El pleno del Cabildo de Lanzarote ha aprobado en su sesión ordinaria de este viernes, la propuesta del Grupo Nacionalista para que se inste al Gobierno de Canarias a mediar ante AENA y se corrija el agravio comparativo que impide a los usuarios del aeropuerto César Manrique acercarse durante un tiempo limitado a la puerta de llegadas de la T1 con su vehículo particular sin tener que pagar, como ocurre en el resto de aeropuertos canarios.

Tal y como ha explicado el portavoz los nacionalistas, Samuel Martín, "la dirección del aeropuerto de Lanzarote tomó recientemente medidas para acotar el tráfico en la zona de llegadas de la terminal principal, prohibiendo aparcar a particulares para la recogida de pasajeros y permitiendo solo el tránsito de vehículos de servicio público como guaguas y taxis, así como de automóviles de alquiler de las empresas con presencia en el aeropuerto".

"O se rehabilita un espacio para que los usuarios de Lanzarote no tengamos que sufrir esta discriminación o simplemente se retoma la primera media hora gratuita en el parking del aeropuerto", ha manifestado Martín quien ha aceptado la propuesta del Partido Socialista de que se incluya además en el texto de la moción, que se busque también una opción de aparcamiento para las personas que trabajan en el recinto aeroportuario.

Por otra parte, los nacionalistas muestran "su asombro ante la postura contradictoria de los socialistas en referencia a la moción en la que CC-PNC ha solicitado la modificación legislativa para la creación de una pedanía en la isla de La Graciosa".

"Nos ha sorprendido que el PSOE, y más concretamente su portavoz tanto en Teguise como en el Cabildo de Lanzarote, Marcos Bergaz, sea capaz de votar una cosa y la contraria; y es que, mientras en el pleno celebrado el 9 de diciembre en el Ayuntamiento votó a favor de la iniciativa, en el Cabildo, con idéntico texto, la ha rechazado", ha señalado el consejero Domingo Cejas.

"El pretexto para rechazar la moción es que las pedanías desaparecieron tanto en la Ley de racionalización de las administraciones públicas del año 2003 como en la Ley de municipios de 2014 y que el Cabildo no tiene competencias para cambiarlas, lo cual es una excusa absurda porque la moción lo que propone precisamente es que, a sabiendas de que el Cabildo no tiene las competencias inste al Gobierno de España para que proceda a las modificaciones legislativas correspondientes".

Finalmente, Cejas subraya que el gobierno insular olvida además que ni en el año 2003 ni en el 2014 estaba aprobada la declaración de La Graciosa como octava isla, que tuvo lugar en 2018.