El PSOE de Lanzarote ha presentado una moción al pleno del Cabildo para solicitar la suspensión de la circulación de buggies y vehículos similares en el medio natural de la isla mientras se tramita la normativa destinada a regular estas actividades, ante las protestas de vecinos y agricultores.

La iniciativa plantea que la institución insular acuerde con los ayuntamientos medidas transitorias y refuerce los controles para vigilar la circulación de estos vehículos, según ha informado el Grupo Socialista en un comunicado.

La portavoz adjunta del PSOE en el Cabildo, Ariagona González, ha reclamado una respuesta a las quejas de quienes residen y desarrollan actividades agrícolas en las zonas afectadas.

"Quienes viven y trabajan en nuestro campo llevan tiempo denunciando una situación que se ha vuelto insostenible. No se les puede pedir que sigan esperando mientras se redacta una norma. El Cabildo debe acordar con los ayuntamientos la suspensión de estas actividades y garantizar una vigilancia efectiva", ha afirmado.

Los socialistas recuerdan que el procedimiento para regular la circulación de estos vehículos se encuentra todavía en la fase previa de consulta a los ayuntamientos, propietarios de suelo rústico, organizaciones ecologistas, clubes deportivos, empresas y profesionales del turismo activo y ciudadanía.

Por ello, consideran necesario adoptar medidas transitorias hasta que se apruebe definitivamente la normativa.

"El campo de Lanzarote no es un circuito de ocio. Es un territorio vivo, con pueblos, fincas y una actividad agrícola que debemos proteger. Su uso para actividades turísticas tiene que respetar esa realidad. Las quejas de vecinos y agricultores deben pesar más en las decisiones del Cabildo que la comodidad de dejar las cosas como están", ha sostenido González.

Suspensión de autorizaciones y licencias

La moción señala que Lanzarote no dispone de la red oficial de rutas para vehículos a motor en el medio natural prevista en la legislación canaria del suelo.

Los socialistas reclaman atender las protestas de vecinos y agricultores y sostienen que la Isla carece de la red oficial de rutas para vehículos a motor prevista en la legislación canaria

A partir de esta circunstancia, el Grupo Socialista sostiene que estas actividades carecen de la cobertura legal necesaria y reclama una actuación de las administraciones competentes.

En concreto, propone que el Cabildo acuerde con los ayuntamientos la suspensión de las ordenanzas municipales que, en caso de existir, autoricen la circulación de buggies, quads, motos de trial, enduro o cross y otros vehículos similares en el medio natural.

La propuesta también incluye la suspensión de las licencias concedidas a actividades de turismo activo que utilicen estos vehículos.

González ha pedido al gobierno insular, presidido por Oswaldo Betancort, que asuma la iniciativa y coordine una respuesta con los municipios.

"El Cabildo tiene la responsabilidad de abordar este problema con una perspectiva insular. No puede trasladar toda la presión a los ayuntamientos ni pedir a vecinos y agricultores que sigan esperando sin ofrecerles una solución. Hay que acordar medidas, establecer controles y garantizar su cumplimiento", ha manifestado.

Mayor vigilancia y expedientes sancionadores

La moción plantea asimismo reforzar la coordinación entre los ayuntamientos, la Guardia Civil y el área de Medio Ambiente del Cabildo.

La propuesta también plantea reforzar la vigilancia de la Policía Local, la Guardia Civil y los agentes de Medio Ambiente para detectar infracciones y tramitar sanciones

El objetivo de los socialistas es que las policías locales, los agentes de Tráfico, el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil y los agentes de Medio Ambiente desarrollen labores de vigilancia sobre estas actividades.

La propuesta reclama que los controles permitan identificar a quienes cometan infracciones y tramitar los correspondientes expedientes sancionadores.

El PSOE defiende que la regulación del turismo activo debe garantizar su compatibilidad con la conservación del territorio y los derechos de la población residente.

"No se puede defender la singularidad de Lanzarote como reclamo turístico y aplazar las decisiones necesarias para conservarla. El paisaje no es un recurso del que se pueda disponer sin límites. Es un patrimonio que estamos obligados a proteger", ha concluido Ariagona González.