Cuando la excepción se convierte en método

Hay una pregunta que el Gobierno de Canarias debería responder antes de que se publique el próximo anuncio de información pública: ¿para qué coño quiere unas Zonas de Aceleración de Renovables si ya dispone de un procedimiento que le permite acelerar lo que quiera, donde quiera y contra quien quiera? La vega de Mácher, en Tías, es hoy el mejor laboratorio para responder esa cuestión.

La Consejería de Transición Ecológica y Energía tiene en información pública para 'Tías II', una planta fotovoltaica de cuatro megavatios nominales, 6.288 módulos, 73.269 metros cuadrados de parcela, a menos de quinientos metros de la costa y junto a la carretera que une Puerto del Carmen con Puerto Calero. La promotora es RS Iberia 23, la misma que impulsa 'Tías I', un proyecto que ha recibido informes desfavorables tanto del Ayuntamiento de Tías como del Cabildo de Lanzarote.

Pero lo relevante no es solo 'Tías II'. Lo relevante es lo que el Gobierno ya hizo con 'Tías I'. El pasado 15 de mayo, el consejero Mariano Hernández Zapata declaró su interés general mediante el procedimiento excepcional del artículo 6 bis de la Ley de Regulación del Sector Eléctrico Canario. Lo hizo, además, con el Ayuntamiento de Tías diciendo por escrito que el suelo es rústico de protección económica agraria, que su Plan General prohíbe expresamente allí el uso energético, que el impacto paisajístico es «inasumible» y que el proyecto es idéntico al que el propio Consistorio denegó en noviembre de 2024, sin que se haya aportado ninguna circunstancia nueva.

Una vía excepcional, pensada para situaciones en que concurre un interés general singular y urgente, se utiliza para sortear un planeamiento municipal que prohíbe el uso, y se utiliza contra la voluntad del municipio y de la institución insular. Cuando la excepción sirve para autorizar precisamente lo que el planeamiento prohíbe, deja de ser excepción y se convierte en una forma de gobernar el territorio de forma arbitraria sin tener que dar explicaciones.

Y ahora, 'Tías II'. El propio anuncio señala que su evaluación de impacto ambiental simplificada se tramitará conjuntamente con la de 'Tías I'. Es decir, el Gobierno evaluará dos plantas del mismo promotor, en la misma vega, una de ellas ya rechazada por las administraciones que tienen la competencia sobre el suelo y sobre el paisaje. Cualquier ciudadano tiene derecho a preguntarse si esa evaluación conjunta será un examen riguroso del conjunto o una manera de arrastrar la segunda planta con el impulso de la primera.

Aquí es donde entran las ZAR. Su razón de ser se nos dice que es la de ordenar. Se trataría de decidir con base en estudios y evaluación ambiental previa dónde conviene instalar renovables y dónde no, de modo que los proyectos que caigan dentro de esas zonas se tramiten con más agilidad y los que queden fuera encuentren más cautelas. Es una lógica razonable, y por eso mismo exige algo que en Mácher no se ve, y es que el Gobierno acepte que el mapa lo limita a él también. Si de verdad creyera en esa planificación, no resolvería por la vía de la excepción un proyecto en suelo agrario protegido mientras el mapa está pendiente de hacerse. La conclusión es incómoda, pues con ZAR o sin ZAR, el Gobierno se reserva la última palabra. Si hay zonas, se aceleran dentro de ellas, y si no las hay, o no convienen, se acelera igual por el artículo 6 bis. La planificación queda como adorno inútil y totalmente prescindible a la hora de decidir.

Conviene decir con claridad lo que no se está diciendo. Nadie discute que Canarias necesita renovables ni que Lanzarote debe avanzar en su transición energética. Lo que se discute es el método y el emplazamiento. La transición se legitima cuando se hace con el territorio, y no cuando se impone sobre suelo agrícola, a pocos metros de la costa, con un Ayuntamiento que dice que no y un Cabildo que informa en contra. Que el presidente del Cabildo, Oswaldo Betancort, tuviera que anunciar en el Parlamento de Canarias, el 24 de junio, que la institución insular había emitido informe desfavorable, es la mejor muestra de hasta qué punto las instituciones locales se enteran de estas decisiones por la vía del conflicto y no de la cooperación. Y resulta difícil de explicar que sea el Gobierno de Canarias, en cuya coalición tiene peso la misma formación que gobierna el Cabildo, quien deje sin efecto en la práctica el criterio de la administración insular.

Queda, al menos, el trámite. El anuncio abrió un plazo de treinta días desde el día siguiente a su publicación para examinar el proyecto, la relación de bienes y derechos afectados y presentar alegaciones. Es poco tiempo para tanta vega. Conviene que asociaciones, agricultores, propietarios afectados, colectivos ambientales y vecinos lo aprovechen, porque el expediente de 'Tías II' es también, aunque no lo diga, el expediente de 'Tías I' y el de todos los que vengan detrás.

Porque eso es lo que está en juego en Mácher,  si en Canarias la planificación territorial es la regla y la excepción es lo excepcional, o si ocurre al revés. Mientras el Gobierno siga eligiendo el atajo, las ZAR, los planes generales y los informes del Cabildo serán papel mojado cada vez que estorben. Y quiénes  tienen cogidos por los huevos a toda una isla no necesita mapas. Son Clavijo  y Hernández Zapata, eso sí, sin la máscara.