2 COMENTARIOS 05/07/2014 - 10:03

¿Ya no hay nada qué hacer? El Ministerio de Medio Ambiente ha dado luz verde al estudio de impacto ambiental de las prospecciones, el Tribunal Supremo también ha dicho que la tramitación administrativa fue correcta y sólo queda que la Dirección General de Industria, Energía y Minas dé el visto bueno definitivo y que lo apruebe el Consejo de Ministros, lo que posiblemente ocurra en breve. Pues además de esta última, claro que quedan cosas por hacer. Veamos.

Desde el punto de vista jurídico, aunque el presidente del Gobierno haya anunciado un recurso al Tribunal Constitucional, el recorrido parece que no será muy largo. El Tribunal Supremo avala el procedimiento y, aunque haya dos votos particulares, parece que ha hablado claro, mientras que el Constitucional no tiene mucho que decir: las competencias en hidrocarburos está claro que son del Gobierno, y no parece viable que acepte que se haya lesionado un derecho fundamental, como no sea el derecho a la tutela judicial efectiva. Lo mismo ocurre con el incidente de nulidad ante el Tribunal Supremo. Donde podría haber más recorrido es en la impugnación del permiso, cuando se apruebe, haciendo hincapié en la declaración de impacto ambiental.

Desde el punto de vista político, queda la política: presión institucional a distintos niveles, la celebración del referéndum anunciado por el Gobierno de Canarias en octubre, el trabajo en la Unión Europea por el Lugar de Interés Comunitario donde se van a hacer los sondeos… y por supuesto, las elecciones. Si las prospecciones se acaban haciendo contra la opinión mayoritaria de los ciudadanos de las islas orientales, una consecuencia lógica sería el castigo electoral a quienes las han apoyado. Y también queda lo peor de la política: la instrumentalización, a su favor, por parte de unos, del rechazo a las prospecciones, y la visión, corta e interesada, por parte de los otros, de que esos partidos manipulan a los ciudadanos, además de la insistencia en denunciar su incoherencia porque algunos dirigentes de CC y PSOE estuvieron o están a favor de las prospecciones. Algunos dirigentes del PP insisten en que “no se ha sabido explicar bien el asunto” y después se preguntarán de dónde viene el alejamiento hacia viejas formas de hacer política.

Y queda el punto de vista de la oposición ciudadana, que ya ha dado frutos. Aunque no sea consuelo, gracias a la presión se ha obligado a unos a extremar su rechazo y a los otros, a Repsol, en este caso, a extremar sus previsiones. Entre las primeras medidas ambientales, que eran un manual de primeros auxilios en corta y pega y el último estudio de impacto ambiental, hay un abismo. Si no se pueden parar los sondeos habrá que exigir, con lupa, que se cumplan escrupulosamente las máximas condiciones de seguridad para que no haya ni accidentes ni vertidos.

Es en esta oposición donde queda más recorrido. Este miércoles, en una rueda de prensa de “Canarias dice no a Repsol” se anunciaba un nuevo escenario de acción utilizando tres herramientas: inteligencia, diálogo y democracia y destacaban que “somos los que podemos elegir con qué entidades bancarias gestionar, podemos seleccionar con qué empresas y comercios trabajar y en unos pocos meses, tendremos el derecho a votar”. Es una forma de castigo, pero además de eso se podría aprovechar toda esa energía ciudadana que se ha unido en los últimos meses para rechazar las prospecciones para que se mantenga unida y trabajando, en primer lugar, y para presionar socialmente y políticamente para construir una sociedad más participativa y más democrática. Sería un desperdicio dejar que se desinfle sin poder encontrar algún otro punto de unión que no sea sólo el rechazo a Repsol. Algunas fuerzas emergentes o nacidas del movimiento ciudadano tienen la oportunidad, o la obligación de canalizar gran parte de esa energía.

Porque sí, los sondeos pueden ser un problema medioambiental si se hacen, y también se pueden convertir en un problema económico terrible si hay un desastre porque se derrumbaría la industria turística. Pero lo que ya son, hoy mismo, es un problema democrático. Suponen la imposición de un proyecto en el que los riesgos son asumidos por el interés general mientras que los beneficios se derivan hacia un interés particular. Y se han  tramitado de forma legal, por supuesto, pero antidemocrática, desoyendo una opinión mayoritaria de las islas orientales y posiblemente del resto de las islas. Y si las reglas permiten que se pueda hacer esto legalmente, pues habrá que cambiar las reglas y a los que las regulan. O eso o fletar una procesión de barcos para visitar el lugar de las prospecciones coincidiendo con su inicio. O las dos cosas.

Comentarios

Las prospecciones no son legales, puesto que las aguas no son de soberanía española. Y en segundo lugar todavía queda otro recurso que sería la descolonización de Canarias y ahí si que podríamos decidir sobre nuestras aguas.
Una cosa es prospectar, o sea enterarse si hay gas, o petróleo, y otra extraerlos. Esperemos que prospecten. Si hay gas ya veremos si nos oponemos o no, a que lo extraigan, porque mucha marea negra no va a producir. Si hay petróleo, malo para nuestros intereses turísticos, sólo, para los turísticos. De resto nada va a cambiar porque vivimos escandalosamente dependientes de ese recurso fósil y no parece que nada vaya a cambiar para convertirnos en una comunidad sostenible, esa comunidad que no sólo no quiere que se lo extraigan a la puerta de su casa, sino que no lo saquen delante de la puerta de la casa de nadie por muy lejos que viva. No se trata de que no saquen el petróleo aquí sino que demandemos utilizar los recursos naturales en todos lados.

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