A las horas en que leen ustedes este artículo (si es que leen el artículo a esas horas), uno de los vecinos de las casas de Argana que pertenecían a la Iglesia (las casas, no los vecinos, aunque visto el resultado...), habrá dejado de ser vecino de esa casa, a la que llegó a vivir cuando tenía tres o cuatro años. Los otros dos, Marcial y Pilar, probablemente tampoco esperen al 23 de mayo, cuando deben abandonarla, para mudarse de casa, después de vivir en esa vivienda durante 65 años.

La creación del dinero, el derecho a la propiedad privada o el derecho a una tutela judicial efectiva para evitar la indefensión se supone que son avances de la civilización y de los derechos individuales. En este caso sólo han funcionado los dos primeros. El tercero simplemente no se cumple, y en muchas ocasiones, porque se ponen por delante los otros dos. Que el dinero se ha colocado como valor social máximo y único es evidente. O más que el dinero, la plusvalía. Se da como legítimo cualquier aumento del valor de algo que sea susceptible de compra o venta, aunque esté basado en la especulación, en el engaño o aparezca manchado de sangre. Nadie renuncia a la plusvalía.

La Iglesia, que compró de saldo esos terrenos donde están las casas, que consiguió una donación disimulada (compró por 2.500 pesetas y escrituró un año después por más de un millón en 1960), que no puso un duro para construir las viviendas, se considera legitimada para vender las casas sin pedir permiso, sin consultarlo con los inquilinos y sin dar explicaciones de para qué quiere el dinero. Es la misma Iglesia que pide dinero sin rubor, que apela a la humanidad y solidaridad y que predica que hay otros valores más allá del dinero.

El asunto, entre gente de bien, hubiera sido así de sencillo. Ante una oferta de compra del suelo, la Iglesia podía haber consultado a los inquilinos, preguntarles si estaban dispuestos a irse y a qué precio. Si la respuesta hubiera sido negativa, pues se acabó la negociación. Y sin embargo acudió a los hechos consumados: informó de que se iban a vender las casas sin contar con nadie y alegó después que se dieron opciones de realojo a los inquilinos y de que la venta estaba condicionada a ese realojo. Ni la Iglesia ni la empresa Juan Antonio Rivera-Iveco han aportado una sola prueba documental en los juicios de ese supuesto compromiso o de las ofertas que se hicieron. Y a pesar de esta evidencia, los distintos portavoces de la Diócesis han repetido esta mentira durante años. Nada que no se resuelva en el futuro con un arrepentimiento y una confesión.

¿Y qué decir de la empresa? Hace un mes, en conversación telefónica con un portavoz se me instó a tener una entrevista personal para aclarar toda una serie de mentiras porque las cosas no eran como se estaban contando. Se me dijo que esperara una llamada para fijar el día y la hora. Aún se lo están pensando.

Tampoco se sabe para qué quieren todo ese terreno y seguro que su versión es que en todo este tiempo, desde que lo compraron en 2006 han perdido ya mucho dinero. Pero, lamentablemente, en este proceso, de todo lo que han perdido, el dinero es lo que menos valor tiene.