministro eléctrico en la capital, que, por primera vez no recae en una gran comercializadora. Eneka Energía es una empresa con 3,7 millones de ingresos según sus últimas cuentas presentadas, de 2016.

La mesa de contratación del Ayuntamiento, reunida el pasado 18 de diciembre, valoró los precios ofertados por los dos concurrentes para el suministro y distintos servicios, como mejoras en los equipos de recarga de los coches eléctricos, decidiendo por unanimidad otorgar una puntuación a Eneka de 114,5 puntos, frente a los 103,6 de Endesa.

Paralelamente, la alcaldesa, Eva de Anta, procedió, también este miércoles, a levantar, por decreto, un reparo de intervención por el que se acumulaba una deuda de 204.702 euros con la anterior adjudicataria, Endesa, lo que había provocado varios cortes de luz en distintas dependencias e instalaciones municipales, “con consecuencias lesivas sobre el interés general y el servicio al que nos debemos como administración pública”, se argumenta en el decreto.

La decisión se apoya en un informe realizado por el nuevo interventor, de fecha 6 de mayo, en el que reconoce la imposibilidad de fiscalizar algunas de las facturas reclamadas, “por la no existencia de contrato, ni comprobación de realización del servicio por parte del técnico, ni acuerdo de reconocimiento de deuda, como argumentaba la anterior funcionaria para no proceder al pago.

Sin embargo, se certifica que todas las facturas “corresponden al actual ejercicio, que existe consignación y ninguna ha sido rechazada o está sujeta a subsanaciones y se ha superado el plazo legal de abono, perjudicando el periodo medio de pagos municipal, lo que puede generar un enriquecimiento injusto (del acreedor, por intereses de demora) e incumplimiento de las medidas contra la morosidad en el Ayuntamiento”.

El informe especifica que no se puede comprobar, efectivamente, si el precio facturado de ajusta al contrato, ya que no existe condición contractual, pero que se hace necesario tramitar el pago y reconocer las trece facturas en liza por 204.702 euros.