No era una manifestación, pero lo parecía. Cuando Diario de Lanzarote llamó al secretario de la asociación de vecinos de Guatiza para escuchar sus quejas, más de 30 personas acudieron a la cita. Incluso se disculpaban por no ser más, porque aún era agosto y muchos estaban de viaje. Dicen que “no pueden más”. Se sienten ignorados, y no quieren perder la oportunidad de mostrar sus camisetas y pancartas contra lo que consideran que “no es turismo activo, es destructivo”.

“Yo vivo justo enfrente del cementerio y es una caravana de buggies detrás de otra, una nube de polvo detrás de otra”, afirma Miguel, que lamenta que el pueblo se ha convertido “en un parque temático”. “Hemos pasado de la indignación a la tristeza por la dejadez de las instituciones, porque no hacen nada. Los políticos están sentados en sus despachos y no ven en el terreno lo que está pasando o no lo quieren ver”.

Algunos vecinos ya habían tenido encontronazos directos con los guías de las excursiones y otros se habían dirigido al Ayuntamiento de Teguise o al Cabildo, pero ante la falta de soluciones decidieron unirse. Hace año y medio comenzaron las reuniones y el pasado mes de enero constituyeron la Asociación Vecinal de Guatiza La Unión. “Era una idea que ya teníamos, pero se aceleró por este tema, porque como asociación igual podemos hacer más ruido”, explica su secretario, Juan Pablo Fernández.

Lo primero que querían saber es si la actividad que están sufriendo a diario es legal. Hoy, después de remitir escritos a las administraciones implicadas, recabar informes y hacer “casi un máster” en política territorial y medioambiental, lo tienen claro: “Según la normativa actual vigente, esta actividad no está permitida en la Isla”.

Por eso, ante el silencio y las respuestas contradictorias que han recibido de las instituciones, han decidido dar un paso más y presentar una denuncia ante el Seprona de la Guardia Civil, con la esperanza de que el tema llegue a la Fiscalía. Además, a finales de julio dirigieron un escrito a la Policía Local de Teguise y otro más al Cabildo, pidiéndole que haga cumplir el informe que la propia institución emitió hace más de un año.

Un informe revelador

Ese informe técnico, emitido en junio de 2025 por el área de Política Territorial, es concluyente: “La actividad de excursionismo en vehículos a motor, en grupos de más de tres vehículos, está prohibida en las condiciones actuales”. No acota esa norma a los Espacios Naturales Protegidos. Habla de una prohibición general, que choca drásticamente con la realidad que se está viviendo en la Isla.

Para llegar a esa conclusión, la técnico no se basaba en una sola normativa, sino en dos. Por un lado, la Ley del Suelo de Canarias de 2017. Por otro, en el propio Plan Insular. Respecto al PIOT, la clave está en el artículo 3.1.2.9, que aparentemente no deja mucho margen de duda: “Se prohíbe la práctica de los safari-jeeps en toda la Isla y en los islotes”.

“Al principio venían un par de veces al día, pero ahora los ves cada media hora”

A continuación, ese artículo añade que el uso de cualquier vehículo todoterreno, “en general”, deberá regularse por una normativa específica, que aparece detallada en otro artículo. Según el PIOT de 1991, lo que debía haber hecho el Cabildo era “estudiar la regulación” de todo el sector de los vehículos de alquiler, para “acotar su crecimiento incontrolado” en la Isla, “reglamentando expresamente la utilización de los vehículos todoterreno”. Además, añadía que “en el ámbito de dicha regulación, se abordará la prohibición de la circulación de vehículos todoterreno fuera de pistas o caminos, especialmente en el suelo rústico protegido”.

Esa normativa específica sigue sin aprobarse 35 años después, pero, paradójicamente, a esa última frase se ha aferrado el Cabildo en los últimos años para conceder autorizaciones a excursiones organizadas de buggies y quads. Concretamente, a la interpretación que hizo de ella otro informe técnico emitido en 2011. Ese dictamen unió ambos artículos del PIOT para sostener que lo que prohíbe el Plan Insular es “la práctica de safari-jeeps fuera de pistas o caminos (asfaltados o no)”. Y de ahí concluía que “por pistas y caminos sí es posible dicha práctica, sin perjuicio de que pueda someterse a autorización”.

“Exige una respuesta”

Casi todas las autorizaciones que ha ido aprobando el Cabildo citan ese informe de hace década y media, aunque el emitido hace un año vino a cambiar drásticamente la interpretación. En esencia, lo que hace es recuperar la frase literal del PIOT: “se prohíbe la práctica de los safari-jeeps en toda la Isla y en los islotes”. Y es que el otro artículo se refería a un ámbito general del uso de todoterrenos y a un reglamento que ni siquiera llegó a aprobarse.

Además, el informe recuerda que según la Ley del Suelo de Canarias, “corresponde a los cabildos insulares la elaboración, aprobación y publicación de la red para vehículos a motor en el medio natural”, y que fuera de esa red oficial “queda prohibida la circulación de más de tres vehículos formando caravana”. Por eso, dado que el Cabildo nunca llegó a aprobar una red de rutas, concluye que en base a esa Ley, esta actividad también está prohibida “en las condiciones actuales” en todo el medio natural.

“Los políticos no ven en el terreno lo que está pasando o no lo quieren ver”

Tras recibir ese informe técnico en julio de 2025, el consejero de Política Territorial del Cabildo, Jesús Machín, anunció que lo había remitido a todos los ayuntamientos, “para advertirles de que las excursiones turísticas organizadas en vehículos tipo buggy, quads o safaris en caravana no están permitidas en suelo rústico, de acuerdo con la normativa territorial y medioambiental vigente”.

También hizo un “llamamiento” público a los consistorios “para que refuercen el control de estas prácticas y actúen con diligencia ante posibles infracciones”, advirtiendo que “representan un grave impacto para el entorno natural” y que “pueden dar lugar a procedimientos sancionadores”. Desde entonces, el Cabildo solo ha abierto dos: uno en el Espacio Natural Protegido de Los Ajaches y otro por salirse de los caminos de tierra de Guatiza. Sin embargo, no ha tramitado ninguno contra las excursiones que se siguen desarrollando a diario por pistas y caminos en suelo rústico.

Por eso, mientras crece su indignación, la Asociación Vecinal de Guatiza La Unión ha dirigido un nuevo escrito al Cabildo, recordándole lo que él mismo comunicó hace un año, sobre la prohibición de esta práctica en cualquier tipo de suelo rústico. “Ese pronunciamiento exige una respuesta administrativa posterior verificable”, advierten los vecinos.

En concreto, le piden que informe de las actuaciones que ha realizado desde que se emitió ese informe hace más de un año, “identificando órganos, servicios, informes, inspecciones, expedientes y medidas adoptadas o previstas”. Y es que insisten en que “la propia existencia de criterios administrativos insulares previos hace necesario que la problemática no quede en una mera declaración general, sino que se traduzca en actuaciones concretas”.

Lo “inexplicable”

Además, a la vista de la normativa aplicable, los vecinos de Guatiza no se explican cómo el Cabildo ha podido conceder en los últimos años autorizaciones a empresas como Paracraft Lanzarote, Buggies Lanzarote y H2O Actividades Acuáticas para desarrollar esta actividad. Incluso denuncian las dificultades que les están poniendo para acceder a esos informes.

Cuando los pidieron por primera vez hace más de un año, la respuesta del Cabildo fue que “en los archivos del Área de Medio Ambiente, salvo error u omisión, no obra ningún decreto-resolución autorizando la circulación de toda clase de vehículos a motor (buggies, quads...) por pistas en los Espacios Naturales Protegidos”.

El PIOT y la Ley del Suelo los prohíben “en las condiciones actuales”

El problema es que esa afirmación no responde a lo que realmente habían preguntado los vecinos. El Cabildo ciñó su respuesta a las “pistas en los Espacios Naturales Protegidos” -donde efectivamente no se estaban concediendo autorizaciones-, pero obvió que hay expedientes autorizando rutas en otras pistas y caminos de tierra de suelo rústico, e incluso en vías asfaltadas dentro de los Espacios Naturales Protegidos.

“Leyendo esos expedientes, uno se queda asombrado. Justifican una posible conclusión y luego toman la decisión contraria”, cuestionan desde la asociación vecinal, que ha tenido que conseguir esos documentos por otros medios. Son folios y folios citando distinta normativa, hablando de la afección a las aves, de la prohibición de emitir “ruidos fuertes y estridentes” en zonas sensibles y del impacto de esta actividad en el medio natural. Sin embargo, en la mayoría de las solicitudes que ha podido consultar este medio, el área de Medio Ambiente del Cabildo terminaba informando favorablemente, aunque apostillando que eso “no exime de la obtención de otras autorizaciones que pudieran corresponder otorgar a otros organismos”.

Solo denegaba las que pretendían circular por pistas y caminos de tierra en Espacios Naturales Protegidos -porque tienen su propia normativa que prohíbe esta actividad-, pero autorizaba las que transcurren por asfalto o por caminos rurales fuera de esos espacios, más allá de que tuvieran otras figuras de protección.

Autorización renovada

Desde que se emitió el informe de junio de 2025, el Cabildo no ha concedido nuevas autorizaciones, pero sí ha renovado una: la de la empresa Paracraft Lanzarote para realizar rutas en el Parque Natural del Archipiélago Chinijo, el Parque Natural de Los Volcanes y el Paisaje Protegido de La Geria.

La empresa llevaba pidiendo esa renovación desde julio de 2025, porque su permiso caducaba en diciembre, pero el Cabildo no resolvió hasta marzo, cuando ya estaba vencido. La respuesta tardó ocho meses y terminó siendo favorable. De nuevo, la resolución volvía a citar el informe técnico de 2011 para interpretar el PIOT, y no el emitido hace un año.

El Cabildo ha venido dando autorizaciones con una interpretación de 2011

No obstante, sí introdujo un cambio: “Tras reunión de los representantes de la empresa Paracraft Lanzarote SL con el Jefe de Servicio del Área de Medio Ambiente, se toma la decisión de eliminar la ruta por camino de tierra en el municipio de Tinajo y ampliar la ruta por carretera hacia Caleta de Famara”. El documento no explica el motivo de esa decisión, pero podría estar relacionado con superar el otro escollo, que está en la Ley del Suelo.

En cuanto a las autorizaciones que se habían concedido a otras empresas para utilizar caminos de tierra, algunas también estaban pendientes de renovación. Concretamente, la que tiene H2O para operar entre los municipios de Teguise y Haría caducaba en diciembre del pasado año, y no consta que se haya renovado. Sin embargo, los vecinos de Guatiza denuncian que sigue operando e incluso aumentando su actividad: “Sacan informes, dicen que van a regular esto, pero nunca pasa nada. Siguen destruyendo todo delante de nuestra cara”.

Responsabilidades

Sobre la posible derivación de responsabilidades del Cabildo a los municipios, la asociación explica que pidió información al Ayuntamiento de Teguise, después de que la Corporación insular anunciara que había remitido a todos los ayuntamientos el informe técnico de 2025, junto a un escrito “alertándoles” de la prohibición y pidiéndoles que “refuercen el control”. La respuesta de Teguise les llegó por escrito el pasado 29 de julio, aumentando su desconcierto: “En este Ayuntamiento no consta la documentación solicitada”.

Tampoco han conseguido que les faciliten información sobre las licencias que haya podido conceder el Ayuntamiento de Teguise, dado que en las propias autorizaciones del Cabildo se hace referencia a que también son necesarias. Ni sobre por qué, como denuncian, “no se está cumpliendo la ordenanza municipal”.

“Los expedientes justifican una posible conclusión y luego toman la contraria”

Al respecto, recuerdan que en noviembre de 2025, el Consistorio aprobó inicialmente una modificación de la ordenanza para endurecer la regulación de los quads y los buggies, pero casi un año después no se ha llevado a aprobación definitiva. No obstante, insisten en que tampoco se está cumpliendo la que actualmente está en vigor.

Por eso, en el último escrito que han dirigido al Cabildo exigen una actuación “coordinada, efectiva y documentada” entre todas las administraciones implicadas y con competencias en el tema. Y es que después de un año buscando respuestas y soluciones, hay algo que tienen claro: “No basta con remitir la cuestión de una Administración a otra si el resultado práctico es la ausencia de control efectivo”.