En los próximos tres meses puede decidirse el futuro de los hoteles y urbanizaciones ilegales del sur de la Isla. El Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de Yaiza están ultimando dos instrumentos con los que tratar de dar encaje a los 17 hoteles y las urbanizaciones cuyas licencias han sido anuladas por los tribunales. El primer ‘traje a medida’ que se prevé que salga es el nuevo Plan General de Ordenación (PGO) y casi de manera paralela varios cambios legislativos que se están tramitando en el Parlamento de Canarias.

El Plan General, elaborado por la empresa pública Gesplan, que depende directamente del Gobierno, salvaría a los promotores de las cerca de 400 villas construidas en la urbanización Playa Blanca –que están siendo condenados a devolver el dinero entregado por los compradores- al incorporar un nuevo plan parcial que vendría a sustituir al tumbado por la Justicia, añadiendo de paso una parcela hotelera de casi 42.000 metros cuadrados que no estaba antes.

El planeamiento municipal redactado por Gesplan y que se presentó en noviembre de 2012 incluía ‘letra pequeña’ que abría de par en par una puerta a la regularización de los hoteles ilegales al “incrementar la edificabilidad establecida” para sus parcelas “en un 50 por ciento” si se aumentaban las zonas comunes de los establecimientos turísticos.

Precisamente uno de los principales problemas que tienen varios hoteles con licencia anulada por los tribunales es que se construyó más de lo que se podía: en el propio PGO se apunta que el Papagayo Arena tiene un exceso de 17.120 metros cuadrados, el Princesa Yaiza de 10.800 metros, el Son Bou de 9.227 y el Gran Castillo de 2.706 metros, según denunció la Fundación César Manrique (FCM).

La disposición que aumentaba la edificabilidad de las parcelas hoteleras, y con la que desde el Ayuntamiento de Yaiza se aventuraron a apuntar que podrían ingresar unos cuatro millones de euros en tributos, se borró del Plan General de Ordenación que el consejero regional de Política Territorial, Domingo Berriel, volvió a poner sobre la mesa en marzo pasado. La Fundación había denunciado que “allanaba el camino” para “conseguir la impunidad y el triunfo de los infractores”, y destacaba que si los hoteles ilegales se acogían “estaríamos ante una clara desviación de poder” y un “fraude de ley”.

En cambio, que no esté en el Plan General no significa que el Gobierno haya desistido de entregar más edificabilidad a los hoteles. Así, bajo una ley que es un auténtico ‘cajón de sastre’, en la que tanto se regulan los quesos de La Palma o Fuerteventura como se fijan los impuestos autonómicos a los combustibles, la denominada ‘Ley de Medidas Tributarias, Administrativas y Sociales’, el Gobierno establece “el incremento de edificabilidad” en “parcelas con establecimientos turísticos”. La condición, que mejoren “sus zonas comunes”. ¿Y cuánto? Hasta “el doble del coeficiente de edificabilidad de la parcela”.

El portavoz del PSOE en el Parlamento, Manuel Fajardo, ha anunciado una “enmienda de eliminación” y asegura que “ese artículo no se va a aprobar”. Aunque fuentes parlamentarias ponen en duda que esta vía pudiera servir para regularizar sin más los hoteles, lo cierto es que la disposición que se ‘escondía’ al final del Plan General se retiró tras las críticas y, con un espíritu similar, se ha trasladado al citado proyecto de ley.

En cualquier caso, no queda mucho para que se puedan disipar las dudas: el Gobierno quiere apurar la aprobación definitiva del Plan General de Yaiza a finales de julio, tras contestar las más de 200 alegaciones presentadas, y a comienzos de septiembre se debatirá en la Cámara regional la ‘Ley de Medidas Tributarias, Administrativas y Sociales’. Un sprint final antes de entrar de lleno en periodo preelectoral.