La Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto de duplicación de la carretera LZ‑40, entre el aeropuerto César Manrique y Puerto del Carmen, impone importantes medidas de integración paisajística para reducir el impacto visual de la futura autovía en el entorno natural del jable, uno de los paisajes más característicos de Lanzarote.

 Entre las condiciones impuestas por el Gobierno de Canarias destacan la colocación de pantallas vegetales en márgenes y taludes, así como el uso de materiales y acabados acordes con el entorno insular, que deberán justificarse expresamente en el proyecto constructivo.

La resolución, publicada este viernes por la Dirección General de Transición Ecológica, considera que el proyecto es ambientalmente viable siempre que se cumpla con un extenso conjunto de requisitos en materia de paisaje, flora, fauna, arqueología, hidrología y diseño.

El documento exige la elaboración de un estudio paisajístico específico, con simulaciones visuales desde varios puntos y propuestas de mimetización, especialmente en los tramos con mayor visibilidad desde el eje turístico del sur de la isla.

La actuación prevé una nueva calzada paralela a la existente para configurar una vía de dos carriles por sentido, con cuatro enlaces a distinto nivel, un cruce final, estructuras complementarias y un coste estimado superior a los 34 millones de euros.

Se ocuparán cerca de 385.000 metros cuadrados, de los que 174.000 son de nueva ocupación. La zona del Rancho Texas y los cauces naturales recibirán tratamientos específicos de drenaje, con medidas correctoras para minimizar posibles afecciones.

Además, se incluye una revisión y reubicación de ejemplares de especies protegidas, como palmeras canarias, y un control arqueológico permanente, dada la cercanía a yacimientos catalogados en el entorno de Mácher y Los Pocillos. También se deberá ejecutar un plan de erradicación de flora exótica invasora en las zonas afectadas por las obras.

Alegaciones

Las alegaciones presentadas durante la fase de información pública por entidades como la Fundación César Manrique y Ecologistas en Acción advertían del impacto de la infraestructura sobre el paisaje insular y la contradicción con los objetivos de movilidad sostenible.

Aunque el trazado no fue modificado, el órgano ambiental ha reforzado los condicionantes estéticos y ecológicos.

La DIA tiene una vigencia de cuatro años y su aplicación queda supeditada a la aprobación final del proyecto constructivo. Las medidas impuestas deben ser recogidas y presupuestadas en el documento técnico antes de su licitación.