Poco han tardado en llegar, después de la primera condena del caso Unión, nuevas noticias sobre la instrucción propiciadas por uno de los principales imputados, Luis Lleó, que se agarra a un clavo ardiendo para intentar que no se le condene. La Audiencia ha aceptado que se incluyan en el sumario unas pruebas que no había aceptado la juez instructora. Es decir, lo normal en cualquier instrucción. De ahí a anticipar el resultado de esas pruebas o su validez en un juicio o la influencia que tendrán en la anulación o no de parte del caso, es mucho anticipar.

La cosa se resume fácilmente: Lleó insiste en su cruzada de que todo fue un montaje, una trama criminal organizada entre la UCO, el juez, la Fiscalía... Todo estaba montado. Eso sí, no se sabe bien para qué. ¿Para acabar con él, que no era nadie?

Para intentar demostrar esa trama, el ínclito empresario (ayudado por los que le siguen la corriente) quiere obtener pruebas que la sostengan. Y una de ellas sería demostrar que el juez firmaba las prórrogas de los pinchazos telefónicos cuando estaba de vacaciones.

Para el común de los mortales, esto demostraría el celo del juez, que incluso trabajaba en vacaciones, además de una dosis de responsabilidad para no frenar o demorar la investigación policial, pero para quien se juega seis años de cárcel, esto demuestra que todo era mentira, que los pinchazos se hacían primero y se firmaban después.

Lo curioso del asunto no es esto, sino que Lleó solicitó a la secretaria de gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que le certificara los periodos de vacaciones del juez instructor, y la secretaria, que no es una superiora jerárquica de los jueces ni tiene ámbito jurisdiccional, sino sólo organizativo y es un cargo que depende directamente del Ministerio de Justicia, no sólo le certificó esos periodos sino que también le facilitó los periodos de baja y prácticamente toda la vida laboral del magistrado. Y todo ello, solicitándolo “a efectos de interponer querella” contra el juez. Y como en esos periodos hay autos firmados por el juez, la conclusión, según parece, no puede ser otra que la que lleva irremediablemente a la teoría de la conspiración, y de rebote a que se anulen los pinchazos telefónicos y yendo más allá, a que se anule todo el caso Unión y de paso, si es posible, se aparte de la carrera judicial, de la fiscalía o la Guardia Civil a los responsables de haber osado trabajar en vacaciones.

Y ustedes se preguntarán por qué les cuento todo esto. Pues es bien sencillo. Por si no lo saben, una de las misiones del periodismo es aportar información útil a los ciudadanos, y por si no se han dado cuenta, ustedes mismos tienen derecho a que les faciliten todos los datos necesarios sobre la vida laboral del juez que les esté investigando o que les vaya a investigar. Prueben, prueben, ya verán cómo se los facilitan sin problemas...