19
Jun
2015
Saúl García

“En consecuencia, no puede hablarse ni en cuanto al auto ni en cuanto a los mandamientos, de falsedad de los mismos”. La frase es clara. Es una de las últimas de un auto del TSJC (consúltelo aquí) por el que no se admite a trámite una querella de Luis Lleó contra los instructores del caso Unión. Deja lugar a pocas dudas, pero aun así en Canarias 7, en el antetítulo, se asegura que el tribunal “reconoce que se falsearon papeles”. Lancelot Digital da un paso más y titula: “El TSJC reconoce que se falsificaron órdenes judiciales para pinchar teléfonos en el caso Unión pero no aprecia delito”. Sorprendentemente cuelgan el auto y hacen a los lectores una invitación que no han cumplido ellos mismos, que es la de leérselo. Y es evidente que no lo han hecho porque han copiado gran parte de  la noticia del otro periódico (como han venido haciendo en todas las noticias en las que han decidido ejercer de altavoz de los imputados del caso) y porque, si lo hubieran hecho, se habrían dado cuenta de que una de las frases entrecomilladas que elige el redactor de Canarias 7 y que Lancelot repite, no está en el auto. Y como no está, no se puede entrecomillar.

Para justificar que el auto dice lo que no dice, se opta por entrecomillar la siguiente frase: la Sala reconoce que “se falsearon los sellos, el papel y el lugar en el que se elaboraron”. Si ustedes encuentran la frase, avisen.

La Sala nunca ha podido decir eso porque ha inadmitido la querella y no entra a valorar las pruebas. Cuando habla del papel y de los sellos (que, por cierto, fue el sello oficial durante varios años en la provincia occidental) se refiere a la querella. Dice el auto literalmente: “No hay falsedad  en su contenido. La falsedad se refiere solo y únicamente a las formas del documento en sí: a los sellos del Juzgado, al papel en el cual se realiza y al lugar en el cual se confecciona”. Y como la Sala considera que esos no son elementos esenciales del documento, y que el contenido es verdadero y quien los dicta es quien debía dictarlo, pues no entra a valorar si son o no son falsos.

En la escalera de errores y manipulaciones que podemos hacer los periodistas hay varios escalones entre la mala praxis y la mentira pura y dura. En este caso, se han subido todos los escalones de dos en dos… para no llegar a ningún sitio.

El intento de cargarse el caso no ha funcionado y es muy probable que la estrategia judicial tampoco. De momento hay dos sentencias y hay pruebas más que claras en casi todas las piezas. Repasen los casos de corrupción en otros sitios a ver si encuentran una lista tan larga de personas que hayan confesado los hechos.

Pero estamos hablando de periodismo, que es un campo más flexible que el judicial. Una sentencia busca la verdad y un artículo persigue la veracidad. Sin embargo, en un juicio, un imputado puede mentir mientras que un periodista no puede hacerlo. O mejor dicho, puede hacerlo pero no debe, y si lo hace debe estar expuesto a las consecuencias. Una mentira no es ni una interpretación distinta ni una opinión válida.

En este caso, uno de los imputados ejerce desde hace tiempo sus derechos, hasta el límite, para evitar ser condenado, y es un síntoma de que estamos ante un sistema garantista para los acusados (sobre todo si tienen dinero). Al fin y al cabo, hace bien: se defiende a sí mismo. Se defiende atacando, porque tiene muy difícil argumentar que es inocente, pero se defiende. Lo que sí es lamentable es que haya otros que no se defiendan a sí mismos, sino a otros, cuando no deberían defender a nadie, y se permitan el lujo de mentir tan descaradamente.

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