La Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas celebra el próximo 26 de marzo el juicio contra cinco acusados por una presunta trama de falsedad documental y estafa vinculada a operaciones de financiación para la compra de vehículos, motocicletas y otros bienes en Lanzarote.

Según el escrito de acusación de la Fiscalía, los hechos se produjeron entre abril y septiembre de 2011 y se atribuyen al acusado I.R.M., con la supuesta cooperación de los también acusados M.M.D., J.L.R.R., U.M.D. y J.A.R.V.

El Ministerio Público sostiene que I.R.M, “con el fin de obtener un beneficio patrimonial ilícito, y de acuerdo con una estrategia de naturaleza fraudulenta previamente ideada”, llevó a cabo una pluralidad de operaciones de compra de vehículos, electrodomésticos y mobiliario de hogar mediante contratos de financiación suscritos con distintas entidades.

La acusación señala que el principal acusado actuaba haciéndose pasar por terceras personas o utilizando para ejecutar el plan a personas de su entorno, que supuestamente cooperaban con él en la elaboración de documentación y en las compras.

La Fiscalía sostiene que, una vez obtenidos los bienes mediante financiación, eran vendidos a terceros a cambio de dinero en efectivo en un breve espacio de tiempo y antes de que las entidades pudieran inscribir la reserva de dominio.

El escrito de acusación recoge 14 operaciones concretas. De ellas, 13 llegaron a formalizarse, mientras que una, relativa a la compra de una Citroën Berlingo, no se consumó. En conjunto, la causa se refiere a bienes consistentes en ocho vehículos, cuatro motocicletas, un sofá y una compra de televisión y diverso menaje de hogar, además de la tentativa de adquisición de una furgoneta.

Se describen operaciones sobre ocho vehículos, cuatro motocicletas, un sofá y una compra de televisión y menaje, además de una tentativa con una furgoneta

La primera operación que describe la Fiscalía se remonta al 26 de abril de 2011, cuando, según el escrito, se adquirió un Volkswagen Golf por 18.370 euros en un concesionario de Arrecife mediante un préstamo de financiación por importe total de 27.014,40 euros. La acusación añade que el vehículo fue vendido posteriormente por 12.000 euros en efectivo y que se dejó de abonar a la financiera la cantidad de 26.370,40 euros.

Tres días después, el 29 de abril de 2011, siempre según el Ministerio Público, se adquirió un Fiat 500 por 13.325,98 euros mediante un préstamo por 16.902 euros. Ese vehículo fue revendido el 16 de mayo de 2011 por 8.000 euros en efectivo, quedando sin abonar a la financiera los 16.902 euros.

La tercera operación corresponde a una motocicleta BMW F800, comprada el 25 de mayo de 2011 por 9.592 euros y financiada por 9.737,22 euros. La Fiscalía afirma que fue vendida el 1 de junio de 2011 por 5.000 euros en efectivo y que se dejó de abonar a la entidad la cantidad de 9.737,22 euros.

La acusación incluye también una operación iniciada el 9 de junio de 2011 para adquirir una motocicleta Yamaha mediante un préstamo de 9.324 euros. El escrito señala que la venta no llegó a formalizarse y que el acusado no recibió la motocicleta, aunque añade que sí le fue entregado el importe de 9.000 euros aportado por la financiera.

El 13 de junio de 2011 se sitúan dos nuevos hechos. Por un lado, la compra de un Fiat 500 por 14.328,78 euros mediante un contrato de financiación con Santander Consumer por 20.860,56 euros. Según la Fiscalía, el vehículo fue vendido días después por 9.800 euros en efectivo y quedó pendiente de pago la cantidad de 20.860,56 euros.

Por otro lado, ese mismo día se adquirió un sofá por 4.000 euros en una tienda de Arrecife, tras abonar 1.500 euros en efectivo y formalizar un préstamo por 3.442,92 euros, cantidad que, según la acusación, no fue satisfecha.

La séptima operación tuvo lugar el 23 de junio de 2011, cuando se adquirió un Honda Civic por 17.400 euros mediante financiación de 15.900 euros. El vehículo fue vendido el 8 de julio de 2011 por 12.000 euros en efectivo y, según Fiscalía, se dejó sin abonar la cantidad de 15.502,25 euros.

En dependencias de la Guardia Civil el principal acusado le dijo a otro implicado que “si decía algo le pasaría algo a su mujer”

La octava operación se refiere a otra motocicleta cuya adquisición se tramitó el 27 de junio de 2011 por 10.000 euros, con financiación de 10.360 euros. La venta no llegó a formalizarse, aunque el escrito sostiene que sí se entregó al acusado el importe de 10.000 euros procedente de la financiera.

La causa incluye además una nueva operación sobre el mismo Honda Civic anterior. Según la acusación, el 31 de agosto de 2011 el vehículo fue comprado de nuevo por medio del acusado M.M.D. tras abonar 15.800 euros a un concesionario, para lo que se celebró un contrato de financiación por 23.682,96 euros.

La Fiscalía sostiene que quedaron pendientes de pago 19.844,52 euros y que el coche fue vendido posteriormente a otro establecimiento por 10.000 euros en efectivo, cantidad que habría sido entregada a I.R.M.

El escrito atribuye también al principal acusado la compra, el 15 de julio de 2011, de un Opel Astra por 16.596,56 euros, financiado por 17.094,46 euros. Ese vehículo fue revendido el 29 de julio de 2011 por 7.500 euros en efectivo, quedando pendiente ante la financiera la cantidad de 17.094,46 euros.

Otra operación tuvo por objeto una motocicleta Kawasaki, cuyos trámites se iniciaron el 26 de julio de 2011 por 10.000 euros, con un préstamo de 10.360 euros. La venta tampoco llegó a formalizarse, aunque el Ministerio Público sostiene que el 3 de agosto de 2011 se entregó el importe de 10.000 euros aportado por la financiera.

La duodécima operación se produjo el 3 de agosto de 2011 en un establecimiento de Playa Honda, donde, según la Fiscalía, I.R.M. adquirió una televisión y diverso menaje de hogar haciéndose pasar por otra persona y firmando un contrato de financiación con Finconsum por importe de 2.544,44 euros.

El 10 de agosto de 2011 se sitúa la compra de otro Opel Astra, matrícula 2559-HFX, por 17.534,67 euros, financiado por 18.060,71 euros. La acusación sostiene que el vehículo fue vendido posteriormente a través de una operación simulada a la esposa de uno de los acusados para que esta, a su vez, lo transmitiera a un concesionario de segunda mano, quedando pendiente con la financiera la cantidad de 16.596,56 euros.

La última operación reseñada en el escrito es una tentativa de adquisición, a finales de agosto de 2011, de una Citroën Berlingo en un concesionario de Arrecife, financiada por 14.952,25 euros. Según Fiscalía, la compra no llegó a culminarse.

Daños económicos y amenazas

El Ministerio Público cifra en 342.056,34 euros el total de los perjuicios atribuidos en la causa a los acusados, según el desglose individual que incorpora el escrito. En concreto, atribuye a I.R.M. un perjuicio de 178.597,43 euros; a J.L.R.R., 71.453,58 euros; a M.M.D., 46.801,08 euros; a U.M.D., 29.702 euros, y a J.A.R.V., 15.502,25 euros.

Además de los hechos vinculados a las operaciones de financiación, la Fiscalía atribuye a I.R.M. un delito contra la seguridad vial al señalar que el 28 de julio de 2011 circulaba por la carretera LZ-2 conduciendo un Opel Astra sin permiso y a velocidad excesiva.

Asimismo, le atribuye dos delitos contra la Administración de Justicia por supuestas amenazas a otros acusados después de la incoación del procedimiento judicial. El escrito recoge que, a principios de octubre de 2011, en dependencias de la Guardia Civil de Tías, dijo a M.M.D. que “si decía algo le pasaría algo a su mujer” y que “sé quién eres, dónde vives y tu mujer”.

También señala que, tras la declaración judicial de U.M.D. el 18 de octubre de 2011, le remitió tres mensajes SMS los días 24 y 25 de octubre con expresiones como “tú mismo, pronto tendrás noticias”, “qué valiente eres, veras cuando menos te lo esperes, la visita que vas a recibir, cagón” y “mañana es tu último día, y mejor que lo soluciones, por las buenas, si no luego va a ser el doble”.

Por estos hechos, la Fiscalía considera que concurren un delito continuado de falsedad en documento mercantil en concurso ideal con un delito continuado de estafa cualificada, otro delito continuado de falsedad en documento mercantil en concurso ideal con un delito continuado de estafa, un delito contra la seguridad vial y dos delitos contra la Administración de Justicia.

Peticiones de condena

El Ministerio Público solicita para I.R.M. una pena de cinco años y seis meses de prisión por el primero de los bloques delictivos; una multa de veinte meses por el delito contra la seguridad vial; y dos penas de dos años y seis meses de prisión por cada uno de los delitos contra la Administración de Justicia, además de las correspondientes multas y costas.

Para J.L.R.R. pide cuatro años y tres meses de prisión; para M.M.D., dos años y once meses; y para U.M.D. y J.A.R.V., dos años y ocho meses de prisión para cada uno, además de multa y costas en todos los casos.

En materia de responsabilidad civil, la Fiscalía interesa que los acusados indemnicen solidariamente a las entidades Santander Consumer, La Caixa, Fracciona Finanmadrid, Sabadell Fincom y F.G.A. Capital Spain por las cantidades que detalla en el escrito de acusación en atención a los importes presuntamente defraudados y no restituidos.

El escrito añade, por último, que el fiscal interesa el sobreseimiento provisional de las actuaciones respecto de otras dos personas investigadas al considerar que no puede sostenerse la acusación contra ellas en los términos expuestos en la propia resolución.