El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha admitido a trámite la demanda presentada por el Cabildo de Lanzarote el 30 de marzo contra el Ministerio de Industria tras haber agotado el plazo legal para responder a la institución -a través de la Dirección General de Política Energética y Minas- sobre la extinción definitiva de los permisos de perforación que Repsol aún mantiene en Canarias.

La demanda se suma a una segunda causa emprendida por el Cabildo en este tribunal, tras solicitar el 17 de diciembre de 2014 la adopción de medidas cautelares para paralizar los tres pozos autorizados a Repsol frente a las costas de Lanzarote y Fuerteventura, según informa la institución en un comunicado.

En la resolución dictada por el TSJM el pasado 6 de abril, el TSJM acordó admitir a trámite el contencioso interpuesto por el Cabildo de Lanzarote contra la resolución de Industria de agosto de 2014 –autorizando la perforación de tres pozos-, y requirió al Ministerio a remitir “en el plazo improrrogable de 20 días desde que la comunicación judicial tenga entrada en el Registro General, del expediente administrativo, original o copiado, completo, foliado y, en su caso, autentificado, acompañado de un índice, asimismo autentificado, de los documentos que contenga, notificándose la resolución que ordene la remisión del expediente a todos los interesados en el mismo, emplazándoles conforme al art. 49 LRJCA para que puedan comparecer ante este órgano judicial en el plazo de nueve días”.

El Cabildo solicita que la autorización otorgada en agosto de 2014 quede sin efecto por los "patentes incumplimientos" de la petrolera

EL Cabildo de Lanzarote ha denunciado que los permisos otorgados el pasado mes de agosto de 2014 a Repsol por el Ministerio dirigido por José Manuel Soria han quedado sin efecto a causa de "los patentes incumplimientos" por parte de la petrolera y, en consecuencia, ha instado a la Administración del Estado a intervenir como figura garante del cumplimiento de las normas y de los derechos establecidos en la Ley vigente, "actuando en defensa de los intereses generales y reconociendo oficialmente que las prospecciones permitidas en Canarias se han extinguido y no pueden continuarse".

A pesar de ello, Industria ha reaccionado ante este nuevo requerimiento de Lanzarote "una actitud idéntica a la constatada durante los tres últimos años" de cara hacia la sociedad y las instituciones canarias, "de total opacidad, de falta absoluta de colaboración y diálogo, y de silencio permanente frente las decenas de peticiones de información que se han elevado desde múltiples entidades públicas y privadas de Canarias", asevera la corporación insular.