El Consejo de Gobierno del Cabildo de Lanzarote ha acordado emprender las “acciones legales oportunas en defensa de los intereses” de la institución después de que la Fiscalía calificase de “sospechosa” a la expresidenta Dolores Corujo y elevase la investigación del denominado caso Sosa al Ministerio Fiscal del Tribunal Supremo por su condición de aforada.

Aunque el acuerdo del Consejo de Gobierno de este martes tiene ese cariz genérico, según ha podido saber Diario de Lanzarote la concreción podría llegar a materializarse en una querella o denuncia ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo, con el objetivo de “defender el patrimonio público insular”.

Una de las claves de la medida adoptada por el Cabildo está relacionada con el riesgo para las arcas públicas por el intento del exconsejero Juan Manuel Sosa de que la institución insular asumiese el pago de los casi 300.000 euros que le reclama el Gobierno de Canarias.

Como se recordará, Juan Manuel Sosa siguió percibiendo su sueldo de médico del Servicio Canario de Salud pese a que, desde diciembre de 2019, cuando se incorporó al grupo de gobierno presidido por Dolores Corujo, dejó de ser portavoz del grupo de Coalición Canaria, una condición indispensable para seguir cobrando como funcionario, con una remuneración superior a la de consejero del Cabildo.

Para evitar la devolución de los sueldos cobrados de forma presuntamente irregular al Gobierno de Canarias, Juan Manuel Sosa presentó en el Juzgado de lo Contencioso un decreto de 2021 firmado por Dolores Corujo, por su “trascendental importancia” para su tesis de que el Cabildo reconocía su derecho al cobro del sueldo.

El riesgo “no es teórico”

El análisis que hacen los servicios jurídicos del Cabildo es que el propio Sosa utilizó el decreto aprobado por Dolores Corujo en su etapa en la presidencia del Cabildo como respaldo de su pretensión económica en sede judicial.

El análisis jurídico del Cabildo es que existe un riesgo que “no es teórico” para las arcas públicas, al utilizar Sosa un decreto de Corujo para evitar devolver 300.000 euros

Por ello, se entiende que la utilización judicial del decreto de Corujo impide considerarlo un documento "inocuo, meramente organizativo o carente de virtualidad económica", al haber sido invocado expresamente como soporte documental de la reclamación formulada por Juan Manuel Sosa.

De tal manera que el riesgo económico para la Corporación insular "no es teórico", al considerarse que existe una utilización efectiva del decreto de Corujo destinada a sostener que las cantidades reclamadas por Sosa podrían ser asumidas, de forma directa o indirecta, por el Cabildo de Lanzarote.

Investigación de la Fiscalía

La medida adoptada este martes por el Consejo de Gobierno del Cabildo de Lanzarote se produce pocos días después de que la Fiscalía de Arrecife apreciase indicios de criminalidad en el denominado caso Sosa, lo que hizo que trasladase la investigación a la Fiscalía del Supremo, al ser “persona sospechosa” la diputada Dolores Corujo.

En su resolución, el fiscal señala que aunque la presunta prevaricación “se aprecia con mayor nitidez” en esta fase de la investigación, “no puede descartarse”, a medida que avance, que los hechos pudieran “presentar conexión con otros tipos penales”, como “malversación de caudales públicos, en la medida en que la resolución investigada pudo permitir el mantenimiento de percepciones económicas indebidas con cargo a fondos públicos”.

La Fiscalía de Arrecife apreció “con mayor nitidez” indicios de prevaricación, sin descartar otros posibles delitos, como malversación, falsedad documental o fraude a la Administración

El fiscal también se refiere a una presunta “falsedad documental, si se acreditara que el decreto [de Dolores Corujo] incorporó como antecedentes informes inexistentes, incompletos o no emitidos en los términos reflejados en la resolución”.

También aludió el Ministerio Fiscal a un presunto “fraude a la Administración, si se acreditara una actuación concertada para mantener artificiosamente una situación administrativa carente de cobertura legal”.

“La determinación definitiva de tales extremos excede de las posibilidades de esta Fiscalía de Área desde el momento en que los indicios afectan a persona aforada”, recalca el fiscal de Arrecife, conectando de forma directa el objeto de la investigación con Dolores Corujo.