El presidente del Cabildo de Lanzarote, Pedro San Ginés, señaló esta mañana en rueda de prensa sobre su procesamiento en la causa por la incautación de la planta potabilizadora de Montaña Roja, que “ de manera objetiva, si la causa se mantiene es exclusivamente por una acusación política, la del partido Podemos”. El Juzgado de instrucción número 2 de Arrecife ha decidido abrir juicio oral por prevaricación administrativa contra San Ginés, el secretario del Cabildo, Francisco Perdomo y el ex gerente del Consejo Insular de Aguas, José Juan Hernández Duchemín.

San Ginés, que estuvo rodeado por compañeros de partido, volvió a repetir los mismos argumentos que ha dicho hasta ahora. Insistió en que adoptó la decisión que consideró “más justa y adecuada”y que tanto el secretario de la Corporación y del Consorcio como el asesor legal externo del Cabildo, Ignacio Calatayud, han declarado en sede judicial que se podía incautar sin necesidad de informes, “aunque lo hubo verbal” ni de orden judicial. Añadió que ambos actuaron “compelidos por el Diputado del Común y el Gobierno de Canarias, quienes venían anunciando su intención de llevarnos a la Fiscalía por inacción ante una actividad ilegal”.

Por otra parte, según el presidente, la incautación ha supuesto beneficios para el interés general porque ahora hay 5.000 vecinos de Yaiza “que cuentan con facturación legal y en igualdad de condiciones que el resto de vecinos de Lanzarote, y gracias al convenio firmado con Club Lanzarote el Consorcio del Agua dispone ahora de un canon de 400.000 euros que nos ha permitido, entre otras cosas, subvencionar el agua agrícola, ganadera y pesquera para que sea la más barata de Canarias”.

Recordó además que en el citado convenio“la entidad denunciante (Club Lanzarote) reconoce “tanto su retirada del caso como que su actividad era ilegal y que no podía vender agua, lo que provocó que la propia Fiscalía solicitase el archivo provisional de la causa”.