10
Abr
2015
Saúl García

“El poder judicial está secuestrado en España”. La madre de la corrupción está en el poder judicial. “Hay jueces y fiscales que siguen la consigna de los de arriba para prosperar”. La Justicia es como una tela de araña: atrapa a los mosquitos pero deja pasar a los elefantes”. Los procedimientos para combatir la corrupción a nivel judicial son todavía artesanales”.

Todas estas frases las han pronunciado jueces: Elpidio Silvia, Miguel Ángel Torres (instructor del caso Malaya), José Antonio Martín Pallín y Baltasar Garzón. Sólo uno sigue en ejercicio: a dos los han apartado y uno se ha jubilado. No les aburriré con la cantidad de casos donde el Poder Judicial no da la talla, pero recuerden el caso Fabra y sus nueve jueces instructores, el caso Palau y sus siete jueces, la inminente retirada de Ruz de la Audiencia Nacional, la jubilación forzosa del juez Castro o las zancadillas del caso Unión, sin ir más lejos.

Comprenderán ustedes que si los jueces tienen la impresión de que algo huele mal en la Justicia, el hedor llegue hasta el ciudadano de a pie. La corrupción judicial (o en el ámbito judicial), en todo caso, no es más que una pata, importante eso sí, de la corrupción en mayúsculas. Es el perro guardián de la plutocracia, porque en este país la separación de poderes sólo existe en la Constitución. En los tribunales (no en los Juzgados de instrucción, sino más arriba) lo que existe son consignas y adhesiones. Un magistrado no decide frenar o archivar una investigación para su propio beneficio sino para el de aquellos que le pueden devolver el favor. 

Algunos abogados, jueces y fiscales son o están al servicio de la ya famosa casta. Son imprescindibles, pero suelen ganar menos dinero que aquellos entre los que se mueven. Y eso duele. Necesitan estar a la altura. Acuérdense del presidente del Poder Judicial, Carlos Dívar, y sus escapadas a Marbella.  

A otros se les fue un poco más la mano. Ángel Aguallo era letrado del Tribunal Constitucional y cobró al menos 75.000 euros de Luis Lleó por asesorarle, según la UCO, para pagar menos impuestos. Ahora sabemos que también asesoraba a Urdangarín aunque ya había ascendido: es miembro del Tribunal Supremo.

En la investigación de Unión se descubrió que Ubaldo Becerra se reunió con César García Otero, magistrado del TSJC, para consultarle sobre el parking Islas Canarias. La cosa no llegó a nada, pero a usted, querido lector, no le hubieran recibido. Además de Aguallo, en Unión aparecía también Ignacio Sánchez Yllera, que asesoró y cobró y que fue jefe de gabinete de Teresa Fernández de la Vega. También se pidió la imputación del catedrático Rafael Entrena Cuesta, que hizo un informe favorable a Lleó para legalizar Costa Roja que pagó el Ayuntamiento de Yaiza. El hijo de Entrena es la actual pareja de la vicepresidenta de la Generalitat catalana, Joana Ortega. El hermano de Entrena tiene un bufete con Enrique Arnaldo Alcubilla, ex vocal del Consejo General del Poder Judicial que estuvo imputado en el caso Matas, a quien contrató cuando dejó la política. Si quieren más enredo, sepan que el mismo abogado del socio de Urdangarían, Diego Torres, defiende a Dimas Martín, que tuvo como abogado en el pasado a Cristóbal Martell, el actual abogado de Pujol y de Messi. Ya ven que en ciertos ámbitos de poder pasa como en los pueblos, que se conoce todo el mundo. 

A Aguallo, Entrena y Sánchez Yllera no les han seguido investigando en Unión porque las pruebas contra ellos se obtuvieron en el registro de la oficina de Lleó, cuyo auto fue anulado a pesar de que no era el auto original. Ese auto y la puesta en liberad de Isabel Déniz son las únicas diferencias entre la instrucción del caso y las decisiones de la Audiencia provincial, que ha validado todo lo demás.

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