Hay gobiernos que caen en una votación, en unas elecciones o en medio de una crisis parlamentaria. Y hay gobiernos que empiezan a caer mucho antes. Siguen reuniendo periódicamente al Consejo de Ministros, publicando boletines oficiales, compareciendo ante las cámaras y ocupando despachos. Conservan formalmente el poder, pero han empezado a perder algo más importante: la capacidad de ejercerlo. Eso es lo que podemos definir como el desmoronamiento.

Lo ocurrido en Ceuta este verano pertenece a esta categoría. La entrada de decenas de miles de ciudadanos marroquíes en territorio español, cruzando la frontera por tierra y sobre todo por mar, ha provocado una crisis humanitaria, política y diplomática de extraordinaria gravedad. Pero, sobre todo, ha dejado al descubierto el estado real del Gobierno de coalición progresista. Se trata de un Ejecutivo que, esto es obvio, ya mostraba enormes dificultades para articular una política coherente, adoptar decisiones legislativas y aprobar unos presupuestos. Pero el gabinete presidido por Pedro Sánchez ha salido de Ceuta convertido en algo todavía más frágil.

No resulta agradable constatarlo, pero no estamos ante un tropiezo. Estamos ante un proceso de descomposición. Conviene observar el escenario, para hacernos una somera idea del escenario donde han ocurrido estos hechos. Ceuta tiene menos de veinte kilómetros cuadrados de extensión y en la ciudad autónoma residen unos 80.000 habitantes. Su superficie equivale aproximadamente a dos tercios de La Graciosa y, sin embargo, alberga una población similar a la de toda la isla de La Palma. En ese territorio minúsculo han entrado en cuestión de días miles de personas, muchas de ellas menores. La presión sobre los servicios públicos, las fuerzas de seguridad y la convivencia bajo condiciones de hacinamiento resulta difícil de imaginar desde la distancia. Pero esto es lo que tenemos.

Nadie sensato puede sostener que gestionar una situación así sea fácil. Precisamente por eso existe el Estado. Existe para actuar cuando las capacidades ordinarias quedan desbordadas. Para garantizar la seguridad, preservar la convivencia, proteger a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad y evitar que el miedo termine convertido en odio. Existe, sobre todo, para tomar decisiones antes de que los acontecimientos las tomen por él.

En Ceuta ha ocurrido lo contrario. La respuesta del Gobierno fue tardía, descoordinada y vacilante. El mando único llegó cuando la crisis llevaba demasiado tiempo creciendo, mientras entre los residentes se extendía una exasperación comprensible y comenzaban a aparecer quienes siempre aparecen cuando el Estado retrocede: los interesados en ocupar el espacio que el poder público deja huérfano. Los que necesitan el miedo. Los que viven del enfrentamiento. Ciudadanos contra inmigrantes. Inmigrantes contra policías. Ciudadanos contra periodistas. Una espiral diabólica.

Pero ni siquiera esa incapacidad de gestión constituye lo peor de lo ocurrido. Los gobiernos se equivocan. Reaccionan tarde. Pueden verse superados durante horas o días por acontecimientos imprevistos. Lo grave comienza cuando un Ejecutivo deja de llamar a las cosas por su nombre porque teme las consecuencias de hacerlo. El Gobierno de España afirma haber sufrido una agresión contra su soberanía y, al mismo tiempo, parece incapaz de señalar con firmeza la responsabilidad de Marruecos. Las dos cosas no pueden ser ciertas a la vez. Las decenas de miles de personas que cruzaron hacia Ceuta procedían de territorio marroquí. Lo hicieron en un periodo brevísimo y ante una pasividad fronteriza difícil de explicar como una iniciativa diseñada desde fuera. Rabat tampoco ha ocultado sus reivindicaciones territoriales sobre Ceuta y Melilla.

Y, sin embargo, el Gobierno de Pedro Sánchez, en una especie de harakiri político consciente, parece dispuesto a ignorar una realidad tan clamorosa. Discute con las autoridades de Ceuta. Discute con la oposición. Responde a gobiernos europeos que aprovechan la crisis para ajustar cuentas políticas. Pero cuando llega el momento de dirigirse a su homólogo de Marruecos desaparece la firmeza. Y no se trata de reclamar una política belicosa. España necesita entenderse con Marruecos. Pero entenderse no significa someterse.

La percepción de la realidad es un concepto esencial en la política. Cuando se transmite una sensación de debilidad, como le ha pasado al Gobierno español, esa debilidad toma cuerpo real en las mentes de interlocutores internos y externos. Ese es un camino del que difícilmente se vuelve. Porque el poder no consiste únicamente en disponer de instrumentos. Consiste en que los demás crean que uno está dispuesto a utilizarlos. Un Estado puede tener militares, policías, diplomáticos, leyes, presupuestos, aliados y fronteras. Pero si quienes se relacionan con él llegan a la conclusión de que retrocederá cuando aumente suficientemente la presión, todo ese poder empieza a volatilizarse. Y eso es lo peligroso de Ceuta. No las imágenes de las llegadas. No las discusiones parlamentarias. Lo que permanece es algo bastante peor: la impresión de un Gobierno que no supo qué hacer, qué decir ni a quién exigir responsabilidades.

Esa impresión ya existe. La han visto los ciudadanos españoles. La han visto los partidos que sostienen al Gobierno y los que esperan sustituirlo. La han visto nuestros socios europeos. Y, sobre todo, la ha visto Marruecos. El poder político descansa en una ficción colectiva muy sencilla: cuando llegue el momento difícil, alguien estará al mando. No hace falta que acierte siempre. Hace falta que decida. Que explique. Que asuma responsabilidades. Que trace una línea y que los demás sepan que esa línea existe. Cuando desaparece esa convicción, entonces comienza el desmoronamiento.

Pedro Sánchez había construido buena parte de su supervivencia política sobre una habilidad indiscutible: detectar oportunidades donde otros solo veían problemas. Crisis parlamentarias, elecciones repetidas, un perfil internacional sin complejos, alianzas imposibles. Durante años, cada callejón sin salida terminaba revelando una puerta que él parecía haber visto antes que nadie. Esta vez no. Mientras la crisis crecía, el presidente permanecía más días de los aceptables en su retiro vacacional de Lanzarote. Y precisamente en un episodio que exigía presencia, reflejos y autoridad falló el atributo político que más veces le había salvado: el instinto. Perdido esto, el siguiente paso es la bancarrota política.