De los grandes casos de corrupción que acompañan a la Isla desde hace ya una década se han juzgado varias piezas, pero aún queda lo más relevante. De Unión ya ha habido cinco juicios con el resultado de trece personas condenadas (seis han entrado en prisión), de Montecarlo uno, el de La Oliva, otro de Stratvs de los dos previstos y los dos del caso Yate, por licencias ilegales en Yaiza y Teguise. La instrucción ha terminado prácticamente en casi todas las piezas y ya hay escritos de acusación pero sigue sin fijarse la fecha para la vista oral. No obstante, en 2019 habrá al menos dos juicios, o por lo menos tienen fecha.

El primero será la pieza de las comisiones ilegales en Arrecife y la posible financiación ilegal del Partido de Independientes de Lanzarote (PIL). Está previsto que se celebre durante 15 jornadas. El inicio estaba fijado para el 5 de febrero en Arrecife pero se ha adelantado al día 1 de febrero. En Lanzarote se celebrará esta primera sesión y las de los días 6, 8, 11, 18, 19 y 21 de febrero, mientras que en Gran Canaria se desarrollarán las de los días 22, 26, 27 y 28 de febrero, así como las de los días 1, 8, 14 y 18 de marzo.

El principal acusado de esta pieza es Dimas Martín, para el que la Fiscalía solicita 17 años de cárcel por considerarle el cabecilla de una red de exigencia de comisiones ilegales por obras y servicios en el Ayuntamiento de Arrecife a través de varios concejales del PIL. Para el exconcejal de esa formación, Antonio Machín, piden 14 años, mientras que a Ubaldo Becerra también le piden 17 años pero confesó los hechos, devolvió una parte del dinero y pide una reducción en la solicitud de pena.

En el banquillo también habrá varios funcionarios: uno de ellos del Cabildo, Antonio Cárdenas, que se enfrenta a la petición de dos años y cuatro meses de cárcel, y el resto de Arrecife: Elena Martín, hija de Dimas Martín, el exjefe de la Oficina Técnica Rafael Arrocha y elex interventor, Carlos Sáenz, estos dos últimos actualmente en prisión por otra pieza de Unión. Al empresario Juan Francisco Rosa la Fiscalía le pide dos años y tres meses de cárcel por falsedad en documento público por simular la contratación de Dimas Martín para que le concedieran el tercer grado.

El resto de los acusados son los empresarios que trabajaban para el Ayuntamiento y que entregaron comisiones a los cargos públicos. Todos han reconocido los hechos y han devuelto una parte del dinero, excepto Samuel Lemes. Se trata de Jesús Manuel Martín Brito, Manuel Reina Fabre y Antonio Gómez Ruiz.

Las otras dos personas que estaban acusadas han fallecido: José Miguel Rodríguez y Matías Curbelo. Su ausencia en el juicio, por otra parte, puede complicar la labor de las acusaciones. La confesión de ambos, pero principalmente del segundo, fue clave para iniciar la segunda fase de Unión, la operación Jable, que tendrá que juzgar la Sección Segunda de la Audiencia Provincial y que aún no tiene fecha pero que podría fijarse para la segunda mitad de este año.

El juicio de Unión que deberá comenzar en febrero ya se ha pospuesto en una ocasión, y puede que se vuelva a posponer si prospera una posible maniobra de dilación. El pasado 13 de diciembre, Dimas Martín presentaba un escrito por el que renunciaba al que ha sido su abogado en los últimos años, Manuel González Peeters, y nombraba para este juicio a José Gerardo Ruiz Pasquau.

El nuevo abogado de Dimas ha pedido un aplazamiento. En cambio, la Fiscalía considera que hay margen suficiente para que estudie el sumario y, por la relevancia y complejidad de la causa, que debe tener prioridad su celebración en las fechas fijadas.

Carlos Sáenz, exinterventor de Arrecife.

Montecarlo

La otra vista oral que está fijada para este año es del caso Montecarlo. Empezará cinco días después de que termine la de Unión y también la juzgará la Sección Sexta de la Audiencia. Se trata de la pieza de San Bartolomé, en la que también está acusado Carlos Sáenz, junto al ex alcalde Miguel Martín, el ex concejal del PP Javier Betancort, el tesorero Luis Manuel Rodríguez y el empresario José Vicente Montesinos. Está previsto que se celebre entre el 19 y el 21 de marzo en Arrecife.

La Fiscalía pide para ellos penas de entre cinco y doce años de cárcel por la presunta malversación de 470.000 euros en ese Ayuntamiento, tanto con pagos por servicios no prestados como por los honorarios “excesivos” que cobró el interventor por su trabajo en este municipio. El Juzgado de Instrucción 4 de Arrecife ya ha abierto juicio oral en otra de las piezas del caso, en la que los acusados son prácticamente los mismos: Sáenz, Montesinos y Betancort, junto al abogado Federico Toledo.

Stratvs

El juicio de Stratvs se dividió en dos piezas. Una se juzgó en la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias en junio de 2017. Un año y medio después aún falta que se resuelvan los recursos ante el Tribunal Supremo. La otra pieza, la principal, cuya instrucción terminó en la misma fecha que la otra pieza ya juzgada, aún no tiene fecha para juzgarse.

Desde hace años no se ha movido ni un papel, y el escrito de acusación de Fiscalía va a cumplir ya cuatro años. Lo tiene que juzgar también la Sección Sexta y deberá reservar cerca de un mes para la vista, por lo que, como muy pronto, se podría juzgar a finales de 2019 o en 2020.

También falta por juzgar la pieza del soborno de Luis Lleó, que se celebra por el procedimiento del Jurado y es muy lento. Y falta una pieza derivada del caso Yate, en la que está acusado el exsecretario de Arrecife, Felipe Fernández Camero, por los pagos que le hacía de forma periódica el Ayuntamiento de Yaiza. La Fiscalía le pide seis años de prisión en un escrito que es de julio de 2015.