Este lunes ha comenzado el juicio contra el expresidente del Cabildo de Lanzarote y actual portavoz de Coalición Canaria (CC), Pedro San Ginés, acusado de prevaricación por la incautación de la planta desaladora de Montaña Roja, una medida declarada ilegal por los tribunales.

La vista oral que ha arrancado este lunes en el Juzgado de lo Penal número 3 de Arrecife se ha suspendido hasta en cuatro ocasiones. En la primera jornada del juicio están programadas las cuestiones previas de la vista oral y la declaración de los tres acusados: San Ginés, Francisco Perdomo, exsecretario del Cabildo, y José Juan Hernández Duchemín, exgerente del Consejo de Aguas.

Además, también se ha citado para la primera jornada a un miembro de la Policía Local de Yaiza y un agente de la Guardia Civil que estuvieron presentes en la incautación de la planta desaladora de la empresa Club Lanzarote, en septiembre de 2014.

Para el martes está citado Gerardo Díaz, el primer gerente que tuvo Canal Gestión, empresa a la que fue cedida la explotación de la planta desaladora de la empresa Club Lanzarote, después de ser incautada por el Consejo Insular de Aguas y traspasada al Consorcio del Agua, mediante una resolución firmada por Hernández Duchemín.

Asimismo, está citada Soraya Brito, actual concejal de CC en Haría y exconsejera del Cabildo, que en septiembre de 2014 era vicepresidenta del Consejo Insular de Aguas. San Ginés le retiró las competencias que tenía atribuidas en los expedientes sancionadores solo para el que abrió a Club Lanzarote, el mismo día que ordenó la incautación de la desaladora.

También está citado el asesor de Club Lanzarote, el abogado Pedro Soriano, que advirtió al Consejo Insular de Aguas de la ilegalidad que suponía la incautación de la planta desaladora, la planta depuradora y la red de tuberías de la urbanización Montaña Roja, como han confirmado los tribunales, que anularon la medida adoptada por San Ginés.

Acusación

La acusación popular, ejercida por Carlos Meca y Pablo Ramírez, consejeros de Podemos en el pasado mandato, solicitan par San Ginés una condena de 12 años de inhabilitación para empleo o cargo público. La misma pena solicitan para Francisco Perdomo, ya jubilado, y José Juan Hernández Duchemín.

La acusación popular considera a los tres acusados responsables de un delito de prevaricación administrativa por "la incautación ilegal” de una planta privada, “al margen de la ley y omitiendo todos los trámites obligados, para entregárselas después a Canal Gestión”.

En el escrito de acusación se destacó que la resolución adoptada carecía de “lógica jurídica alguna”, ya que resultaba “improcedente y absolutamente desproporcionado incautar una instalación privada como medida cautelar sujeta a un expediente sancionador que, como máximo, podía imponer una multa de 7.200 euros".

Según la acusación popular, la incautación se llevó a cabo porque era "la única vía que daba respuesta al capricho del señor San Ginés y su deseo de beneficiar a Canal Gestión Lanzarote por encima del respeto a la legalidad vigente y de la propiedad privada".

La acusación popular sostiene que el presidente del Cabildo y el gerente y el secretario del Consejo de Aguas se pusieron "de acuerdo" para "entregar por vía de la fuerza y el abuso de autoridad la gestión del ciclo del agua del núcleo turístico de Montaña Roja a Canal Gestión Lanzarote, para que ésta obtuviera pingües beneficios a costa de infringir de forma flagrante y grosera la legalidad vigente".

"El señor San Ginés dio cumplimiento a su voluntad adoptando arbitrariamente una medida cautelar no prevista en la legislación sectorial, sin sujeción alguna a un límite de tiempo, mediante una resolución dictada prescindiendo de trámites esenciales del procedimiento (como la audiencia a los interesados o la falta de informe jurídico previo), vulnerando el derecho de defensa del administrado y adoptada sin ser el órgano competente para ello", advierte la acusación en su escrito de calificación.

Asesor jurídico "a tres bandas"

En el escrito de acusación también se pone en duda "la neutralidad e imparcialidad" del informe elaborado días después de la incautación "por el amigo y abogado del presidente, Ignacio Calatayud, que trabajaba para Canal Gestión mientras supuestamente defendía y asesoraba al Consejo Insular de Aguas como abogado externo".

Dicho informe, "con el que se pretendía justificar a posteriori la incautación de la desaladora", fue ratificado por el secretario del Consejo, Francisco Perdomo, "pese a que él mismo había advertido dos años antes a San Ginés y al resto de miembros del Consejo Insular de Aguas de que este órgano no tenía competencias para ordenar el cierre o la clausura de desaladoras privadas, sino solo para instruir expedientes o imponer sanciones, tal como consta en el acta de la reunión celebrada por el Consejo el 14 de abril de 2014".

Sin embargo, añade la acusación, 11 días después de llevarse a cabo la incautación, "el secretario dio por bueno el informe redactado por Calatayud, sin advertir de la ilegalidad de la medida adoptada ni de la incompatibilidad en que incurría el letrado, que compaginaba su trabajo para Canal Gestión con el asesoramiento de Pedro San Ginés".

"Esta actuación posterior destaca expresamente el esfuerzo realizado para intentar investir de legalidad la incautación, y evidencia el conocimiento de la ilegalidad de la medida adoptada", subraya la acusación popular.