Tras la experiencia acumulada en los últimos años, estamos en disposición de afirmar que nos encontramos ante una verdadera cadena de depredación del territorio, articulada por el gobierno de Coalición Canaria que lidera Fernando Clavijo. La fórmula es siempre la misma: otorgar rango de norma a aquello que satisface su interés o el de terceros, y revestirlo con la coartada del interés general o de la urgencia medioambiental.

A esa fórmula la podemos denominar también como “estructura extractiva”. No se trata solo de una jerarquía de poder, sino de un mecanismo cuya razón de ser es la apropiación de recursos —territorio, paisaje, energía, suelo— por parte de quienes tienen capacidad para hacerlo con impunidad y sin rendición de cuentas real. La última de sus expresiones, una de las más sofisticadas por la solidez de la coartada que emplea, es la llamada soberanía energética, desplegada a través de la implantación masiva de energía fotovoltaica y eólica.

Conviene ser precisos para no caer en la trampa del falso dilema. Nadie con un mínimo de responsabilidad va a discutir hoy la necesidad de reducir la dependencia de los combustibles fósiles ni la conveniencia de avanzar hacia fuentes renovables. Lo que sí puede y debe discutirse es con qué tipo de recursos, cómo, dónde y bajo qué criterios se ubican esas infraestructuras. Y es precisamente ahí donde Lanzarote se ve obligada a plantear el debate y la contestación frente a un gobierno que actúa sin remilgos, imponiendo sus decisiones a conveniencia y sin valorar el impacto sobre un paisaje frágil y limitado. Ese paisaje no es un decorado prescindible: es el marco material de nuestra vida cotidiana, condiciona nuestra calidad de vida para generaciones, y constituye, además, el principal activo sobre el que se sostiene la economía turística, en la medida en que esta aspira —al menos en el discurso institucional— a competir en “calidad del destino” y no solo en volumen.

La penúltima vuelta de tuerca de esta estrategia de depredación sin contestación es la figura que el gobierno ha bautizado como Zonas de Aceleración de Renovables, conocida por su acrónimo, ZAR. Su objetivo declarado es blindar jurídicamente cada proyecto de implantación de renovables frente a cualquier oposición, ya sea ciudadana, ya en forma de recurso administrativo, que pudiera retrasar o comprometer su ejecución. El ZAR es, en la práctica, “EL PLAN”: un paraguas normativo capaz de amparar casi cualquier instalación en casi cualquier lugar, blindándola de antemano frente al control que correspondería a la ciudadanía y a las administraciones afectadas.

Sin esa cobertura, el gobierno tendría que asumir lo que en cualquier democracia es normal: que sus decisiones pueden ser cuestionadas, recurridas y, en su caso, retrasadas o incluso revertidas. Uno de los argumentos que esgrimen quienes defienden el ZAR es el de la seguridad jurídica para los inversores. Sin embargo, ese argumento solo mira en una dirección: nada se dice de la seguridad jurídica de la comunidad, ni de las repercusiones que tendría para los vecinos y para el territorio el hecho de que, una vez ejecutadas, esas instalaciones generen una carga sobre el paisaje difícilmente reversible. La seguridad jurídica que se invoca es, en realidad, la llave del campo entregada a los promotores, con vía libre para actuar sin que nadie pueda oponer objeciones de peso. Esa es la función real del ZAR: no hacernos más sostenibles ni mejorar nuestra calidad de vida, sino garantizar la rentabilidad y los plazos de quienes promueven los proyectos. Solo la suya.

No cabe duda de que el Cabildo de Lanzarote ha estado al corriente, desde el primer momento, de las intenciones del gobierno autonómico. Su respuesta, sin embargo, se ha limitado a una tos ligera de cara a la opinión pública, sin que esa incomodidad formal se haya traducido en oposición efectiva ni en el ejercicio de las competencias insulares de ordenación del territorio que podrían haber marcado límites. Mientras el ZAR avanza a medio gas, atrapado en su propia tramitación, al gobierno regional le ha entrado prisa por abrir la puerta a los operadores privados: aquellos que obtendrán un beneficio económico considerable explotando recursos naturales que son, por definición, de todos, sin que ese beneficio se traduzca en una ventaja perceptible para el bolsillo de los contribuyentes. Ni siquiera se plantea  valorar emplazamientos alternativos para las renovables, y mucho menos abrir un debate real sobre la repercusión de todo ello en la factura eléctrica de los canarios, que, aunque es un argumento, no es el único que debería justificar determinado sacrificio territorial que se nos pide asumir.

El ejemplo de Playa Blanca resulta especialmente ilustrativo. Allí el gobierno aprobó una instalación fotovoltaica contra el criterio municipal apelando, una vez más, al interés general, una categoría jurídica que en la práctica funciona como un comodín capaz de saltarse cualquier obstáculo: la existencia de un plan general que no contemple esas intervenciones,  y hasta el derecho de propiedad privada de quienes ven cómo se decide sobre su territorio sin que su voz cuente. Cuando el interés general se invoca de forma sistemática para sortear la planificación, deja de ser una excepción justificada y se convierte en la regla, en un atajo permanente que vacía de contenido al propio planeamiento.

Algo similar, está ocurriendo con las jaulas marinas que el gobierno pretende imponer y con una  instalación fotovoltaica proyectada en Mácher. En este caso, el alcalde de Tías, municipio gobernado por el PSOE, ha salido a contestar al gobierno autonómico, oponiéndose a las jaulas y, en esta segunda ocasión,  a la implantación de las fotovoltaicas que, a falta de un ZAR todavía no operativo, el Ejecutivo regional pretende imponer igualmente invocando el “interés general”. Nos encontramos, por tanto, ante un pulso que es, ante todo, político, más que social o medioambiental en su origen, aunque sus consecuencias afecten de lleno a ambos terrenos.

Y aquí es donde conviene no perder la perspectiva. El mismo gobierno de CC que, amparado en esta “cadena de depredación”, impone su criterio a quienes están por debajo —cabildos, ayuntamientos, vecinos—, encuentra en el gobierno municipal del PSOE de Tías un espejo de comportamiento cuando se trata de su relación con la ciudadanía. El mismo recurso a la imposición sin escucha que Tías reprocha, con razón, al gobierno autonómico en el caso de Mácher, lo reproduce cuando planta una torre de telecomunicaciones de dimensiones propias de un estadio de fútbol en Masdache, o instala un alumbrado más adecuado para una  estación de servicio  peninsular que para un espacio de altísimo valor paisajístico como es el corazón de La Geria, sin que medie participación real ni se ofrezcan alternativas. La pirámide se reproduce en cualquier escalón del sistema político, incluso en aquellos que se presentan como más próximos o más sensibles a la ciudadanía: el de arriba siempre encuentra la forma de poner el pie encima al de abajo, cambien o no las siglas que gobiernan.

Frente a esta dinámica, la única respuesta posible pasa por exigir lo que el gobierno de CC se empeña en evitar: planificación previa en lugar de excepcionalidad permanente, exploración de las fuentes mas adecuadas y menos gravosas para el paisaje para la captación de energía, criterios de ubicación discutidos y consensuados antes de que los proyectos lleguen ya cerrados, y una rendición de cuentas real sobre quién gana y quién pierde con cada una de estas decisiones. Mientras eso no ocurra, cada nueva “medida imaginativa” revestida de urgencia medioambiental no será sino un eslabón más de la misma cadena.