La Guardia Civil del Puesto Principal de San Bartolomé, en Lanzarote, ha procedido a la investigación formal, por la comisión de un presunto delito de favorecimiento de la inmigración ilegal, a siete trabajadores del centro de menores inmigrantes no acompañados, además a uno de ellos se le atribuye también la presunta autoría de un delito de relevación de secretos.

El centro de menores inmigrantes no acompañados en cuestión se estableció el pasado  2018, con motivo del aumento de  llegada de pateras a las costas de Lanzarote con inmigrantes a bordo.

Durante los meses de mayor ocupación fueron unos 140 los inmigrantes internos y 47 los trabajadores del equipo multidisciplinar del centro.

En la mayor parte de los casos los inmigrantes irregulares fueron internados a la espera de la realización de las correspondientes pruebas óseas que determinasen pericialmente su edad, ya que en caso de decretarse la condición de menores de edad se iniciaban los trámites para regularizar su situación administrativa en España -tal y como establece la Ley Organiza 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España- y su integración social,  pero en caso de ser mayores de edad serán devueltos a sus países de origen.

La investigación comenzó por diversas informaciones sobre irregularidades recogidas por los agentes en el marco de la labor de control y seguimiento que realiza la Guardia Civil sobre este tipo de centros al encontrarse en su demarcación territorial.

En las averiguaciones resultaron de máxima relevancia las declaraciones de parte de los mismos trabajadores y extrabajadores del centro de internamiento en cuestión.

Entramado delictivo

De esta manera, las pesquisas policiales pudieron concretar indicios sobre el entramado delictivo y es que, al parecer, siete trabajadores del centro facilitaron en varias ocasiones datos sobre el resultado de las pruebas óseas a los internos, ayudándolos posteriormente a fugarse del recinto y así evitar la devolución -antes de que los fuesen a recoger agentes de extranjería de la Policía Nacional- a sus respectivos países de origen, tal y como establece la legislación española para los inmigrantes mayores de edad interceptados accediendo al país de forma ilegal por lugares no habilitados. 

La Guardia Civil detectó también que, en ocasiones, algunos de estos trabajadores presuntamente dificultaron la labor de búsqueda de los fugados,  un total de 42 entre los meses de octubre de 2018 y febrero de 2019, cuando finalmente fue ordenado su cierre, ya que  aportaban datos erróneos cuando presentaban la denuncia por fuga, tales como  falsas ropas o características concretas de los evadidos, demorando los tiempos de comunicación de las fugas hasta 10 días, permitiendo dormir en el centro a los evadidos sin comunicar su aparición a las fuerzas y cuerpos de seguridad, o  escondiéndolos cuando llegaba la Policía Nacional a recogerlos tras conocer las pruebas óseas.

Finalmente, tras reunir los indicios suficientes sobre la autoría de los hechos y las circunstancias de los mismos, se procedió por parte de la Guardia Civil a la investigación formal en presencia de letrado  por la comisión de supuestos delitos de favorecimiento de la inmigración ilegal a siete trabajadores del centro de menores inmigrantes no acompañados de La Santa, además de que a uno de ellos se le atribuyó también la presunta autoría de un delito de revelación de secretos,  al ser responsable de velar por la confidencialidad de la información acerca de los resultados de las pruebas óseas de los internos que se le remitía al centro.

Las actuaciones practicadas y los investigados  han sido puestas a disposición del correspondiente Juzgado, en funciones de guardia, de la localidad de Arrecife.