Una de las consecuencias de la nueva Ley del Suelo que mayor impacto puede provocar en Lanzarote tiene que ver con los usos que se permiten en el suelo rústico. El proyecto de ley que se debate en el Parlamento, y que más contestación social ha tenido para el Gobierno de Fernando Clavijo, establece en el suelo rústico, como uso complementario, las actividades turísticas. La finalidad, según se justifica en la propia ley, es generar “renta complementaria” a la actividad principal, básicamente la agricultura y la ganadería.

Esa puerta abierta al desembarco del turismo en el campo y a la implantación de establecimientos alojativos en suelo rústico, ha encendido el debate sobre la Ley del Suelo, de forma especial en Lanzarote. En el último Consejo de la Reserva de la Biosfera, el presidente del Cabildo, Pedro San Ginés, dijo que se comprometía a liderar el criterio de oposición de Lanzarote al establecimiento de camas turísticas, una posición que afirmó que “gran parte de la sociedad lanzaroteña comparte”.

“En particular”, abogó por “eliminar la posibilidad de establecer camas turísticas de nueva construcción” en suelo rústico y, “en el peor de los escenarios, dejar a decisión de los planes insulares si éstas cabrían o no” en edificaciones ya construidas “en el ámbito rural”.

Las enmiendas que los diferentes grupos políticos acaban de registrar en el Parlamento a la Ley del Suelo no despejan la incertidumbre. Las presentadas por Coalición Canaria, que ha impulsado la ley, añaden la formalidad de que un uso complementario como el turístico sólo pueda ser autorizado a cooperativas agrarias, sociedades agrarias de transformación, agricultores o ganaderos profesionales.

“En cuanto a los usos turísticos alojativos”, detalla la enmienda de CC, “corresponde al planeamiento insular”, en manos del Cabildo, “su admisión y regulación”. También determina que los establecimientos turísticos no puedan “ocupar más de 250 metros cuadrados ni disponer de más de seis camas o tres unidades alojativas”.

En el caso de Lanzarote, el Plan Insular de Ordenación (PIO) en vigor se remonta a 1991 y el urbanista José María Ezquiaga acaba de retomar la revisión del planeamiento, que se le contrató por primera vez en 2007, sin que se haya pasado de la fase de avance.

No obstante, durante el proceso de revisión del PIO ya se planteó abrir la mano y permitir establecimientos alojativos de entre 30 y 50 plazas en núcleos del interior y del litoral de la Isla, así como establecimientos “en suelo rústico” destinados “al disfrute del patrimonio natural” y con una capacidad máxima de 20 plazas.

La formación política que más cuestiona el uso alojativo en el suelo rústico es Nueva Canarias. En sus enmiendas a la Ley del Suelo destaca que el uso turístico es el que “debe tener una regulación más restrictiva”. Para el partido de Román Rodríguez, autorizar el alojamiento turístico resulta una “temeridad” que “colonizará” de instalaciones alojativas el campo y “terminará desplazando la actividad agraria a la que se supone pretende complementar”.

En el Consejo de la Reserva de la Biosfera se mostró el rechazo a la construcción de camas turísticas en suelo rústico, pero en el Parlamento no hay una posición unánime

Nueva Canarias hace hincapié en que “no se debe autorizar” la construcción de edificios para el alojamiento turístico en este tipo de suelo. De ahí que considere al turismo un “uso impropio” que sólo podría ser admitido “excepcionalmente” y limitado a edificaciones ya existentes de valor etnográfico o arquitectónico que estén protegidas por Patrimonio.

También el Partido Socialista acota en sus enmiendas a la Ley del Suelo el uso turístico alojativo para las edificaciones en suelo rústico, “de valor etnográfico o arquitectónico”, que han sido rehabilitadas o reconstruidas.

Por su parte, Podemos sólo ve viable “el turismo rural” en inmuebles de valor patrimonial que, como plantean los socialistas, hayan sido rehabilitados. “El valor de los ecosistemas” que hay en el suelo rústico, y su “significación” cultural y económica, “obligan a regular con sumo cuidado” los usos que se permiten y en especial las actividades turísticas, argumenta el grupo de Podemos en sus enmiendas.

Ni Partido Popular ni la Agrupación socialista gomera de Casimiro Curbelo, las dos fuerzas que han venido prestando apoyo puntual en el Parlamento a Coalición Canaria, y que han evitado que el Gobierno de Clavijo quede a merced de PSOE, Podemos y Nueva Canarias, han considerado relevante enmendar en este aspecto a la Ley del Suelo, que sigue quemando etapas en la Cámara autonómica. El debate está servido.