Es una buena noticia: el Cabildo inspecciona, abre expedientes, los tramita e informa de que lo hace para disuadir a futuros infractores. Falta un pequeño detalle para que el proceso sea completo: no hay información sobre los expedientes finalizados, las sanciones y el tipo de sanción que se aplica: multa, derribo…, y cuántos de esos acaban en la vía judicial.  

Dice el Cabildo que tramitó el año pasado 115 expedientes por obras ilegales en suelo rústico o espacios protegidos. ¿No ha finalizado ningún expediente? ¿Tampoco del año anterior? Informan en esa misma nota de prensa que en los últimos cuatro años se han tramitado 670 expedientes. ¿Cuál ha sido el resultado?

Con la habitual grandilocuencia para estos casos, añade el Cabildo, en palabras del presidente, que “estos datos ponen de manifiesto la importancia de cumplir la normativa urbanística y ambiental en una isla con un territorio limitado y especialmente frágil” y que “la protección del territorio es una obligación legal y una responsabilidad colectiva con las generaciones futuras”.

Por supuesto que sí. Por eso mismo, menos palabras y más datos. Y más hechos. Porque resulta que aunque no estén en suelo rústico, hay cuatro hoteles en Playa Blanca que siguen sin poder conseguir su licencia urbanística, que infringieron la normativa aprobada por el Cabildo y sobre los que también hay obligación legal y responsabilidad colectiva.   

El Cabildo, aunque no lo recuerde, forma parte del procedimiento de ejecución de sentencia porque fue el denunciante. Se lo está tomando con clama. No solo no impulsa que se cumpla la sentencia sino que, de momento ha otorgado ya dos autorizaciones turísticas, al Papagayo Arena y al Princesa Yaiza, “sin analizar la parte urbanística”. Contundencia selectiva.