-¿Hay algo que le preocupe de la causa penal que se está instruyendo en el Juzgado tras la denuncia del Consorcio del Agua por las contrataciones al abogado Ignacio Calatayud, que ha dado lugar a que se investigue por ejemplo cómo adquirió su vivienda?

-En realidad, que en el fondo me preocupe, no hay nada. Me preocupa el ruido, y soy consciente de que hay cosas que van a salir que no se han explicado pero, insisto, no porque me preocupe en el fondo sino porque soy consciente de que los adversarios y los voceros mediáticos lo van a amplificar en la medida en que ciertas cuestiones aparecen en el sumario como que no tienen una explicación y causan sorpresa a los investigadores, cuando sí que tienen una justificación y una explicación.

-¿Por ejemplo?

-La primera de esas cuestiones probablemente sean todos los ingresos que hace mi hermano o mis sobrinas, o incluso aparentemente yo, aunque en realidad lo hacen estos familiares, en una cuenta en la que se cargaba una hipoteca que yo amplié para entregar íntegramente a la empresa de mi hermano, Grúas San Ginés. Eso aparece muchas veces en los informes. Claro, los investigadores no se lo explican porque no lo sabían o porque no lo han preguntado… También me preocupa que mediáticamente pretendan utilizar una transferencia que me hace Leyce de 8.000 euros y que la Guardia Civil se pregunta qué servicios le he prestado a esa empresa para que me transfiera ese dinero. Lo que no entiendo es que no vieran que, cuatro meses antes, precisamente yo le transfiero 8.000 euros a Leyce. ¿De qué? De un préstamo. En un momento puntual de liquidez que tenía mi amigo Jesús Machín, me los pidió, se los di y me los devolvió a los cuatro meses. Tan sencillo como eso. Y también me preocupa que el juez diga en una resolución que le resulta particularmente llamativo que tenga 99 cuentas vinculadas a título personal. No sé a qué se refiere. Desde luego, cuentas personales le sobran más de 90. Entiendo, supongo, que puedan ser cuentas vinculadas al Cabildo y a sus entes consorciados en las que aparecía en su momento por mi condición de presidente. Desde luego, ni tengo 99 cuentas personales ni cuentas en Suiza como pudiera hasta parecer.

“Con respecto a mi vivienda, puedo acreditar que se pagó con transferencias de 265.000 euros y con 95.000 euros en efectivo, todos ellos legítimos”

-La semana pasada fue citado por el Juzgado, como investigado, un antiguo administrador concursal de Inalsa, Pedro Martín Toledo, que certificó que las costas de los incidentes del concurso de acreedores de la empresa pública le correspondían al abogado, mientras que en la denuncia del Consorcio y de Inalsa se recalca que esos fondos les correspondían a estos entes y que el letrado se los apropió. Se puede entender que esta imputación refuerza la acusación.

-Mire, al contrario, la única valoración que puedo hacer es positiva, en la medida en la que estoy convencido de que el administrador concursal, que puso un juez, no podrá sino ratificar y corroborar lo que he dicho, que los acuerdos fueron los que fueron, los mismos que certificó el administrador concursal en torno a la aceptación de los presupuestos [del abogado Ignacio Calatayud], entre otras cosas porque los responsables de Inalsa no podíamos acordar la disposición ni el compromiso de fondos, porque el consejo de administración estaba suspendido. No me genera ninguna inquietud la situación del administrador concursal sino justamente lo contrario, en el sentido de que puede aclarar y despejar que yo solo compartí esas decisiones pero en ningún modo las adopté, entre otras cosas porque no podía, y fueron decididas, en última instancia, por la administración concursal. Además del hecho de que los incidentes concursales, que es el grueso de lo que aquí se denuncia, no tendrían coste alguno para las arcas públicas, porque el letrado solo cobraría si se ganaba, y con condena en costas a las empresas privadas que estaban personadas como acreedores en el concurso de Inalsa. Eso fue, se puede decir así, una imposición de los administradores concursales.

“Me preocupa que el juez diga que le resulta particularmente llamativo que tenga 99 cuentas vinculadas a título personal. No sé a qué se refiere. Cuentas personales le sobran más de 90”

-El Juzgado decretó el pasado mes de marzo el registro de su vivienda, la imposibilidad de efectuar transacciones con el inmueble y el bloqueo de sus cuentas bancarias. Usted mismo ha manifestado que la población puede pensar que hay indicios para que un juez adopte medidas de ese calado.

-Como ya dije en rueda de prensa, me siento en la obligación moral de aclarar a la ciudadanía todos los aspectos de esta investigación, porque he tenido el honor de ser el presidente del Cabildo de Lanzarote entre 2011 y 2019 y, como decía, tengo que asumir que han logrado sembrar una duda razonable. Con respecto a mi vivienda, puedo acreditar que se pagó con transferencias de 265.000 euros y con 95.000 euros en efectivo, todos ellos legítimos. Soy consciente de que se van a utilizar como ruido mediático las especulaciones que hace la Guardia Civil en sus informes, pero lo importante son las conclusiones de esos mismos informes, que dejan claro que no hay vínculos entre mi patrimonio y el abogado Ignacio Calatayud. Por lo demás, espero que el antiguo administrador concursal despeje las dudas sobre cómo se produjo la contratación del letrado y en qué términos, que fue como yo he contado. Y espero que también el testimonio del juez Cobo Plana como testigo, a propuesta de la otra parte, sirva para aclarar, en primer lugar, que tampoco él, como abogado, se presentó a ningún concurso público, con publicidad y concurrencia, para ser representante de Inalsa en el concurso de acreedores. Porque eso es lo que denuncia [la presidenta del Cabildo] Dolores Corujo que yo no hice con Calatayud. Tampoco se hizo con Cobo Plana. Vaya por delante que creo que en los dos casos la contratación fue correcta, por razones de urgencia. Es verdad que más urgencia había en el caso de Calatayud por cuanto Cobo Plana había dimitido y nos habíamos quedado sin representante. Lo que no puede ser es la tremebunda hipocresía de Corujo, que denuncia la falta de concurrencia en la contratación de Calatayud cuando su antecesor fue contratado exactamente por el mismo procedimiento, por designación del consejo de administración de Inalsa.

“Espero que el testimonio del juez Cobo Plana como testigo sirva para aclarar que tampoco él, como abogado de Inalsa, se presentó a ningún concurso público”

-Sobre su vivienda, adquirida a la mercantil Adelfas 24, imputada en el procedimiento, ¿no considera que puede aumentar las sospechas el hecho de que Felipe Fernández Camero no declarase cuando fue citado por el Juzgado como representante de la empresa y no corroborase su versión sobre la adquisición del inmueble?

-Lo que considero es que me resulta tremendamente torticero extraer esa conclusión de una ‘no declaración’. Sin entrar a valorar las razones por las que decidió no declarar, que desconozco y es algo por lo que habría que preguntarle a él, es un ejercicio burdo de manipulación que se esté lanzando la interpretación de que como no ha testificado, lo que yo he manifestado no es cierto. Es cierto y estoy convencido de que quedará acreditado en el procedimiento. Y, en todo caso, su hija, que es apoderada de la empresa, sí que declaró en el Juzgado y corroboró todo lo que yo había dicho.