Amenazar con emprender acciones penales contra tu propio socio de gobierno no parece la mejor manera de mantener un pacto sano. Y más aún, si a lo que se aspira ni siquiera es a poder aprobar una moción, sino solo a tener la opción de debatirla.

En política, cuando un movimiento no encaja, cuando es inexplicable o desproporcionado, es que su motivación es otra. La única explicación en la que coincide todo el mundo es que la presidenta del PP pretende boicotear a algunos miembros de su propio partido aunque eso suponga, en la práctica, boicotear a su propio partido.

A lo mejor resulta que es más sencillo: que necesita meter ruido con la política nacional al margen de los intereses locales. O quizá es que sigue una estrategia magistral para obtener mayoría absoluta en las próximas elecciones mediante una fórmula que solo ella conoce. O puede que consista en que prefiere un partido en la oposición que ella controle a un partido que gobierne y que no lo controla.        

El caso es que es difícil de entender este tipo de movimientos cuando parece que tienes todas las de perder si se fuerza la situación. Tanto en el Cabildo como en Arrecife existe otra alternativa a la mayoría actual que puede resultar improbable. Pero en la política lanzaroteña, lo que es posible aritméticamente, es posible políticamente.  

Por eso es aún más difícil de entender la actitud del presidente del Cabildo, que después de solicitar un informe que le avala su decisión, ante una amenaza de su socio decide tomar la decisión contraria y aludir a que se ha visto obligado a hacerlo. No hay obligación. Es una muestra de debilidad totalmente innecesaria.