-Las cifras en llegada de turistas vuelven a crecer en el último año, pero ¿esos datos realmente tienen incidencia en la creación de empleo?

-Si ya 2016 había sido excepcional para el sector turístico, el balance de 2017 lo ha superado y es muy positivo. A falta de cerrar las estadísticas del año, nos situaremos en torno a los 16 millones de turistas. Lo más importante no es la cifra en sí misma sino que se traduce en generación de empleo y en el nivel de gasto del turista, que también se ve incrementado. Esto tiene una trascendencia en la creación de puestos de trabajo. En el último año se han creado 10.000 empleos en Canarias. Muchas veces se dice que no existe relación entre el número de visitantes y el empleo, y esto no es así. Hay algo curioso: cuando aumenta el número de visitantes el empleo no crece al mismo ritmo, sino en menor medida, pero también en épocas de crisis, cuando disminuyen los turistas, la pérdida de empleo también es menor.

-Con esa cifra de 16 millones de turistas, ¿su Consejería analiza cuál es el tope máximo para que no se pierda calidad en la visita? ¿Cuál es la capacidad de carga de las Islas?

-Es irrenunciable que el desarrollo turístico avance por la senda de la competitividad y la sostenibilidad, y para ello conceptos como el de capacidad de carga resultan fundamentales. Entendemos que este concepto es mucho más complejo. Hasta ahora se limitaba a establecer un número concreto de turistas que podíamos asimilar, como si en un momento dado, si superábamos ese tope, ya no cabría ni uno más. Hemos encargado un estudio, del que contaremos con conclusiones a inicios de 2018, con una serie de indicadores que superen esta concepción tradicional. Tenemos que evaluar cómo afecta el turismo al medio ambiente y al paisaje, qué afección tiene sobre la experiencia del propio turista, al que le afecta de forma negativa la saturación de los entornos que visita, y un elemento que destaco mucho porque no se ha tenido en cuenta tradicionalmente: la percepción que tiene el residente con respecto a la industria turística y su marcha.

-¿Cómo pueden afectar factores como el ‘Brexit’, la salida del Reino Unido de la Unión Europea, cuando en islas como Lanzarote se reciben casi millón y medio de británicos al año, o la recuperación de destinos competidores?

-El ‘Brexit’ introduce un escenario de incertidumbre, en el sentido de que no se sabe cómo va a terminar el proceso. Pero si uno analiza lo que ha ocurrido hasta ahora el análisis es claro: no ha tenido consecuencias y tampoco contemplamos que los británicos dejen de viajar al exterior ni que dejen de contar a Canarias entre sus preferencias. Eso sí, tenemos que hacer un trabajo de diversificación de riesgos, de ampliar el número de mercados de emisión de turistas y para eso venimos trabajando con herramientas como el Fondo de desarrollo de vuelos, que busca mejorar la conectividad para hacer frente a este tipo de incertidumbre. Con respecto a destinos competidores, es verdad que pueden tener incidencia en la llegada de turistas, pero siempre digo que no tenemos turistas ni prestados ni cautivos. Si estábamos batiendo cifras de récord nos tenemos que atribuir también el mérito que nos corresponde. Los turistas vienen atraídos por el concepto de seguridad integral que ofrecemos, por nuestros recursos naturales, paisajes, clima y la labor inmensa de grandísimos profesionales en el sector privado y en el público.

- El alquiler vacacional ha modificado el esquema clásico del alojamiento turístico y su regulación lleva varios años generando una profunda polémica, con anulación judicial incluida. ¿Cómo va a abordar el Gobierno la nueva normativa?

-Si queremos abordar el fenómeno del alquiler vacacional de forma integral necesitamos el concurso de todas las administraciones. Este es un fenómeno que hay que verlo como un reto, que plantea muchas oportunidades a las familias de acceder a las riquezas que genera el turismo. Ese es un elemento positivo que no podemos obviar, pero también implica una serie de riesgos que se han observado y que no debemos ignorar, como el fenómeno de la gentrificación o el efecto que tiene sobre el precio del alquiler para residentes. Hemos iniciado el proceso para renovar el decreto de alquiler vacacional, hemos recibido sugerencias y con ellas estamos elaborando una normativa que seguramente estaremos en condiciones de presentar a principios de 2018.

-El nuevo Plan Insular de Ordenación (PIO) de Lanzarote introduce una serie de condiciones al alquiler vacacional, con topes en la oferta en las localidades con respecto a la población residente y limitaciones en las zonas en las que se admite esta modalidad en Arrecife. ¿Este planteamiento es una avanzadilla de cómo será la normativa autonómica de alquiler vacacional?

-La idea que tenemos con respecto a este fenómeno es que no existe una fórmula mágica que se pueda aplicar a todas las Islas, ni dentro de cada Isla a espacios específicos. Necesitamos una solución flexible en cuanto a determinar dónde se puede establecer el alquiler vacacional y dónde no. Y para esto necesitamos la participación de los cabildos y los ayuntamientos, que son los que conocen de forma detallada la realidad de sus entornos y tienen competencias en ordenación territorial y urbanismo, y por tanto deben ser partícipes de la solución. Es muy razonable establecer ciertos límites que busquen ese tipo de equilibrios. Habría que ver cómo cuantificamos la oferta, pero es uno de los elementos que hay que introducir en el debate.

“El ‘Brexit’ no ha tenido consecuencias y tampoco contemplamos que los británicos dejen de viajar al exterior ni que dejen de contar a Canarias entre sus preferencias, pero tenemos que diversificar los riesgos”

-Con el decreto de 2015 sobre alquiler vacacional se estableció una línea roja: que no se podía implantar en localidades turísticas. Sin embargo, los propios estudios de la Consejería de Turismo han concluido que es en esos núcleos donde hay más viviendas vacacionales. ¿Se levantará esa prohibición en la nueva normativa?

-Con respecto a la zonificación, los ayuntamientos tienen que tener peso en la decisión en si se pueden establecer en áreas turísticas. Hay quien nos está planteando por ejemplo los problemas que tienen los trabajadores para encontrar vivienda. Eso es algo que no podemos ignorar y los ayuntamientos tienen que ser conscientes de estas realidades para participar en la toma de decisiones de dónde se puede establecer esta oferta.

-¿La Inspección Turística del Gobierno es suficiente para una industria que genera 16 millones de visitantes y nuevas modalidades como esta del alquiler vacacional?

-Si queremos que toda la oferta sea regular no podemos ponerlo todo en manos de la Inspección, que tiene que funcionar pero que siempre sería insuficiente. Existe un problema, incluso en el marco de la Unión Europea, de adaptación de la legislación con respecto a las realidades que se nos han ido presentado en la comercialización, ya sea de transporte, o de vivienda vacacional, porque se entiende que las plataformas que ponen a disposición del público estos productos no tienen ninguna responsabilidad sobre lo que ofrecen. Esto es un problema que además hace que la legislación se aleje mucho de la realidad. Es fundamental que las plataformas estén obligadas a dar información y que sean responsables del producto que ofrecen.