El juicio del caso Jable se acerca. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha acordado la recusación de dos magistrados, Carlos Vielba y María Belén Sánchez, por haber participado en otro juicio que se derivó del “tronco común” del caso Unión.

En el auto, al que ha tenido acceso Diario de Lanzarote, se explica que de la instrucción del caso Unión  que se inició en el año 2008 en el Juzgado número cinco de Arrecife, se desgajaron varias piezas separadas.

Dos de los acusados en el caso Jable, Dimas Martín, expresidente del PIL, y Rafael Arrocha, exjefe de la Oficina Técnica del Ayuntamiento de Arrecife, ya fueron enjuiciados por Vielba y Sánchez en otra causa que se derivaba del caso Unión.

En el caso Jable se enjuiciará el presunto cobro de comisiones ilegales por la adjudicación del contrato de la recogida de basura en Arrecife a la empresa Urbaser y por la construcción del pabellón de Argana, que se entregó a la compañía FCC.

En el caso Jable hay 13 acusados y, además de Dimas Martín y Rafael Arrocha, se sentarán en el banquillo la exalcaldesa Isabel Déniz y el exsecretario municipal Felipe Fernández Camero. La acusación considera acreditado que solo Urbaser pagó al menos 757.000 euros en sobornos.

Para evitar que las defensas pudieran alegar que el tribunal del caso Jable está contaminado, la Fiscalía solicitó la recusación de los magistrados Vielba y Sánchez, que como integrantes de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial celebraron en 2019 otro de los juicios del caso Unión, relacionado con la red de cobro de comisiones en Arrecife y que culminó con condenas.

El nexo común entre aquel procedimiento, que confirmó la existencia de una trama para el cobro de comisiones, son dos de los acusados citados: Dimas Martín, que fue condenado a siete años y cinco meses de cárcel por asociación ilícita, malversación de caudales públicos en concurso con delitos de fraude y prevaricación, así como un delito de cohecho, y Arrocha, que aceptó una multa por un delito de revelación de información reservada.

En un auto del TSJC se reconoce que en el caso Jable se van a “enjuiciar conductas conexas de la pieza principal, ya enjuiciada”, y que ambos condenados en la otra pieza, relacionada con una red de cobro de comisiones ilegales en el Ayuntamiento de Arrecife tras las elecciones de 2007, vinculada al PIL, se sientan también en el banquillo del caso Jable, por lo que es “obvio” que “en los delitos conexos existe una vinculación entre las personas que los realizan”.

Además, los magistrados recusados ya resolvieron la “estrategia defensiva” de dos de los acusados en el caso Jable en la otra pieza del caso Unión. “No está de más”, destaca el TSJC, que la acusación introdujo, tanto en el juicio por el cobro de comisiones entre 2007 y 2009, como en el caso Jable, “el delito de asociación ilícita de la formación política PIL”.

El “contacto” de los magistrados recusados con la instrucción previa y común ha sido “suficientemente intenso” como “para suponer una posible puesta en duda de imparcialidad objetiva”, destaca el tribunal, en un auto que lleva la firma del magistrado Evaristo González, que concluye que “se pone en serio riesgo la imparcialidad de la Sala enjuiciadora”.

Con la estimación de la recusación, ahora se tendría que formar la Sala que celebre el juicio y fijar la fecha de la vista oral. En una resolución de este pasado 1 de junio, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial se ordenó remitir oficio al presidente del órgano judicial, Emilio Moya, “con el fin de que se designe nuevo tribunal”.

El fiscal Anticorrupción Javier Ródenas también reiteró este pasado mes de mayo la necesidad de “impulsar el procedimiento” del caso Jable, “que lleva más de cinco años en la fase intermedia”, desde que se dio por concluida la instrucción. Ródenas también se quejó del “notorio y excesivo plazo” desde que se presentó la recusación contra los magistrados Vielba y Sánchez, a comienzos de 2021, y se ha tomado una decisión.

Otras recusaciones

La decisión de apartar a los magistrados Vielba y Sánchez para salvaguardar objetivamente que los acusados no puedan alegar que no estaban ante un tribunal imparcial no ha sido la primera recusación que se presentó en la causa. El TSJC ya había tardado, previamente, dos años y medio en rechazar otra recusación, del acusado Felipe Fernández Camero, que presentó en octubre de 2017.

En concreto, Fernández Camero alegó que los magistrados Pilar Parejo, Nicolás Acosta y Pilar Verástegui no podían garantizar su independencia judicial porque habían resuelto apelaciones en seis ocasiones en alguna de las piezas relacionadas con este caso. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias formó una sala especial para decidir sobre este expediente de recusación, presidida por Antonio Doreste y formada por otros cinco magistrados y magistradas más, con Humberto Guadalupe como ponente.

La Sala decidió en el año 2020 rechazar esa recusación: “Los miembros recusados se limitaron a efectuar un control de legalidad validando las razones expuestas en la resolución judicial recurrida sobre aspectos materiales y procesales sin entrar en la actividad propia de instrucción e investigación y limitándose a confirmar las relaciones expuestas por el tribunal sin inmiscuirse en la instrucción o tomas de postura acerca de su culpabilidad y remitiendo la mayoría de las cuestiones la juicio oral”.