Alternativa Ciudadana (AC) ha manifestado que la reapertura de la investigación judicial sobre la empresa pública Insular de Aguas de Lanzarote (Inalsa) “sirva para que la Justicia señale a los verdaderos responsables de la ruina” de la compañía.

Alternativa presentó en una denuncia en la Fiscalía en el año 2013 con una batería de supuestas irregularidades, el Ministerio Fiscal la asumió y amplió en forma de querella pero, a principios de este año, pidió el archivo de la causa al no encontrar relevancia penal en los hechos investigados.

Sin embargo, ha sido la propia Fiscalía la que pidió al Juzgado de Instrucción número 4 de Arrecife reabrir la investigación sobre la base de un informe del Tribunal de Cuentas sobre el servicio de producción y venta de agua entre 2007 y 2011, donde se aprecian supuestas irregularidades al menos en cuatro contratos de obras: uno de Inalsa y tres del Consejo Insular de Aguas.

Alternativa Ciudadana ha destacado que es “conveniente para los intereses de la ciudadanía de la Isla que la Fiscalía solicite investigar las presuntas irregularidades en cuatro contratos relativos a la gestión del ciclo integral del agua y que suponen un monto de unos 4,6 millones de euros de dinero público”.

La formación asamblearia asegura que el estudio del Tribunal de Cuentas permite “observar que se adjudicaban contratos, vulnerando los principios básicos de publicidad y transparencia”.

También destaca que “en diversas obras realizadas relacionadas con el ciclo integral del agua en la Isla no se emitieron los preceptivos informes jurídicos y de intervención, que faltan los informes de supervisión y el visado del colegio profesional correspondiente, así como, irregularidades detectadas en el replanteo y en la propuesta de liquidación de la obra”.

Para Alternativa, la reapertura de la investigación en el Juzgado “confirma las denuncias que durante años” han efectuado “sobre el saqueo y despropósito que ha estado sometida la empresa pública de agua” y acerca de “la corrupción” en la gestión.

Además, confía en que la investigación “no solo sirva para que la Justicia señale a los verdaderos culpables del presunto desfalco, sino que los mismos afronten con su patrimonio la mala gestión de la que son responsables, principalmente el PSOE, PIL y Coalición Canaria”.