29
Mayo
2015
Saúl García

Acaba de terminar la instrucción de la primera de las piezas principales (la otra es la de Urbaser) de la operación Unión. Han pasado exactamente seis años desde las primeras detenciones. También ha pasado exactamente una legislatura y media en la que ha cambiado (o no tanto) el panorama político insular. La operación que hizo que cayera la venda que no dejaba ver una corrupción que se olía a distancia y que estaba arraigada en las administraciones de la Isla (y no sólo en el Ayuntamiento de Arrecife) está casi lista para juzgarse. No hay rastro de conspiraciones, ni amaños, ni operaciones políticas ni cuentos chinos. Hay, eso sí, muchas pruebas. En el auto de apertura de juicio oral se describen 112 diligencias “sin ánimo de exhaustividad”, según señala la juez Silvia Muñoz, para llevar a juicio a quince personas.

En ese auto se considera que Dimas Martín y tres miembros más del PIL formaban una asociación ilícita, que se dedicaba, con la ayuda inestimable de tres funcionarios: la jefa de contratación (hija de Dimas), el jefe de la oficina técnica y el interventor, a llevarse dinero del Ayuntamiento y de comisiones solicitadas a empresarios que contrataban con el Ayuntamiento.

Hay seis empresas implicadas: Hercasa, que sirvió de cebo (y que no estaría de más que se revisara cómo había conseguido contratos de limpieza hasta que le llegaron a deber 1,3 millones, ya que su dueño fue afiliado del PIL), La Palmita (del hijo de una concejal del PSOE en Las Palmas, que tuvo 21 contratos de decoración y plantas por casi 300.000 euros), Infogelan (una empresa sin pasado con 1,2 millones y 94 contratos), Construcciones Reina, con 84.000 euros, Samyer (de Lemes, también vinculado históricamente a Dimas, a quien le dieron una obra que ya había hecho otra empresa), Enac (cuyo administrador también es funcionario del Cabildo y tenía, supuestamente, información privilegiada), y, para rematar, Juan Francisco Rosa, acusado de simular un contrato de trabajo a Dimas para que obtuviera el tercer grado, y que pagó 60.000 euros en las campañas de 2003 y 2007, aunque esto no es delito.

La cuestión, o una de las cuestiones, es que el auto de apertura de juicio oral llega en un momento ideal para hacer memoria, en un momento en que se están negociando nuevos pactos y en que, de nuevo, el PIL aparece como la llave de la gobernabilidad para cerrar un pacto entre PSOE y CC.

El auto de una de las piezas principales de Unión llega en un momento ideal para hacer memoria, con el PIL como llave de la gobernabilidad

Hace ocho años, el PSOE también ganó las elecciones en Arrecife y tenía la opción de pactar con la CC de María Isabel Déniz o con el PIL de Dimas Martín. Bonitas opciones. También cabía la posibilidad de no optar por ninguno, pero ya se sabe eso de la responsabilidad y de que el PSOE es un partido de gobierno. La operación Unión demostró luego lo que el sentido común demostraba ya entonces: que ninguna de las opciones era buena. Pero el PSOE insistía, sobre todo en privado que Dimas ya no estaba, que los cargos estaban renovados, que era gente nueva y, finalmente, que a Dimas, que estaba en la cárcel, lo podrían controlar. No se cumplió ninguna de estas premisas, entre otras cosas por incomparecencia en el terreno de juego del titular del campo. Siendo muy generosos, el PSOE no quiso saber lo que estaba pasando.

Ahora no hay que elegir entre CC y PSOE, hay que comprar las dos opciones. Y como siempre, hay, al menos, otra opción más: gobernar en minoría (como se ha gobernado en los tres últimos años) apoyándose (haciendo política) en las formaciones a la izquierda, aprovechando que el electorado ha dado un toque de atención para girar a la izquierda.

La situación no ha cambiado tanto y sigue siendo un buen momento para tropezar por enésima vez en la misma piedra. Dimas sigue en tercer grado aunque ya tiene otra condena más, ha dado muestras sobradas de que es incapaz de reinsertarse, ahora se le acusa de asociación ilícita, en el Ayuntamiento siguen los tres funcionarios acusados (una es su hija), aunque alguno con distinta responsabilidad y los concejales del PIL ya no son nuevos (Isabel Mesa ya fue concejal y Fabián Martín sigue siendo su hijo, aunque insiste donde le quieren oír que no es una marioneta de su padre). Pactar con el PIL siempre será pactar con Dimas pero seguro que salen voces en el PSOE defendiendo que el líder histórico ya no pinta nada y que no tiene margen de maniobra. Que serán los mismos que digan luego que cómo iban a imaginarse que se podían estar haciendo negocios ilícitos ante sus narices.

Claro que, con un candidato imputado en el caso Montecarlo que no ha dado una sola explicación sobre los hechos de los que se le acusa, tampoco es que el PSOE esté para dar lecciones a nadie.

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