El Ayuntamiento de Arrecife exigirá la devolución de los caudales públicos malversados, tras acreditarse el desfalco de más de 250.000 euros en facturas falsas emitidas por la empresa Proselan, por trabajos de electricidad no realizados.

Tras conocerse la sentencia firme del Tribunal Supremo a dos trabajadores del Consistorio capitalino vinculados al caso, la institución municipal procederá a la ejecución del fallo judicial de inhabilitación para el ejercicio de empleo público durante ocho años.

Para ello, una vez notificada la sentencia desde la Audiencia Provincial de Las Palmas, se cesará al funcionario Rafael Arrocha, ex jefe de la Oficina Técnica, de sus tareas como trabajador del área de Movilidad, indicó este miércoles el Ayuntamiento.

Respecto al otro condenado, Carlos Sáenz, al ser su plaza en el departamento de Intervención una habilitación nacional, será Función Pública la entidad responsable de separar al funcionario de la Administración de manera definitiva.