07
Jun
2017
Saúl García

La Audiencia Nacional validó las grabaciones iniciales de Gürtel, a pesar de que habían sido hechas sin conocimiento del Juzgado ni la Policía, mientras que el juez Alba anula las del caso Unión, que tenían control policial y judicial.

El caso Gürtel, uno de los mayores casos de corrupción de España, que se dividió en varias causas, ya tiene una sentencia condenatoria. Durante su instrucción tuvo que salvar varios escollos para que algunas pruebas y las grabaciones iniciales resultaran válidas. A pesar de que la Audiencia Nacional confirmó la validez de las grabaciones en junio de 2013, durante la vista oral del primer juicio, algunos acusados seguían insistiendo en que las grabaciones estaban manipuladas, que se había roto la cadena de custodia y que se obtuvieron de forma ilegal, vulnerando el derecho a la intimidad de los afectados.

A los iniciados en el caso Unión les sonarán estos argumentos. Son los mismos en los que ha estado insistiendo durante años uno de los principales acusados del caso, Luis Lleó, con la ayuda inestimable de varios medios de comunicación y el respaldo reciente del juez que, en principio, debería presidir el Jurado que juzgará a Lleó en la Audiencia Provincial de Las Palmas, Salvador Alba.

Es el mismo juez que está siendo investigado por el TSJC (Tribunal Superior de Justicia de Canarias) por prevaricación, negociaciones prohibidas y coacciones a funcionarios públicos, por intentar fabricar una declaración en contra de la magistrada Victoria Rosell. El mismo juez para el que el promotor de la acción disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial acaba de solicitar la expulsión de la carrera judicial por una falta muy grave.

Alba, en un auto del pasado mes de abril, anuló como prueba las grabaciones de las conversaciones entre el ex consejero Carlos Espino y el empresario Fernando Becerra, en las que el segundo le ofrecía unos cuantos cientos de miles de euros por retirar un pleito para favorecer un proyecto urbanístico de Lleó. Espino había acudido a denunciar los hechos a la Guardia Civil previamente y estos decidieron darle una grabadora y registrar las siguientes conversaciones (las cuatro siguientes, con orden judicial) para poder demostrar el cohecho.

Lo que decía Alba en el auto era que, con esas grabaciones, se quebrantaba el derecho a la intimidad de Becerra e incluso de Lleó, que no participó en la grabación. También afirmaba que “no sólo no existía una investigación judicial de supuestos hechos delictivos, sino que ni siquiera existía una investigación policial”, y que Espino era un intermediario de la Guardia Civil.

El interés de los acusados en anular estas grabaciones no sólo está en las grabaciones, sino en la esperanza de que anulando el inicio del caso, se anule todo por completo. La cuestión es que tanto la Fiscalía como la Audiencia provincial ya han dicho que el comienzo del caso no son las grabaciones, sino la denuncia de unos hechos, que, además, se apoyan en unas grabaciones. En Gürtel, los acusados intentaron hacer lo mismo y tampoco les salió bien, por los mismos motivos.

Con esos argumentos, Alba se hubiera cargado el mayor caso de corrupción de España. Pero el juez instructor en el Juzgado central de instrucción nº5 de la Audiencia Nacional, al menos hasta 2015, era Pablo Ruz. Ruz dictó un auto en mayo de 2013 contra un recurso de Francisco Correa, muy similar al de Lleó, en el que validaba las grabaciones iniciales del caso Gürtel, lo que tiene un gran paralelismo con el caso Unión.

Las grabaciones iniciales de Gürtel ni siquiera habían pasado por la Policía. Fue José Luis Peñas, exconcejal del PP de Majadahonda, el que grabó hasta 15 reuniones que tuvo con Correa además de con otras personas, y con esas grabaciones acudió a la Udef de la Policía Nacional. El juez considera ahí, como en Unión, que el inicio del caso no son las grabaciones, sino la denuncia, y tanto el magistrado como después la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional dan validez a las grabaciones.

Según ese auto de Ruz, “no difiere el presente caso de otros múltiples validados por la jurisprudencia constante del TC y TS en los que un ciudadano obtiene una fuente de prueba, respecto de determinados presuntos delitos sobre los que se trata, en las conversaciones mantenidas a lo largo del tiempo con personas que pudieren razonablemente tener participación en los mismos. Y que actuando en cumplimiento de la obligación de denunciar delitos de los que un particular tenga conocimiento (impuesta por el artículo 259 y siguientes de la Ley de enjuiciamiento criminal), se provee de los medios para acreditar el objeto de su denuncia, aun cuando sea ocultándolos respecto de las personas o presuntos delincuentes a quienes se desea sorprender en su ilícito comportamiento. Tratándose, como ocurre en el presente caso, de medios –grabaciones de audio- que una ingente y constante jurisprudencia reputa como constitucionalmente legítimos, sin llegar en ningún caso a constituir tales actos delito provocado, o a integrar infracción criminal alguna por parte del denunciante”. Ni intimidad ni autorización judicial.

Ruz habla incluso de la “obligación” de denunciar delitos. La Sala de lo Penal confirmó después la validez de las grabaciones porque en ellas no hubo “presión, incitación o provocación” y los contertulios renunciaron “voluntariamente a su privacidad al exteriorizar sus opiniones y sus acciones con visos de delictivas en un ámbito tan sensible como el de la presunta corrupción residenciada en los aledaños del poder político”.

Sentencias contra el periodismo que alentó la teoría de la conspiración

Muchos de los argumentos sobre la cadena de custodia, la manipulación de las grabaciones, la validez de las escuchas, la connivencia entre Espino y los investigadores, o directamente, la conspiración para fabricar un caso por motivos que no están claros, se han estado aireando y alentando desde medios de comunicación con relación, directa o indirecta, con algunos de los imputados.

En mayo, esas teorías, amparadas en hechos falsos y sin la ratificación de los tribunales, han sufrido un contratiempo en forma de dos sentencias, una de un Juzgado de Arrecife y otra de uno de Puerto de la Cruz. Han condenado al periodista Francisco J. Chavanel, a su productora, El espejo de Jade, del programa El Espejo canario, a la editora de Canarias 7, a la de Lancelot y a la de Radio Faycán, en ambos casos, por una campaña de descrédito y desprestigio contra el fiscal de los casos Stratvs, Unión y Yate, Ignacio Stampa, y contra el primer juez instructor de Unión, César Romero Pamparacuatro.

Las sentencias son distintas y suman entre ambas 95.000 euros, que tendrá que pagar el periodista por las informaciones vertidas en su programa y en sus artículos de opinión. La primera considera que Chavanel emitía informaciones falsas, sin contrastar o que “noveló” los hechos. El juez considera que no queda acreditado que Stampa actuara de forma irregular, que llevara una mala práctica profesional, ni que fuera apartado de los asuntos que le habían encomendado.

En la segunda sentencia, la del juez Pamparacuatro, se hace un análisis pormenorizado de todas las informaciones. Algunas de ellas inveraces y sin sustento probatorio, como la que firmó Carlos Inza en Canarias 7, en la que afirmaba que el juez secuestró el procedimiento y estuvo dos años sin informar a la Fiscalía. Respecto a Chavanel destaca la sentencia que traspasó los límites de la crítica porque llegó a imputar al magistrado la comisión de varios delitos en el ejercicio de su función judicial.

18
Abr
2017
Saúl García

El Consejo General del Poder Judicial abrió en 2011 un expediente a un juez de Santa Cruz de Tenerife, Álvaro Gaspar, por redactar una sentencia en verso que se apartaba de los cánones jurídicos y suponía "un agravio personal de un juez a un ciudadano". La afectada se había quejado no sólo por la ausencia de prosa sino porque el fallo no tenía "ninguna fundamentación jurídica". Y porque (nota del autor) la sentencia no le era favorable.

Considerando que la ausencia de fundamentación en autos o sentencias abunda, hay que concluir que el delito del juez (en sentido figurado) fue la elección del verso. No es lo mismo la justicia poética que la poesía justiciera. El magistrado, aficionado la literatura, podía haber optado, como tantos compañeros, por la prosa y sus figuras retóricas. Abundan en las sentencias las comparaciones, las hipérboles, metáforas, antítesis, repeticiones, énfasis o paradojas, y aún más las perífrasis, alusiones y eufemismos, mientras que sólo los más aguerridos se atreven con el hipérbaton, la aliteración o el epíteto, y los más veteranos con el sarcasmo y la ironía.

El juez Salvador Alba, siempre a la vanguardia, acaba de inaugurar un género. El auto en el que anula las grabaciones iniciales del caso Unión Lleó no sólo incluye figuras retóricas, sino que es en sí mismo una figura retórica: una alegoría.

Con una alegoría se puede explicar de forma comprensible algo conceptual, se puede concretar lo abstracto. Una alegoría nos expone una realidad pero nos remite a otra. Los filósofos recurren a alegorías para explicar sus teorías sobre la realidad. Así ha de entenderse, por tanto, el auto de Alba. Como una alegoría sobre sí mismo.

Por ejemplo, cuando argumenta que no hay prejudicialidad penal respecto al caso del robo de autos que instruía el juez Lis, sancionado por el CGPJ, dice: "Sobran argumentos sobre si el Juez que investiga esas diligencias previas se encuentra o no sancionado o investigado en el Tribunal Superior de Justicia, pues ello poco tiene que ver con lo que plantea hoy el acusado, ya que el hecho de que un Juez de Instrucción esté investigado en un proceso penal no le resta validez a los actos procesales de este Juez ni a las instrucciones que tramite, y desde luego a las resoluciones que dicte".

O cuando defiende que se vulnera la intimidad de Fernando Becerra porque esperaba poder sobornar sin que le grabara nadie, como es lógico: "Se llevó a cabo (la grabación) de forma preordenada a la obtención de pruebas materiales de un delito que se sabía se podía cometer", "se hizo de forma subrepticia y teledirigida y no de forma espontánea". O mejor aún: "Quien no sabía nada de la grabación ni de lo que buscaba el señor Espino, ni siquiera tenía ni idea de haber sido denunciado por éste, era don Fernando Becerra, quien realizaba manifestaciones espontáneas, amparadas desde luego, como dijimos por su poder de exclusión, o por su expectativa razonable de privacidad. De hecho, don Carlos Espino rechazó reunirse en una cafetería o lugar público, lo que sin duda llevaría a don Fernando Becerra a entender preservada la intimidad en su conversación".

No me digan que no les recuerda a nada.

O incluso esta: "Al aparecer en dicha grabación el nombre del acusado don Luis Lleó, sus derechos fundamentales se han visto afectados por dicha grabación, porque si Fernando Becerra tenía una expectativa razonable de privacidad, desde luego lo que no puede un tercero que ni acude a la reunión es pensar que la misma se va a grabar, que su nombre va a salir a la luz, y ello por las manifestaciones de don Carlos Espino o don Fernando Becerra, sin más indicio de su implicación que la propia grabación".

Y en este caso ya son dos veces las que aparece en una grabación el nombre de Lleó, sin que esté él en la reunión. La primera es ésta, que la ha anulado Alba, y la segunda, curiosamente, la grabó él mismo en septiembre, y decía a un compañero sobre el futuro judicial del empresario lanzaroteño: "Espérate, espérate. Hay cuestiones previas ahí... ¡Cuidado!".

Pero no hay por qué ir sólo a lo literal. Las alegorías también se construyen como una sucesión de metáforas y suelen tener un sentido didáctico. Es posible que el magistrado quiera ilustrarnos, hablando de lo concreto, sobre el mundo que no conocemos. Puede que, en esta alegoría sobre su propia situación, nos quiera alumbrar oponiendo el mundo real, no al imaginario, sino al que nos podemos imaginar que hay detrás (o en paralelo) a sus últimas decisiones judiciales.

Hay que reconocer, eso sí, que el juez Alba ha escogido con mucho acierto el género literario con el que trasladar sus teorías sobre la realidad, porque si lo hubiera hecho en verso hace tiempo que lo habrían expulsado de la carrera judicial.

23
Mar
2017
Saúl García

La te del caso Yate (Yaiza-Teguise) se perdió rápido, y el nombre pasó de anecdótico acrónimo a categoría. El barco del ex alcalde acabó por ser la punta del iceberg que sigue sumergido. Las condenas llegan tarde, son escasas y falta mucha gente, pero al menos son condenas y se han reconocido los hechos. El caso Yate, de todas formas, sólo es la traducción penal de unos hechos que tienen mucha más trascendencia y sobre los que también se han conseguido muchas condenas que, de momento, no han servido para nada.

La mayoría de los delitos no afectan a la sociedad en su conjunto, y algunos sólo afectan al estado de ánimo: generan precaución o miedo. Los del caso Yate afectaron a toda la isla. Por muchas razones.

Vayamos al contexto.

El contexto, en Lanzarote, siempre es el mismo: el pecado original de los que creyeron en César Manrique y su utopía de crear una Isla diferente, a sí misma y al resto. A mediados de los años setenta, la cosa ya se empezó a torcer, y desde entonces siempre han convivido el desarrollismo y el freno. En la teoría, siempre ha ganado el segundo, y en la práctica, el primero. Así nació el PIO en 1991, como respuesta institucional al 'hágalo usted mismo', y la Moratoria en 2000 porque la cosa se iba de las manos. No viene mal recordar que se quería controlar el crecimiento, permitiendo 10.700 camas en diez años y obligando a estándares de calidad.

Tampoco se respetó, y el siguiente freno fue, primero, los recursos contra las licencias y después, la denuncia de este caso, en 2006. La denuncia provocó, en los años siguientes, la ruptura de un pacto CC-PSOE, el chaparrón contra el propio denunciante, contra todos los que creían que el caso era un caso y no un invento y el rearme comprando y creando medios de comunicación para sembrar dudas y para recoger certezas.

También conviene recordar que, al inicio, la patronal Asolan, que ya entonces no representaba a casi nadie, defendía sin rodeos que todo era un conflicto entre administraciones. Y que los hoteleros tenían una gran cantidad de dinero acumulado de la RIC para invertir y que traspasaron ese 'problema' al resto de la sociedad. Y no está mal acordarse de que se llevaron 36 millones de euros en ayudas europeas para zonas deprimidas, con la ayuda inestimable del Gobierno de Canarias presidido por Román Rodríguez y con Juan Carlos Becerra como consejero de Turismo.

Y tampoco está mal acordarse de que casi todas las sociedades que obtuvieron licencia para hoteles se crearon en dos direcciones: una en Playa Blanca relacionada con el abogado Ignacio Díaz de Aguilar, en el plan parcial Playa Blanca y sobre todo en Las Coloradas, un suelo que usurpó otro ex alcalde, Honorio García Bravo, para beneficio privado. Otra sentencia que se ganó y no sirvió para nada. Y la otra dirección, en la calle Valls de la Torre, en la asesoría de Rafael Mesa, uno de los que sí se sientan en el banquillo. Y puestos a recodar, no está de más poner sobre la mesa el papel del abogado de todos, el que ejercía de secretario donde no lo era. Y, por otros motivos, estaría bien recordar a todos los que se opusieron desde la política, desde su trabajo o desde la calle y que, en general, tuvieron más problemas que beneficios, y los siguen teniendo.

¿Y cuáles fueron los resultados de los delitos del caso Yate? Pues están o han estado a la vista.

Creación de una zona turística inmensa, sin control, sin zonas verdes, sin servicios públicos, sin suelo para colegio y centro de salud, con un ayuntamiento casi en quiebra, dos puertos deportivos que no pagaban por sus locales, un plan lleno de urbanizaciones fantasma, esqueletos en Costa Teguise y hoteles sin licencia y funcionando a tope... por resumir: el beneficio privado, y el gasto público.

Pero se creó trabajo. Sí, pero la mayor parte de la mano de obra, para la construcción, vino de fuera, y cuando se acabó la fiesta, no se fue. Y Lanzarote tiene un paro estructural del 25 por ciento difícil de encajar. Otro efecto: el envenenamiento de la política, de las instituciones, para poder presionar y arreglar estos problemas Y otro efecto más: la sobreoferta repentina de camas hizo que los precios bajaran, facilitó, en ese mismo periodo, la presión de los turoperadores y su exigencia de aumentar el todo incluido, empobreciendo el entorno y aumentando, hasta hoy, el gasto en origen y disminuyendo el gasto en destino. La riqueza del turismo, el pecado original que se quería, en sus inicios, que sirviera para cohesionar una sociedad, logró lo contrario. ¿La sociedad es ahora más rica? No. Y ha perdido muchos años en este pulso sólo por el interés de unos pocos que ya eran ricos entonces y tenían cierto prestigio y que hoy siguen teniendo dinero, pero no pueden comprar ni el futuro ni el prestigio ni la tranquilidad que les gustaría tener. Puede ser que el pulso al poder, que es en definitiva de lo que se trata, lo vayan ganando (o no), pero seguro que estamos perdiendo todos.

13
Mar
2017
Saúl García

Hay señales inequívocas de que la realidad se está yendo al carajo. Puede que el tiempo avance de forma lineal, que la vida (aunque es mucho decir) siga fluyendo en orden cronológico. Antes, no hace tanto, el futuro era una posibilidad y el pasado una certeza. Pero si el tiempo ya es una incógnita, qué será del espacio: se está resquebrajando en diferentes planos, y no son paralelos. Convergen. Esta es una de las posibles explicaciones para entender cómo, coincidiendo en un mismo lugar y al mismo tiempo, la percepción de la realidad pueda llegar a ser tan distinta.

Hace un año se presentó el colectivo de las kellys. Es un trabajo muy duro que necesita que se reconozca una edad de jubilación anticipada. La tendría hace años, como la de los mineros, si estuviera ejercido por hombres. Pero no es así. Siempre ha sido un trabajo duro, pero las condiciones, en lugar de mejorar, han empeorado. Las kellys denuncian que su carga de trabajo ha aumentado  y el sueldo se han congelado. Cobran poco más de 1.000 euros netos por 15 pagas o 1.200 con las pagas prorrateadas, y se está contratando personal por empresas de servicios que pagan menos que los hoteles: 900 euros con todo incluido, sin derecho a vacaciones. Además, ha empeorado el ambiente de trabajo: el trato de los cargos intermedios, recortes en la hora del bocadillo, días libres, productos… Se aguanta porque hay mucho paro y por lo tanto, poca movilidad y muchas oportunidades esperando a ser explotadas por necesidad.

Estos son testimonios directos: “En 15 minutos hay que hacer la cama, barrer y fregar, terraza incluida, limpiar el baño…”. “Hay que mover muebles que pesan como burros”. “Hay una exigencia brutal y si un día lo haces por encima, al día siguiente trabajas el doble”. “Yo hago 21 habitaciones más algunas zonas comunes y hace cinco años hacía 14, con el mismo sueldo”. “Hasta la de recursos humanos nos revisa las habitaciones porque quieren conseguir la Q de calidad”. “Sin tanta presión, la productividad sería mejor aún”.

Hace un año se presentó el colectivo de las kellys. Es un trabajo muy duro que necesita que se reconozca una edad de jubilación anticipada. La tendría hace años, como la de los mineros, si estuviera ejercido por hombres

Y estas son las consecuencias: expedientes, sanciones, despidos, estrés, bajas por ansiedad, por depresión, golpes, tropiezos, caídas, pastillas para la tensión, contracturas, ciática, codo de tenista, túnel carpiano... Decía hace un año la portavoz de la asociación en Lanzarote que la patronal las ignora y padece el síndrome de la Infanta, es decir, que no sabe nada.

Pues eso se ha acabado. La patronal de la Isla ha tardado un año, pero ha reaccionado. Acaba de presentar un estudio para que las kellys aprendan pautas y buenas posturas y para que puedan convertir su trabajo “en un ejercicio saludable y positivo para su bienestar”. Para ello, han contratado a la consultora Birced Consulting, que ha creado un método para evitar las bajas por lesión entre las camareras de piso, y que imparten charlas en los hoteles con el título Cómo hacer que tu cuerpo sea feliz con tu trabajo.

No es una broma, es sólo que la realidad se está yendo al carajo porque hay planos de realidad superpuestos o convergentes y que el pasado regresa. Pero también puede ser que, ante la pasividad generalizada, la idiotez relativista, el avance del pensamiento positivo, las experiencias exitosas en otros campos y la deshonestidad y desvergüenza de quienes se amparan en personas mediocres dispuestas a hacer cualquier cosa por mantener su status, se estén riendo de todos nosotros sin ningún disimulo.

08
Feb
2017
Saúl García

Lo más difícil en esta vida es escapar de uno mismo. No tiene que ser fácil ser Dimas Martín. Ya has pasado más de diez años en la cárcel, te piden treinta más, te enfrentas a tu más que probable séptima condena, contratas a un abogado de postín... y en la primera ocasión que te dejan hablar ante la juez dices que no vas a contestar a las preguntas porque "lo que diga carece de importancia, porque siempre prevalece lo que diga el señor fiscal aunque no diga la verdad". Hasta su abogado pidió disculpas en su nombre.

Dicen que aprender es como remar contra corriente. Si se deja de remar se retrocede. En 2009, después de que a Dimas lo detuvieran en su celda, no se le ocurrió otra cosa que publicar una carta en la que retaba a la UCO y decía: "Los ciudadanos de esta Isla, después de la espectacularidad de la operación Unión, que tanto impacto y repercusión ha tenido en la opinión pública, esperan de las Fuerzas de Seguridad del Estado que hagan acusaciones contra mi persona basadas en pruebas reales y no en suposiciones y/o especulaciones". Le hicieron un informe de más de cien folios que relata las comisiones urbanísticas que había cobrado y valora su patrimonio en 48 propiedades, a nombre de testaferros, que valdrían más de ocho millones de euros y que un documento escrito por él mismo las valora en 3,5. El informe de la UCO sirvió de base para una nueva detención y una causa. Es lo que tiene ir a contracorriente y sin remo.

Se está extendiendo la teoría de que cualquier acto en el ejercicio de la política que no acabe en condena está bien hecho. Esta idea, de tan alta profundidad intelectual como baja catadura moral, viene completada con el profundo daño o descrédito que se hace a un imputado que después ni siquiera llega a juicio. Lo mejor, en estos casos, es acudir a los hechos. En el juicio de Los Rostros se han escuchado varias conversaciones entre Dimas Martín y Gladys Acuña. La alcaldesa le pregunta si pone el nombre de la constructora en la denuncia y Dimas le dice que mejor que no. También le dice que ha echado cemento en una terraza (sin licencia y en suelo rústico), pero que eso no lo va a poner en el recurso. En otra conversación, que no se ha escuchado, el alcalde de Tinajo le decía, sobre la denuncia de un concejal de CC: "Nosotros no tenemos ningún problema, ¿cuántos informes te hace la policía diarios?, pues un montón y ¿por qué tiene que hacer ella el informe de paralización? Que nosotros aquí, pero qué le vamos a dar curso a eso (...)". Ninguno de los dos está imputado pero los dos siguen siendo alcaldes. Quizá haya que pedir perdón por tan grave daño a su honor.