El Juzgado de Instrucción número dos de Arrecife ha archivado el procedimiento derivado de la denuncia por amenazas, coacciones y vulneración de derechos fundamentales del consejero Juan Manuel Sosa contra Pedro San Ginés, que luego fue ampliada por falsedad documental contra la totalidad de los integrantes del grupo nacionalista en el Cabildo de Lanzarote.

Sosa denunció en el Juzgado de guardia el 13 de mayo de 2021 que, el día anterior, había tenido una reunión en la vivienda de San Ginés en la que, supuestamente, el portavoz de CC en el Cabildo le habría exhibido en la pantalla de un ordenador una querella preparada contra el citado consejero por la comisión de un delito contra la Hacienda Pública con una petición de pena de dos a seis años de prisión y multa de 85.000 euros.

Según denunció Sosa, San Ginés presuntamente le habría conminado para que procediera al día siguiente a dimitir como consejero del Cabildo de Lanzarote, “advirtiéndole que, en caso contrario, se presentaría la querella y se iniciaría una campaña de prensa contra él”.

Sosa concurrió en las elecciones de 2019 en la lista electoral de Coalición Canaria, si bien pertenecía en aquel momento al partido San Borondón, pero en diciembre de aquel año se había indisciplinado y se había incorporado al grupo de gobierno presidido por Dolores Corujo y compuesto por PSOE y PP. En la actualidad, sigue formando parte del equipo de gobierno de PSOE y Podemos, al que da la mayoría, tras la ruptura de la anterior alianza de gobierno, y desde CC se le tacha de "tránsfuga".

En su auto, el juez Jerónimo Alonso señala en relación a la denuncia de Sosa contra San Ginés que “sólo se cuenta con la declaración incriminatoria del denunciante, que no ha quedado corroborada mediante elemento indiciario alguno, pues las notas de prensa y declaraciones realizadas con posterioridad al día 13 de mayo de 2021 por San Ginés no implican, de por sí, que existiera la amenaza denunciada”.

En el marco del procedimiento instruido por el Juzgado de Instrucción número dos de Arrecife, Sosa formuló, en febrero de este año, una ampliación de denuncia contra el resto de consejeros del grupo nacionalista por una presunta falsificación documental, en relación a la presentación de un reglamento orgánico utilizado en su proceso de expulsión y su pase a consejero no adscrito.

Según la denuncia, ese reglamento del grupo nacionalista fue aportado en el expediente de expulsión de Sosa pero no fue comunicado a la presidenta del Cabildo”, fue “simulado” y creado de forma expresa para apartarle y declararle no adscrito. El expediente de expulsión de Sosa fue instruido por el consejero Domingo Cejas, con Samuel Martín como secretario, y la resolución fue adoptada por “unanimidad” de los consejeros de Coalición Canaria.

El reglamento orgánico del grupo nacionalista, señala el auto de archivo de la causa, habría sido aportado tras dos acuerdos previos de expulsión” de Sosa “que no surtieron efectos por su irregular tramitación”. El documento fue comunicado el 8 de julio de 2021 al secretario del Cabildo y, en ese escrito, se señaló que había sido “aprobado por unanimidad del propio grupo a comienzos de 2020”.

“Los investigados que no se acogieron a su derecho a no prestar declaración en sede judicial no precisaron exactamente la fecha de aprobación de dicho reglamento y aseguraron que no se levantó acta alguna de la reunión convocada a tal efecto, aunque la voluntad unánime de todos los consejeros” era “la expulsión del denunciante”, señala el Juzgado.

"Voluntad clara" de expulsar a Sosa

El juez añade que “en el presente caso”, el reglamento del grupo nacionalista “expresaba la voluntad clara y manifiesta de todos los investigados dirigida a expulsar al denunciante del grupo político del que formaba parte”.

Así, la presentación del documento “como base en un expediente administrativo sancionador” a Sosa, “por más que no hubiera sido aprobado regularmente en una concreta sesión del grupo político, carece de relevancia penal, sin perjuicio de las consecuencias que el ámbito administrativo pudiera tener esta actuación”.

En el auto del juez Alonso, dictado este lunes, se acuerda sobreseer provisionalmente y archivarla causa, si bien cabe recurso de reforma ante el propio Juzgado o de apelación ante la Audiencia Provincial.