Las obras de construcción de viviendas y los pleitos en los tribunales han sido dos cosas simultáneas desde que hace más de diez años se iniciara la urbanización del plan parcial Playa Blanca, que el Cabildo consideraba extinguido y logró que se anulara en los tribunales, y que ahora, con el nuevo Plan General de Yaiza, se ha vuelto a reactivar. Los pleitos los han protagonizado unas instituciones contra otras, compradores contra vendedores y unas empresas contra otras, y se siguen ventilando aún hoy.

La semana pasada estaba previsto que se celebrase otro de esos juicios, entre dos socios relacionados con ese plan. En el banquillo se sentó un solo acusado: Facundo Perdomo, a quien la Fiscalía le acusa de un delito societario y no le pide pena de cárcel pero sí la devolución de más de 220.000 euros, mientras que la acusación particular, de la sociedad Laguitur, de la que Perdomo era socio, le pide una pena de siete años de cárcel por dos delitos: apropiación indebida y administración fraudulenta y desleal.

Perdomo era socio de Laguitur, que explotaba los apartamentos Atalaya, de Puerto del Carmen, junto con Ricardo Sánchez Armendáriz, con quien también tenía negocios comunes en el Sur con la sociedad Proinlan y con otras. Las diferencias entre los socios surgen entre 2007 y 2008, cuando, según los escritos de acusación, Perdomo habría comenzado a transferir dinero de Laguitur a otra sociedad, Explotaciones Turísticas Vista Internacional, de la que él era socio único. Perdomo habría estado transfiriendo cantidades de hasta 30.000 euros y después habría tratado de justificar ese traspaso con una factura falsa.

Tras conocer estas irregularidades, su socio le advirtió de que se abstuviera de efectuar cualquier actuación en nombre de Laguitur, pero ya en el año 2008 comienza a hacer distintos pagos a la sociedad Atalaya Uno en concepto de atrasos de rentas o de obras impagadas durante más de doce años. Perdomo y el administrador de esa sociedad a la que traspasaba el dinero tenían intereses comunes.

Este es el pleito que la Audiencia Provincial tenía previsto celebrar esta misma semana, pero hay que recordar que Facundo Perdomo saltó a las páginas de los periódicos en al año 2010 cuando fue citado a declarar como testigo dentro de la instrucción del caso Yate, que investigaba el pago de comisiones ilegales a cambio de licencias en Playa Blanca, y que sigue sin juzgarse. Este empresario acusó en el Juzgado a su socio, Sánchez Armendáriz, y a otra persona, de entregar medio millón de euros en El Bodegón de Puerto del Carmen en 2006 al ex alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, por agilizar licencias en el plan parcial Playa Blanca.

Hace cinco años, este empresario acusó a su socio, un empresario vasco, de haber pagado medio millón de euros a José Francisco Reyes para agilizar licencias en Playa Blanca

Perdomo llegó a decir que su socio “era un experto en pagos en el extranjero, cuentas en Suiza y paraísos fiscales”, y que le había confesado el supuesto pago en una cena: “Quinientos mil euros nos ha costado resolver el tema”, dijo Perdomo que le había confesado su socio, de quien también dijo que solía regalar cestas navideñas al ex alcalde y a otras personas del Ayuntamiento, para obtener los permisos para construir más de un centenar de bungalós en Playa Blanca.

Añadió que, en San Sebastián, la esposa del empresario vasco le había dicho: “Me da una rabia tener que haber pagado a este tío para que nos diera las licencias porque su entorno era una mafia”. Por su parte, Armendáriz negó los hechos y finalmente fue sacado del procedimiento del caso Yate, al igual que el resto de empresarios. En su declaración ante el Juzgado, Armendáriz alegó como motivo de la acusación por parte de Facundo Perdomo, este pleito que se acaba de celebrar.