La Unión Europa ha pasado de debatir sobre cuotas de refugiados, integración y solidaridad a devoluciones, externalización de fronteras y centros de reclusión, un cambio de narrativas que ha tenido su culmen con el Pacto Europeo de Asilo y Migración que entró en vigor el 12 de junio. El coordinador de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) en Canarias, Juan Carlos Lorenzo, ve con preocupación e incertidumbre el cambio de normativa mientras alaba la regularización extraordinaria que promueve el Gobierno español, una medida que “permite, desde una visión de justicia social, visibilizar lo que era invisible”.

-CEAR presentó el pasado junio el informe anual sobre la protección internacional en España. En el caso de Canarias, ¿cuáles son las nacionalidades que encabezan las solicitudes de asilo?

-En Canarias hubo un aumento de solicitudes de asilo del   dos por ciento en 2025, alrededor de 7.800. Las personas que lo solicitan en Canarias vienen, principalmente, de Venezuela, Colombia, Malí, Senegal, Gambia, Guinea Conakry y Marruecos. Venezuela representa casi el 60 por ciento de todas las solicitudes en España. En Canarias es la nacionalidad prioritaria. Luego, aparecen países africanos. Tenemos la particularidad de la ruta canaria por vía marítima que mediatiza las nacionalidades y hace que aparezcan, a una distancia considerable, Malí, Senegal, Gambia y Guinea Conakry como solicitantes más comunes en la comunidad autónoma.

-En 2025 se produjo un aumento de solicitudes en el Archipiélago canario del dos por ciento con respecto al año anterior. Sin embargo, el número de llegadas por vía marítima se ha reducido un 62 por ciento. ¿A qué se debe?

-Canarias es un caso paradigmático en el que disminuyen las llegadas, pero aumentan las solicitudes. Eso tiene que ver con dos razones fundamentales: la primera es que el número más significativo de personas son de Venezuela y Colombia y estas llegan en avión. En segundo lugar, Malí es de las nacionalidades mayoritarias que llegan por vía marítima. Casi 18.000 el año pasado. Eso significa que la inmensa mayoría de las personas malienses, que son prácticamente un tercio de todas las llegadas por costa, piden asilo y reciben protección.

-El discurso político celebra la reducción de llegadas a Canarias vía marítima, pero ¿qué consecuencias trae esa bajada para las personas migrantes cuando sabemos que en África la situación no mejora y la gente sigue queriendo salir de sus países?

-Dentro de las políticas migratorias estamos midiendo como un indicador de éxito que las personas no lleguen. Es una visión extremadamente reduccionista y parcial de la realidad. El hecho de que las personas no lleguen no significa que su situación mejore. Los contextos de empobrecimiento, conflictos bélicos, convulsión política y social, sobre todo en el Sahel, hacen que las causas que motivan los desplazamientos sigan estando vigentes. Incluso, acentuadas. Las consecuencias para las personas son más desprotección, estar presentes en contextos de países que no pueden dispersarles un espacio seguro en el que no teman por perder la vida o su propia integridad y, por otro lado, estar permanentemente en tránsito intentando buscar una vía de salida. Hablamos de una vía irregular y peligrosa porque no existen vías legales y seguras para que puedan acceder a un país seguro.

“La nueva política migratoria europea pasa por una apuesta por el retorno”

-El informe refleja una bajada del 13,7 por ciento en el número de solicitudes en España. ¿A qué se atribuye esta reducción?

-El agravamiento de las políticas de securitización y externalización de fronteras hace que las personas no lleguen y que para acceder a protección necesiten llegar al territorio. No tienen la posibilidad de pedir asilo en una embajada o consulado en el exterior. Son mínimas las solicitudes. Las necesidades que puedan tener para poder acceder a protección dependen de que lleguen al territorio en rutas cada vez más peligrosas. Consecuencia de todo ello es que hay un número muy significativo de personas que estarían dentro del marco del asilo, pero que no pueden acceder a él porque no le damos ni la mínima oportunidad de hacerlo.

-¿Cuál es, en estos momentos, la radiografía de los menores no acompañados que se encuentran en las Islas?

-Se ha hecho una labor de incidencia brutal a nivel institucional con unidad de acción para poder buscar una salida ordenada y una política migratoria sólida que ponga en valor el interés superior de los niños y niñas y un trato igualitario a los derechos de la infancia. El pasado año se desarrollaron dos elementos. La reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería, que establecía un modelo de derivación de niños y niñas a la Península, ha traído una oxigenación del sistema. Por otro lado, varios autos del Tribunal Supremo indicaron que el sistema de acogida de solicitantes de protección internacional también tenía que mirar la realidad de la infancia migrante. Hasta ese momento, el sistema no estaba preparado para jóvenes migrantes sin referentes familiares. A fecha del 17 de junio, se han derivado a la Península, a través de los dos mecanismos, 2.168 menores. De ellos, 1.200 son solicitantes de protección internacional y 968 son por la aplicación del artículo 35. En la actualidad, hay acogidos en el sistema de protección 2.439 menores. La tendencia es que dentro de poco se salga de la situación de contingencia migratoria extraordinaria que estaba marcada en los 2.211.

-Esa descongestión se traduce en mejoras para los menores acogidos en el sistema...

-La descongestión progresiva del sistema de protección, que estaba extremadamente sobresaturado, trae consigo la posibilidad de racionalizar el sistema. Nos va a permitir establecer estándares de calidad a la hora de intervenir educativamente y desde el punto de vista de la inclusión. Utilizar recursos más pequeños. Sabemos que los recursos con un número significativo de plazas no funcionan. Nos va a permitir racionalizar el ratio de profesionales y especialización técnica de los mismos y que nos podamos preocupar por lo principal que son los proyectos educativos y de inclusión social de los niños y niñas.

“Empadronarse es una de las grandes cuestiones para acceder a derechos”

-Luego están los menores que en breve cumplirán la mayoría de edad y tendrán que abandonar los centros...

-Es otra realidad que no se nos puede escapar: la de los jóvenes migrantes sin referentes familiares. Los niños cumplen 18 años y pretendemos que con 18 años se conviertan en personas autónomas e independientes. Eso no es posible. Ni en menores tutelados ni en menores normalizados. Hay que poner el acento y ver de qué manera podemos monitorear la transición a la vida adulta de un niño cuando cumple 18 años sin que haya un abismo en el que se cae por el sumidero porque no tiene ningún tipo de red de apoyo ni recursos para la sostenibilidad. Ver cómo podemos generar una trazabilidad en la que intervengamos con los niños cuando son menores de edad. Tutelemos y hagamos seguimiento y acompañamiento a esa transición a la vida adulta hasta que la persona pueda ser autónoma y desarrollar su propio proyecto vital.

-El Gobierno canario cierra tres recursos para menores, dos en Fuerteventura y uno en Gran Canaria, gestionados por Mundo Nuevo, al bajar la ocupación por los traslados a la Península. ¿Cree que es un error?

-No creo que el cierre de un recurso vaya a traer consigo el desmantelamiento del sistema. Pienso que hay que racionalizar la inversión pública y también racionalizar, con términos de eficiencia, la intervención con los chiquillos. Si un recurso ya no es necesario, a lo mejor hay que reorientarlo y reconducirlo. Siempre con el acento puesto en evitar cometer errores de desmantelar un sistema que luego podamos necesitar. Los recursos que nacieron para dar respuesta a la emergencia, cuando esta ya aminora o se ha aliviado, tiene sentido que, de alguna manera, vayan siendo amortizados. También hay que tener en cuenta las situaciones de equidad territorial entre islas capitalinas y no capitalinas. No se puede desmantelar el sistema de protección en ninguna de las Islas. Sobre todo, hay que poner el acento principal en las no capitalinas para evitar que no haya previsión y estemos reaccionando permanentemente y crear algo cuando ya lo habíamos creado.

-En 2025 aumentó un 23,6 por ciento el discurso del odio, muchas veces enfocado a los menores migrantes. En los últimos años, algunos políticos canarios han puesto en la agenda diaria hablar de ellos con términos de problema y saturación. ¿Qué responsabilidad tienen?

-Los discursos por delito de odio están principalmente focalizados en contextos de racismo y xenofobia y, por tanto, dirigidos a personas migrantes. Estos delitos de odio no surgen porque sí. Hay una narrativa de ultraderecha y de visiones conservadoras de la realidad en las que estigmatizamos a las personas migrantes, con especial énfasis en los niños y niñas migrantes no acompañados. Ahí está la responsabilidad del discurso político. El nivel de impunidad para decir cualquier barbaridad, sin el más mínimo respeto a los derechos humanos, es manifiesto. Si como opción política, ejerces acción de gobierno tu responsabilidad se multiplica. Hay cuestiones que tienen que estar por encima de cualquier tema político o electoralista. Debe haber medidas que penalicen y, de alguna forma, sirvan de reproche no solo social e institucional sino también judicial. Los responsables políticos, en ocasiones, con su discurso populista y excluyente tienen la responsabilidad principal en que la visión de las personas no sea esa sino una más humana.

“En Canarias, la nacionalidad venezolana es la prioritaria para pedir asilo”

-¿Qué obstáculos se está encontrando la población migrante que reside en territorio español?

-Creo que padece de una manera acentuada todo lo que tiene que ver con la situación de pobreza y riesgo de exclusión social. Están en una situación de vulnerabilidad mayor. Entre otras cosas porque no tienen red de apoyo. Por otro lado, están las dificultades que tienen dentro de un contexto de discriminación por origen racial o étnico para acceder a ayudas sociales, al sistema sanitario, educación, a la vivienda o al empadronamiento. Todos son elementos que inciden de una manera brutal. Además están las propias situaciones de irregularidad, que hace que estén invisibles y en un punto de exclusión social alto o muy alto a pesar de que contribuyen con su labor fuera del sistema al sostenimiento del sistema. Somos demasiado hipócritas cuando hablamos, por ejemplo, en el contexto de regularización de personas que nos van a quitar el trabajo cuando son las que están cuidando a nuestros mayores, hijos y a sectores básicos como el primario.

-El Ayuntamiento de Puerto del Rosario está complicando el empadronamiento a personas migrantes en el municipio a pesar de estar obligados a empadronarlos...

-El empadronamiento es una de las grandes cuestiones para acceder a derechos. Entre ellos, a los propios servicios sociales de un municipio. Las dificultades para empadronar son generalizadas. Buenas prácticas en materia de empadronamiento hacia personas migrantes no hay muchas. Entendemos que el empadronamiento no es solo un derecho sino una obligación. Ahora mismo, hay un proceso muy interesante que está desarrollando la Dirección General de Servicios Sociales e Inmigración, a través del Foro Canario de Inmigración y el Programa Canarias Convive, y es establecer un protocolo de buenas prácticas en materia de empadronamiento que puedan ser replicables en todos los municipios del Archipiélago. Si la normativa de empadronamiento es una, es absurdo pensar que la aplicación en un municipio u otro tenga que ser distinta. Creo que también hay una interpretación que ni siquiera es literal, sino restrictiva. No debería haber diferencias entre municipios, pero las hay.

-Y mientras la capital majorera pone trabas al empadronamiento a familias con menores, presume de ser ciudad amiga de la infancia con sello de Unicef incluido...

-Nosotros partimos de varios principios que tienen que ver con la coherencia política con aquella que firmamos. Si ratificamos con un marco los derechos de la infancia, se entiende que eso tiene que ir con las políticas dirigidas a la infancia, independientemente de su origen.

“Los discursos por delito de odio están focalizados en racismo y xenofobia”

-¿Las personas a las que se les ha admitido a trámite la regularización podrán continuar con el proceso sin estar empadronadas?

-En la documentación que se recibe cuando se ha admitido a trámite y se tiene la resolución favorable al proceso de regularización dice que para poder sacar la Tarjeta de Identificación de Extranjero (TIE) necesita pasaporte en vigor y certificado de empadronamiento. Una persona con el pasaporte caducado podía presentarse a la regularización y también acreditar la estancia en el periodo que exigía el proceso de regularización sin necesidad de aportar una hoja de empadronamiento. Ahora se exige algo que antes no por lo que vamos a tener un problema. Mucha gente no va a tener el pasaporte en vigor y mucha no va a tener las posibilidades de empadronarse porque el empadronamiento es uno de los grandes obstáculos administrativos para acceder a derechos como la Tarjeta de Identificación de Extranjeros. Esto va a traer consigo situaciones introvertidas. Si no somos capaces de flexibilizar ese requisito para acceder a la tarjeta, muchas de las personas no van a poder finalizar su trámite.

-¿Ha faltado planificación durante todo el proceso de regularización extraordinaria?

-Un proceso de esta magnitud lleva una maquinaria de difícil puesta en marcha. El gran cuello de botella significó el certificado de vulnerabilidad, que retrasaba y obstaculizaba el acceso a presentar la solicitud. A pesar de todas las dificultades y los ajustes progresivos y continuados, creo que estamos haciendo un buen trabajo en el país. Sobre todo, un trabajo maduro y que permite, desde una visión de justicia social, visibilizar lo que era invisible. Permitir la contribución responsable, la adquisición de derechos y deberes de todas aquellas personas que viven con nosotros y contribuyen al desarrollo de nuestro estado de bienestar.

-El 12 de junio entró en vigor el Pacto Europeo sobre Migración y Asilo. En la práctica, ¿cómo será su aplicación?

-El Pacto no nace para proteger derechos ni para mejorar la protección de los derechos sino para gestionar los flujos migratorios. La visión de securitización y externalización de fronteras; la mínima intervención en materia de asilo y una apuesta casi por el retorno es lo que lo caracteriza. Después de tantos años de negociación, todavía tenemos incertidumbre de cómo va a desarrollarse en toda su extensión. Sabemos que los triajes que vienen en el Pacto ya se están haciendo a la luz de los nuevos reglamentos; sabemos que todo lo que tiene que ver con la identificación de las personas más allá de huellas, con datos biométricos también se está llevando a cabo progresivamente y lo que más nos preocupa es el acceso al procedimiento de asilo.

-El Pacto de Asilo introduce un listado de países seguros. ¿Cómo van a afectar estos listados a los solicitantes de protección internacional?

-Hay tres conceptos que configuran la dimensión exterior del Pacto. Uno es el concepto de país seguro, que quiere decir que a priori no habría motivos de persecución que te avalen para solicitar asilo en otro país; el concepto de ser país seguro, un concepto que deja abierta la posibilidad de ser enviado a un centro de retorno a un país con el que no tienes ningún tipo de vínculo y, por tanto, nosotros mercantilizamos y externalizamos la responsabilidad con respecto a esa persona y la lista de países seguros. Aquellos que no se consideren que estén dentro de un estándar para poder pedir protección internacional van a ser sujetos de procedimientos acelerados, lo que significa que las garantías no son las mismas y se pueden agilizar. Por tanto, la detección de vulnerabilidad o la detección de motivos infundados para poder pedir asilo pueden quedar en entredicho. El Pacto nos está diciendo que una persona, o está dentro del arco del asilo o está en el marco de la extranjería. Si no está en el marco del asilo, su única opción es el retorno.

“El Pacto abre la vía a la creación de centros de retorno en terceros países”

-¿Cómo afecta este Pacto a Canarias?

-El Pacto está pensado para externalizar fronteras. Si no estás en el asilo estás en el retorno. Nosotros creemos que los espacios de frontera sur isleños, como Canarias, son el espacio ideal para la aplicación del Pacto. Por dos razones. Primero porque la Isla se convierte en una cárcel grande, donde la gente no se puede mover. Segundo: corremos el riesgo de que si el retorno no es una opción, porque el país de origen o un tercer país no admite el retorno de esa persona, ver qué es lo que pasa, en qué situación se queda, en el territorio en el que están, serán trasladados a otro territorio peninsular. Los países de origen son reacios a acoger a sus nacionales. Socialmente está mal visto y tiene consecuencias electorales a aquellos países que promueven el retorno.  Creo mezquino vincular las políticas de cooperación y desarrollo, que deberían intentar mejorar el bienestar de los pueblos, a que ese pueblo controle la gente que transita por su país o la salida de embarcaciones.

-¿Podrá Canarias beneficiarse de la solidaridad de reparto prevista en el Pacto?

-Entiendo que nos beneficiaríamos como estado, pero el mecanismo de solidaridad para las reubicaciones es perverso. Primero porque no es obligatorio. Es una solidaridad a la carta. Los estados, donde potencialmente podrían ser reubicadas las personas que llegan a la frontera sur, pueden reubicar, no reubicar y pagar por no hacerlo y el estado que ha recibido a esas personas mejora su sistema de acogida o puede, incluso, patrocinar retornos. La intención del Pacto, que pretendía una distribución equilibrada y solidaria en todo el territorio de la Unión Europea de las personas que llegan, sobre todo a la frontera sur, también queda en entredicho. Creemos que un estado va a reubicar cuando puede pagar por no hacerlo, yo creo que no.

-¿Qué consecuencias traerá el Reglamento de Retorno?

-Cuando sea aprobado va a traer tres consecuencias directas. Aumento de los periodos de detención hasta los 24 meses, incluso prorrogables seis meses para garantizar el retorno y, sobre todo, contextos en los que las personas puedan estar de acuerdo con sus retornos. Lo segundo abre la vía a la creación de centros de retorno en terceros países, países que consideraremos seguros y en los que no existe ningún mecanismo de monitoreo o seguimiento de los derechos humanos y, por otro lado, también se endurece el régimen sancionador hacia las personas que se niegan a ser retornadas o que quieran, de alguna forma, abstraerse de ese retorno.