A menos de un año de las elecciones municipales, convendría hacer balance con los hechos documentados, y no solo acudiendo a las notas de prensa. El  alcalde de la capital, Yonathan de León (PP), que presume de vivienda, de cruceros y de licencias, está bajo la lupa de la Fiscalía que ha acudido al juzgado. El alcalde está marcado por una sentencia que condena al Ayuntamiento, así como por un sindicato que habla de «ruptura total de la paz social» y, desde esta misma semana, le persigue un informe del propio secretario municipal que concluye que el alcalde incumplió el deber de abstención al firmar el nombramiento de su hermano. Ambos relatos son verdaderos a la vez. Este artículo trata, entre otros asuntos, del judicial.

La contratación en Festejos bajo sospecha

La Fiscalía Provincial de Las Palmas se ha querellado contra el alcalde y contra el teniente de alcalde y concejal de Hacienda, Contratación y Festejos, Echedey Eugenio (CC). Se apoya en un informe de la UDEF fechado el 30 de junio de 2026 sobre la primera edición de Navilan, el Carnaval de 2024 y la Feria de Abril de 2024. Ese informe señala un uso intensivo de contratos menores, el posible fraccionamiento de un mismo evento en expedientes distintos, la reiteración de adjudicatarios y reparos de Intervención que fueron levantados. Dos detalles resultan especialmente elocuentes. Se pidió presupuesto a tres empresas con plazos extraordinariamente reducidos y acabó adjudicándose a la única que ofertó. Y la Fiscalía habla de «una forma reiterada de actuar», no de episodios aislados. Los delitos que baraja son prevaricación, fraude a la Administración y malversación. Todo ello es, por ahora, una querella, y rige la presunción de inocencia. Pero que la investigación arrancara con la denuncia de un abogado particular, y no con un control interno, también dice algo.

El caso Billy Capers tiene ya sentencia. El Tribunal de Instancia de Las Palmas ha condenado al Ayuntamiento a pagar 350.000 euros, más intereses y costas, a la promotora del circo. El juzgado entiende que el servicio se contrató, se prestó y no se pagó, y que la obligación de abonarlo es «incuestionable» aunque se prescindiera de las formalidades. Es decir, el Ayuntamiento celebró un evento sin contrato válido y ahora paga con fondos públicos el defecto de procedimiento. El alcalde ha ordenado recurrir, lo cual es legítimo. Pero un Ayuntamiento que alega ante el juez que no hubo contrato está admitiendo, de paso, que el evento se organizó al margen del procedimiento.

A esto se suma la cuantía. El PSOE calcula que las fiestas de San Ginés costaron 3.072.000 euros, más de 272.000 al día. Es una cifra de la oposición y el gobierno puede discutirla, pero la discusión debería hacerse con las facturas en la mano.

La casa sin barrer

El gobierno municipal tiene un problema con sus propios empleados. En marzo, la sección sindical de UGT comunicó la «ruptura total de la paz social» con la administración. Denunció el impago de los retrasos de las subidas salariales de 2025 aprobadas en Pleno, horas extra cobradas con hasta seis meses de demora y un teletrabajo sin reglamento desde 2020, cuando Teguise, Haría, San Bartolomé, Tías y el Cabildo ya lo tienen regulado. Denunció también que tuvo que acudir al Comisionado de Transparencia para conocer el estado de las bolsas de empleo. Son acusaciones sindicales y no sentencias, pero un Ayuntamiento que se queda sin interlocutores en su propia plantilla tiene un problema de gestión, no de relato.

Multas anuladas. Lo que se hizo bien y lo que revela

Conviene ser justos. En el asunto de las multas de tráfico, el alcalde ordenó una investigación interna que detectó unas 2.300 sanciones presuntamente anuladas de forma irregular entre 2016 y 2025, con un perjuicio estimado de 600.000 euros, y lo llevó a la Fiscalía. Eso es lo que debe hacer un gestor. Pero conviene no olvidar qué muestra el episodio, pues durante casi una década nadie vio que se borraban multas por «orden directa del alcalde» en el sistema municipal. Los controles internos no funcionaban. Esa debilidad de control es la misma que aparece en la contratación de fiestas, donde, según la Fiscalía, los reparos de Intervención se levantaron una y otra vez.

El hermano del alcalde y el deber de abstenerse

Hay asuntos que no necesitan una querella para resultar incómodos. El 14 de mayo, el alcalde firmó el decreto 2026-5726, por el que se nombraba a siete funcionarios oficiales de la Policía Local, en comisión de servicios y por un periodo de seis meses. Uno de ellos era su hermano. No se trata, conviene precisarlo, de una contratación ajena a la plantilla, sino de un ascenso temporal a un puesto superior; pero el matiz no altera lo esencial. Quien firma no puede ser, a la vez, parte interesada.

Cinco meses después, el 17 de octubre, fue el propio alcalde quien pidió a la Secretaría una valoración jurídica, reconociendo que entre los nombrados figuraba una persona con la que le une un parentesco de segundo grado de consanguinidad. La respuesta del secretario general es severa, y afirma que existe, dice, «un deber de abstención conculcado», el decreto puede ser inválido y las consecuencias deben determinarse mediante una revisión de oficio, que Recursos Humanos ya ha iniciado. El secretario reprocha además que el informe se solicitara después y no con carácter previo, como exige la norma, y, según han difundido los socialistas y recogen varios medios, expresa su inquietud porque el alcalde interviniera en un expediente de personal cuya competencia estaba delegada en una concejala, sin seguir el procedimiento establecido.

El alcalde sostiene que no participó en el proceso de ascenso, que pidió el informe en cuanto advirtió que su firma figuraba en el nombramiento, y propone anular y repetir los nombramientos para dar seguridad jurídica a toda la plantilla. Denuncia, además, «manipulación» y «bajeza» en las informaciones. Rectificar es lo mínimo que cabía esperar. Pero la cuestión no es qué se hace cuando el problema aflora, sino por qué no se evitó. La abstención no es una cortesía que se ofrece a posteriori, sino una obligación previa, que la ley establece precisamente porque quien tiene un interés personal no es el mejor juez para decidir si ese interés influye. El informe jurídico no habla de intenciones, sino de un deber incumplido. El perjuicio, además, no se limita al decoro de la institución ya que alcanza a los otros seis agentes nombrados en el mismo decreto, cuya situación queda afectada por arrastre, y a quienes pudieron aspirar a esos puestos.

La oposición socialista ha exigido la dimisión del alcalde. Es una exigencia política que cada cual valorará, y la buena fe de De León debe presumirse mientras no se demuestre lo contrario. Lo que no admite discusión es la lección de fondo respecto a que los frenos existen, pero en Arrecife funcionan tarde. Es la misma debilidad de control que se advierte en las multas anuladas durante casi diez años y en los reparos de Intervención levantados una y otra vez.

La inacción en urbanismo y patrimonio que condena edificios

En urbanismo el balance es más matizado, pero igualmente preocupante en patrimonio. El propio alcalde reconoció en marzo que varios inmuebles históricos, entre ellos el antiguo cuartel de la Guardia Civil cerca de La Plazuela y otro en la calle Luis Morote, se encuentran ante sentencias que obligan a conceder licencias de demolición por un silencio administrativo de años. La respuesta anunciada fue pedir al Cabildo medidas cautelares de seis meses. Es llegar tarde cuando la ciudad pierde un edificio por silencio administrativo, y se deduce que ha fallado la tramitación, no el juez. Un Ayuntamiento que no resuelve los expedientes de protección acaba demoliendo su patrimonio por omisión. Mientras tanto, el área tramita licencias de vivienda con un plazo medio de unos seis meses, una cifra que contrasta con el discurso de agilidad.

Dos millones y medio que no se justificaron

El Cabildo de Lanzarote ha declarado la falta de justificación de una subvención de 2.694.325 euros, concedida al Ayuntamiento de Arrecife el 7 de noviembre de 2024 para financiar varias actuaciones del Plan de Mejora de la Accesibilidad de Lanzarote, al no haberse presentado la documentación exigida dentro de los plazos establecidos. La consecuencia es la devolución del dinero.

El Ayuntamiento atribuye el fracaso al redactor de los proyectos. Sostiene que incumplió reiteradamente su contrato, que a mediados del verano de 2025 los proyectos seguían sin estar terminados ni entregados, que el contrato hubo de resolverse por causa imputable al adjudicatario y que, con un nuevo equipo redactor, licitará varias de esas obras con cargo al presupuesto municipal. Es una explicación documentada y merece ser escuchada. Pero deja sin responder las preguntas incómodas. ¿Quién adjudicó ese contrato y con qué criterios? ¿Quién supervisó su ejecución durante los meses en que el plazo corría? ¿Por qué se actuó cuando ya no quedaba margen? Un redactor que falla es un problema del contratista; un Ayuntamiento que no se entera hasta que se agota el plazo de una ayuda de casi tres millones de euros es un problema de gestión.

Y no parece un caso aislado. El PSOE denuncia que Arrecife tendrá que devolver, además, 409.281 euros de otra ayuda del Cabildo destinada al producto local, porque, según su relato, no se presentó proyecto alguno ni siquiera después de ampliarse el plazo hasta el 30 de junio de 2026. Es una acusación de la oposición, y corresponde al gobierno municipal responder con documentos. Pero el patrón, dinero que llega y no se ejecuta, tiene un coste que no se mide solo en euros, se mide en calles sin mejorar. Y los 2,7 millones eran, precisamente, para accesibilidad.

El incivismo en el espacio público como coartada

En espacio público, el Ayuntamiento denuncia con frecuencia el incivismo de los vecinos, por ejemplo los escombros abandonados en la vía pública. Es una queja razonable, pero es la queja de quien gobierna, no de quien observa. Mantener limpia y cuidada la ciudad es la obligación contratada y pagada, y tiene mucho de supervisión del contrato de limpieza y de jardines. Con el arbolado, las palmeras y los espacios verdes, esa supervisión es precisamente lo que muchos vecinos echan en falta.

Cuánto cuesta una acera rota

Hay una consecuencia del mal estado de la vía pública que casi nunca aparece en los balances: lo que paga el Ayuntamiento cuando alguien se cae. La pavimentación de las vías públicas es un servicio que todo municipio debe prestar, y cuando un viandante se lesiona por el deterioro de una acera, un bordillo, una tapa o un registro, el régimen de responsabilidad patrimonial de las administraciones le permite reclamar una indemnización. La responsabilidad es objetiva, aunque los tribunales la modulan ya que exigen acreditar el nexo causal y con frecuencia reparten la culpa entre la Administración y el peatón cuando el defecto era visible. El plazo para reclamar es de un año. Cada reclamación estimada es dinero público, que sale del bolsillo de todos, directamente o a través de la póliza de seguros, que también se paga, para reparar tarde y mal lo que no se reparó a tiempo.

La pregunta es cuántas. No he encontrado ninguna cifra pública sobre las reclamaciones por caídas que ha recibido el Ayuntamiento de Arrecife, cuántas se han estimado ni cuánto se ha pagado, y esa ausencia es, de nuevo, un dato. Es razonable pensar que en una ciudad con calles de pavimento envejecido algunas habrá habido; lo que los vecinos no sabemos es cuántas ni por qué importe. Tenemos derecho a saber cuántos expedientes de responsabilidad patrimonial por daños en la vía pública se han abierto en esta legislatura, cuántos se han resuelto a favor del reclamante, qué cantidad han abonado el Ayuntamiento o su aseguradora y cuánto se ha destinado, en paralelo, a conservar y pavimentar. Es información puede solicitarse por vía de transparencia. Si lo invertido en conservar supera con holgura lo pagado por caídas, la ciudad está bien cuidada; si ocurre al revés, está pagando dos veces: una por la acera que no se arregla y otra por la caída que provoca. La pregunta enlaza con la anterior: el dinero que se devuelve al Cabildo era para hacer una ciudad más accesible y más segura para quien camina.

La pregunta que queda

Un balance honesto debe reconocer que hay obra, vivienda pública en marcha, turismo de cruceros en crecimiento y un alcalde que muestra desparpajo para comunicar, aunque sea lo que le interesa. También debe decir que las instituciones se miden por sus controles. Una ciudad se gestiona bien cuando la Intervención puede decir «no» y el «no» se respeta, cuando los contratos se licitan y no se fraccionan, cuando quien firma se aparta si el asunto le afecta, cuando las subvenciones se justifican en plazo, cuando los funcionarios cobran lo aprobado y cuando el patrimonio no se pierde por falta de papeles. Si los tribunales confirman lo que hoy investigan la Fiscalía y la UDEF, el problema de Arrecife no habrá sido una mala racha, sino un método. El método.

Este es, presumiblemente, el nuevo candidato del PP a la alcaldía de la capital. Si nadie lo remedia.