La Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Las Palmas, que pertenece al Ministerio de Trabajo y Economía Social, comunicó una sanción a la empresa Obras y Construcciones Meralanz SL, que está radicada en Yaiza, de más 108.000 euros.

De esa sanción, una parte, más de 72.000 euros, corresponde a la cuantía de la multa y el resto a las cuotas impagadas de la Seguridad Social por los trabajadores de la empresa que no estaban dados de alta en el sistema público.

La sanción era mayor, pero se ha reducido en un 40 por ciento por el reconocimiento de la responsabilidad, al acogerse al pago voluntario. De esta forma se reduce el pago en ese porcentaje pero a cambio la empresa sancionada renuncia a ejercer cualquier acción, alegación o recurso en la vía administrativa.

Esa sanción es el resultado de una operación policial llamada Operación Bordillo, que llevó a cabo el pasado mes de noviembre la Policía Nacional a través de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Las Palmas (UCRIF-I), junto con la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social.

El desarrollo de la operación culminó con la detención de 16 personas, dos de los administradores de esta sociedad dedicada a la construcción y 14 trabajadores extranjeros que, presuntamente, trabajaban de forma irregular suplantando identidades ajenas, según informó la propia Policía.

Según la nota enviada por el cuerpo policial en aquel momento, se pudo desmantelar “un entramado delictivo dedicado a la explotación de trabajadores extranjeros en el sector de la construcción en Lanzarote”.

Los investigadores realizaron inspecciones simultáneas en cinco obras en Arrecife, Yaiza, San Bartolomé y Teguise. Las obras habían sido adjudicadas a varias constructoras locales, que a su vez habían subcontratado a esta otra empresa de construcción.

Al menos en un caso, el de Arrecife, se trataba de una obra con fondos públicos, de construcción de viviendas de carácter público. En el caso de Playa Blanca se trataba de una obra en un complejo turístico.

La empresa, en definitiva, tenía menos trabajadores dados de alta en la Seguridad Social de los que empleaba en cada una de esas obras. 

La empresa investigada tenía en su plantilla trabajadores contratados de manera legal, con los papeles en regla, pero utilizaba esos contratos y esas identidades en todas las obras en las que trabajaban para emplear a personas sin permiso de trabajo.

La instrucción realizada por la Inspección de Trabajo se trasladó a la Fiscalía

La empresa facilitaba listados con los empleados contratados legales pero enviaba a las contratistas a trabajadores irregulares, que se hacían pasar por los otros y que estaban instruidos en su nueva identidad.

A pesar de esta circunstancia, cuando se llevaron a cabo las inspecciones, algunos de ellos no pudieron recordar correctamente algunos de los datos que, supuestamente, pertenecían a su propia identidad.

Los trabajadores fueron imputados por usurpación de estado civil, mientras que los administradores de la empresa, dos personas de la misma familia, sumaron a ese delito otros dos más, el de falsedad documental y otro contra los derechos de los trabajadores.

La constructora mantenía en activo a distintos empleados con la misma identidad en diferentes obras y así eludía el pago de cuotas a la Seguridad Social y obtenía un beneficio ilícito. Había al menos 12 trabajadores que carecían de autorización de residencia y todos estaban sin autorización para trabajar en España.

Condena

Tras estallar la operación, el sindicato CCOO anunció que se personaría como acusación particular. Comisiones Obreras, a través de un comunicado, expresó su “más firme condena ante los hechos descubiertos en la Operación Bordillo, consistentes en un sistema organizado que vulnera de forma grave los derechos laborales y humanos de las personas empleadas, aprovechando su situación de vulnerabilidad”.

La constructora mantenía a distintos empleados con la misma identidad en diferentes obras

“Desde CCOO Canarias denunciamos que algunos empresarios siguen considerando a las personas migrantes como mano de obra esclava, negándoles cualquier trato digno y beneficiándose de prácticas que son incompatibles con el Estado de Derecho, la justicia social y los principios democráticos”, afirmaba la organización sindical.

Los hechos y la instrucción realizada por la Inspección de Trabajo se trasladaron a la Fiscalía por si consideran que, además de la sanción, pueden ser constitutivos de incluirse en una causa penal.