La Comisión Europea ha admitido a trámite una denuncia presentada por representantes del colectivo ecologista de Lanzarote ‘El Guincho – Ecologistas en Acción’, en la que se advierte que el Gobierno de España ha incumplido el Derecho comunitario, al no haber tramitado aún la adaptación española de la Directiva de 2013 que multiplica los requisitos a las empresas petroleras y a los estados para poder autorizar operaciones relativas al petróleo y gas en mar abierto, “con el objetivo de prevenir accidentes y limitar sus consecuencias”.

Esta Directiva europea también permite el acceso a la información por parte de los ciudadanos y obliga a los estados a mantener una posición independiente frente  a los intereses petroleros.

Su elaboración se llevó a cabo a raíz de las consecuencias de los accidentes en explotaciones petrolíferas en mar abierto, especialmente en el Golfo de México, y “ante las demandas de colectivos sociales e instituciones alertados por iniciativas como la del Gobierno de España para realizar explotaciones petrolíferas marinas, que incluso alertaron sobre la lentitud con la que Europa actuaba”, destaca El Guincho.

“En su momento, desde los movimientos sociales advertimos de que frente a esta lentitud en Europa, en el Gobierno de España todo eran prisas para tramitar el expediente de la petrolera Repsol en Canarias”, para perforar frente a las costas de Lanzarote, “antes de que entrara en vigor esta Directiva europea”, explica Pedro Hernández.

Así, la operadora “se ahorró trámites, seguros, controles técnicos y de seguridad, e incluso posibles indemnizaciones en caso de accidentes”, denuncia El Guincho. “Todo a favor de las cuentas de la multinacional petrolera”.

Repsol “se ahorró trámites, seguros, controles técnicos y de seguridad, e incluso posibles indemnizaciones en caso de accidentes”

“Ahora vemos cómo el servilismo del Gobierno de España hacia los intereses petroleros va incluso más allá” e “incumple las indicaciones de Europa y deja preparado un marco legal favorable a los intereses y a los balances económicos de las petroleras, a costa del interés público”, critica la organización ecologista.

El Guincho señala que el Gobierno español sólo pretende adaptarse a la legislación europea en un aspecto concreto, “el concepto de daño en el estado ecológico de las aguas continentales y marinas”. “Todo lo demás no existe para el Gobierno de España”, denuncia el colectivo ecologista.