Este jueves está previsto que el equipo redactor del Plan General de Ordenación (PGO) de Arrecife lleve a cabo en el Ayuntamiento una reunión con propietarios de bolsas de suelo que han presentado alegaciones, de cara a cerrar convenios urbanísticos que se incorporarán al futuro planeamiento municipal.

Así lo explicó el concejal de Urbanismo, Samuel Martín, quien detalló el Ayuntamiento capitalino está manteniendo “prácticamente una reunión por semana” con el equipo redactor, la empresa Gesplan que depende de la Consejería de Política Territorial.

El objetivo, según indicó el edil de Urbanismo, es efectuar una nueva aprobación inicial del Plan General “en el primer trimestre de 2016”. Luego el documento saldría a exposición pública por un periodo de 45 días, fase en la que volvería a ser sometido a alegaciones, para proceder por último a la aprobación definitiva del PGO.

Pero antes de que se lleve a cabo una nueva aprobación inicial, el concejal de Urbanismo detalló que el pleno del Ayuntamiento tiene que aprobar los convenios urbanísticos que se pacten entre Gesplan, el Consistorio y los propietarios de suelo.

Los convenios urbanísticos tendrán que pasar por el pleno del Ayuntamiento antes de la nueva aprobación del PGO

Martín indicó que el equipo redactor está analizando las alegaciones de propietarios de piezas de suelo que supongan “modificaciones sustanciales”. Con los propietarios que reclaman tener “derechos adquiridos” que no estaban reflejados en el Plan General en tramitación “como mínimo se van a entablar negociaciones”.

En las alegaciones hay propietarios que consideran escasa la edificabilidad asignada, como los dueños del Islote del Francés o del solar frente a Ginory, otros que entienden que sus terrenos deben ser considerados como suelo urbano consolidado, como el caso de la urbanización residencial Maneje, al sur de la circunvalación, y otros que presentaron los planes para que sus bolsas de suelo ya salieran ordenadas en el Plan General.

Trámites y “errores”

La primera aprobación inicial se produjo en agosto de 2014, por orden del entonces consejero de Política Territorial, Domingo Berriel. El Ayuntamiento capitalino delegó en el Gobierno de Canarias la elaboración y aprobación del nuevo Plan General de Ordenación de la ciudad, aunque en principio el Consistorio tiene que dar su visto bueno al planeamiento.

Cuando se aprobó de forma inicial el Plan General se estableció un periodo de suspensión de licencias de dos años, en el que se impide cualquier proyecto que no tenga encaje en la futura ordenación de la ciudad. Eso ha provocado que “errores” como no contemplar el uso de hostelería y restauración en el Charco de San Ginés dejara sin cobertura nuevas aperturas de establecimientos.