07
Nov
2017
Saúl García

Durante la Conferencia Mundial de Turismo Sostenible que se celebró en abril de 1995 en Lanzarote se firmó la Carta del turismo sostenible, un ambicioso documento que debía someterse a la Asamblea General de Naciones Unidas y que instaba, “con carácter de urgencia, a todos los gobiernos, estatales y regionales, a formular planes de acción para un desarrollo sostenible aplicados al turismo”.

Ese año, según los datos de la Organización Mundial del Turismo, se registraron 525 millones de turistas internacionales. El año pasado fueron 1.235. En estos 22 años sólo ha habido un retroceso, entre 2008 y 2009. El año pasado, la OMT destacaba que “2016 ha sido el séptimo año consecutivo de crecimiento sostenido tras la crisis económica y financiera mundial de 2009” y que “los ingresos por turismo internacional han crecido a un ritmo similar en este periodo”.

La Carta reunía 18 puntos o recomendaciones para alcanzar un turismo sostenible. Sólo como resumen, sin ánimo de ser exhaustivo: “El turismo ha de ser soportable ecológicamente a largo plazo, viable económicamente y equitativo desde una perspectiva ética y social para las comunidades locales”. “La actividad turística deberá prever una evolución aceptable respecto a su incidencia sobre los recursos naturales, la biodiversidad y la capacidad de asimilación de los impactos y residuos producidos”. “La actividad turística ha de considerar los efectos inducidos sobre el patrimonio cultural y los elementos, actividades y dinámicas tradicionales de las comunidades locales”. “Para participar en el desarrollo sostenible, el turismo debe asentarse sobre la diversidad de oportunidades ofrecidas por la economía local, garantizando su plena integración y contribuyendo positivamente al desarrollo económico local”. “Urge impulsar medidas que permitan un reparto más equitativo de los beneficios y cargas producidos por el turismo”. “Habrá de prestarse una atención especial al papel del transporte y sus efectos sobre el medio ambiente en la actividad turística, así como al desarrollo de instrumentos y medidas orientadas a reducir el uso de energías y recursos no renovables, fomentando además el reciclaje y la minimización de residuos en las instalaciones turísticas”.

Y la mejor de todas, que podría servir como resumen: “Toda opción de desarrollo turístico debe repercutir de forma efectiva en la mejora de la calidad de vida de la población e incidir en el enriquecimiento sociocultural de cada destino”.

El mes pasado se celebró en Jameos del Agua el encuentro ‘La sostenibilidad como factor clave de competitividad en la industria turística’, organizado por la Sociedad de Promoción Exterior y el Instituto de Turismo Responsable y con el patrocinio de la OMT y la colaboración de la patronal Asolan. El Cabildo califica la elección de Lanzarote para este Congreso como “un claro espaldarazo y un reconocimiento expreso a nuestra trayectoria medioambiental y nos proyecta en el exterior consolidándonos como destino genuino con identidad propia, como referente en materia de desarrollo sostenible vinculado al turismo y como destino líder”. El presidente del Gobierno de Canarias y promotor de la Ley del Suelo, Fernando Clavijo, aseguró que Lanzarote “es el paradigma de territorio que ha sabido combinar sus esfuerzos de progreso y desarrollo con acciones que están a la vanguardia en la conservación del medio ambiente” y que la Isla es “el espejo en el que mirar cuando se trata de acompasar el desarrollo económico y social con un respeto exquisito hacia el entorno”. Y el siempre ponderado Pedro San Ginés, presidente del Cabildo de Lanzarote, dijo que no concibe “una industria turística sostenible si ésta no contribuye a hacernos más felices a todos sin excepción: no sólo a los turistas, sino al pueblo lanzaroteño como comunidad de acogida”.

No soy partidario de explicar los chistes, pero en esta ocasión haré una excepción. Pero primero, unos datos para una mejor comprensión.

En resumen, en cuanto al “reparto más equitativo de los beneficios y cargas producidos por el turismo”, se han repartido de esta forma: los beneficios para una minoría y las cargas para la mayoría. Ha subido la ocupación pero no han mejorado los sueldos

En 1995, cuando se firmó esa Carta, Lanzarote tenía 76.413 habitantes. Hoy tiene casi el doble: 145.084. Aquel año llegaron 1,3 millones de turistas. El año pasado, casi tres millones. El consumo de agua ha pasado de 7,4 millones de metros cúbicos a 13,2 y el de energía, de 370.685 megavatios hora a 802.215. En el mismo periodo, la producción de renovables sólo ha evolucionado de 18.755 kilovatios a 24.330, pero las plazas turísticas han pasado de 48.570 a 72.376. La ocupación es casi la misma, entre el 88 y el 89 por ciento, pero en 2009 llegó a bajar hasta el 65 por ciento. El año pasado la tarifa media diaria para alojarse subió casi un seis por ciento, pero el gasto en destino, en estos 22 años, ha pasado solamente de 24,6 euros a 34,2.

Supongo que no hace falta contarles a muchos de ustedes la evolución, o involución, de las condiciones laborales que había en el sector en 1995 y las que hay ahora: sueldos de 700 euros, medias jornadas que se convierten en enteras, contratos por horas… Y en calidad de vida, quizá sobre con recordar las listas de espera en sanidad o la emergencia social para encontrar casa de alquiler a precios razonables.

En resumen, en cuanto al “reparto más equitativo de los beneficios y cargas producidos por el turismo”, se han repartido de esta forma: los beneficios para una minoría y las cargas para la mayoría. Ha subido la ocupación turística y ha aumentado el precio pero no han mejorado ni la contratación ni los sueldos. O dicho de otra forma: han subido los ingresos y no los gastos.

De esto no se habló en el pasado encuentro en Jameos. Tampoco se habló de las 27 licencias anuladas a hoteles, ni de los escandalosos casos de corrupción, ni de la dependencia absoluta del petróleo para traer turistas y mercancías, o de la total dependencia del exterior para alimentar a la población ni de la nula apuesta por una movilidad que elimine gran parte de los coches de la Isla. ¿Es sostenible una sociedad así o sólo es sostenible su industria turística? ¿Es sostenible una sociedad a la que se le llama destino? Quizá el problema esté en el enunciado del encuentro, que no engaña: ‘La sostenibilidad como factor clave de competitividad en la industria turística’. Factor de competitividad, no objetivo.

08
Sep
2017
Saúl García

Es preferible tener unos representantes públicos que solucionen los problemas y den las explicaciones justas a otros que hagan un alarde de justificaciones pero que arreglan poco, o incluso que provocan esos problemas. El presidente del Cabildo es de estos últimos. Es capaz de dar interminables ruedas de prensa en las que presenta documentos, facturas, grabaciones, pasear sus explicaciones por los platós, escribir en su muro de Facebook y enviar artículos de opinión… en los que, con claros síntomas de una manía persecutoria, casi siempre dibuja una conspiración latente contra “su figura” o “su persona”. Y aunque los ciudadanos se merezcan explicaciones, lo que más demandan de sus representantes públicos es que solucionen el problema, no que les cuenten por qué no lo solucionan.

El presidente está poco capacitado para el acuerdo (a no ser que tenga una imputación pendiente, como en el caso de Montaña Roja), y menos aún para llegar a un acuerdo con los trabajadores de los Centros Turísticos. Son viejos enemigos desde 2003 y San Ginés no ha pasado página desde el encierro de los trabajadores en aquel año. Desde entonces siempre ha sobrevolado la sospecha de la privatización, y las sucesivas propuestas de San Ginés no han hecho más que confirmarla. En 2011, en el mismo texto en que negaba que quería privatizar los Centros y proponía crear dos entes distintos, uno para las entradas y otro para los restaurantes, decía esto: “Ninguna administración moderna del mundo, sea de derechas o de izquierdas, gestiona los restaurantes o cafeterías con que cuentan sus instalaciones públicas de nueva creación de manera directa. Y por tanto, ésta que en circunstancias normales sería la opción natural y aconsejable, tampoco es una fórmula descartable para la gestión de la EPEL II”. Hay que recordar que, según él, la gestión del agua no se privatizó sino que sigue en manos públicas gestionada de forma indirecta.

La huelga no es una huelga política. Todas las huelgas que afectan a una sociedad en su conjunto, y esta lo es, acaban teniendo efectos políticos. El PSOE hubiera abandonado el gobierno dentro de uno o dos meses, cuando se abra juicio oral a San Ginés por Montaña Roja, como hizo con Montelongo en Arrecife. Sólo ha aprovechado un momento más oportuno para abandonar un pacto que no tenía que haber firmado. No es una huelga política pero a otro presidente no le hubiera pasado. En primer lugar porque sabía desde que se firmó el convenio que iba a haber conflicto con los puntos con los que ha habido conflicto. Estaban advertidos. Los trabajadores reclamaron el dinero que consideraban que les pertenecía y les dijeron que fueran a los tribunales. Fueron, ganaron y no les pagaron. Dijeron que iban a ir a la huelga y les dijeron que fueran. Y fueron.

La huelga no es una huelga política. Todas las huelgas que afectan a una sociedad en su conjunto, y esta lo es, acaban teniendo efectos políticos

Si en algo se han equivocado los trabajadores es en plantear una huelga indefinida desde el principio por una reclamación de cantidades. Una respuesta desproporcionada en la que han perdido todos y de la que lo único positivo que sale es la constancia de que los Centros son, sin duda, la piedra angular del turismo de la Isla, frente a otros experimentos que quieren convertirla en un destino vulgar pero rentable para una minoría. Y en otra cosa: pensaron que San Ginés no entraría al trapo. En política hay que intentar librar tus propias batallas y librarse de aquellas que les interesan a los demás, y San Ginés, a pesar de llevar casi veinte años en el Cabildo, aún no ha aprendido eso. Su lógica es una lógica de enfrentamiento no selectivo: con los funcionarios que no le gustan, con la prensa (que no le gusta), con su propio partido, con sus socios, con la oposición, con otras instituciones...

En sus artículos (ya son un género en sí mismo) queda clara su visón: habla de “operaciones de derribo”, “guerra de tronos” (debería decir juego), “control (no gestión) de empresas públicas”. Y sobre todo habla de manipulaciones y manipulados: todos los trabajadores están manipulados por Barreto (más Podemos), todo el PSOE más la oposición por Espino, los ciudadanos por los medios y la estrategia de todos por un despacho de abogados. O bien Coalición Canaria es el único partido en que sus afiliados piensan por sí mismos o bien es que retrata la situación a su imagen y semejanza. En todo caso, con estas explicaciones no solicitadas y esas teorías/profecías, ya no queda claro si es el editorialista de Lancelot o es Lancelot quien le marca la pauta para sus artículos.

27
Jun
2017
Saúl García
Después de tantas crónicas sobre las declaraciones del primer juicio del caso Stratvs, quizá haya llegado el momento de hacer una desordenada crónica social: 

01. Este tribunal tan sólo juzga la concesión de la licencia de actividad a la bodega, si hubo tráfico de influencias para esa licencia y si la alcaldesa debió cerrar la bodega. Posiblemente algunas de las cosas con menos sustancia del caso, elevadas a la máxima atención por obra y gracia del aforamiento de Gladys Acuña como parlamentaria.

02. Es una pena que no se pueden hacer fotos en los pasillos del Juzgado porque eran mucho mejores que las de dentro de la Sala (y más revelador).
 
03. El dinero es un polo de atracción (y más en los juzgados) y hay que estar cerca del polo positivo. A Juan Francisco Rosa acudieron a arroparle familiares, abogados, periodistas y empleados, aunque todas las categorías entran en esta última, excepto sus hijos (que son socios): Luis Lleó, Manuel Matamoros, Fernández Camero (padre e hijos)… 
 
04. El ex alcalde de Yaiza tenía fama (contrastada) de llegar siempre tarde cuando ejercía como alcalde, incluso en las bodas que oficiaba. A pesar de ser acusado, llego tarde a tres sesiones. Será cosa de la costumbre (la de ir a juicios).
 
05. Leonardo Rodríguez era acusado y abogado. Estaba bien representado por su abogada pero decidió ejercer de codefensor, aunque sin ejercer. Así evitó la foto con el resto de acusados.
 
06. A las acusaciones (particular y popular) no les contestó nadie. A la Fiscalía le contestó Rosa (cinco preguntas, hasta que quiso su abogado) y los tres técnicos. Los concejales no contestaron. Están en su derecho, y probablemente sea una buena estrategia, pero en su condición de cargos públicos es muy poco edificante. Dos de ellos siguen siendo cargos públicos, Tato Rodríguez y sobre todo, Gladys Acuña, que es alcaldesa y parlamentaria. Precisamente el juicio se partió en dos por el aforamiento, un privilegio no correspondido.      
 
07. El Tribunal permitió a los acusados que no acudieran a la segunda jornada, pero Rosa fue todos los días. Cabe preguntarse si hubiera hecho lo mismo si el Tribunal no lo presidiera la máxima autoridad de la Justicia en Canarias, Antonio Doreste. Al final, hasta dio las gracias. También sabemos que está contento con su abogado, el ex magistrado de la Audiencia Nacional, José Antonio Choclán. Cuando Choclán terminó sus conclusiones, dijo (en petit comité): “Igual que el anterior dictamen”, refiriéndose con ironía al de la acusación particular, que le había precedido.
08. En todas las profesiones hay papanatismo (admirar a alguien de forma excesiva, simple y poco crítica). En el periodismo y en la abogacía también, por supuesto. Los reiterados halagos de casi todas las defensas hacia Choclán podríamos interpretarlos desde esta óptica o bien por la mencionada atracción hacia el polo positivo. Algunos acusados tenían una línea de defensa suficiente sin necesidad de reforzar la del dueño de la bodega. El presidente del Tribunal llamó la atención a uno de ellos, un buen abogado, diciéndole que se limitara a la defensa de su patrocinado. Este letrado aseguró después, contestando a una “insinuación” de la Fiscalía sobre que todos los letrados estaban influidos por Rosa, que él no tenía ninguna influencia. Lo dijo, eso sí, después de que interviniera el abogado de Rosa, que aunque por orden le tocaba el último intervino el primero agradeciendo la deferencia de sus compañeros, que le permitieron saltarse nueve puestos. 
 
 
09. Choclán protestó en varias ocasiones, como el resto de los intervinientes, porque la Fiscalía o las acusaciones se excedían del objeto del juicio. Sin embargo, aprovechó para sacar a pasear el caso Unión y cuestionar al instructor de la UCO, Vicente Corral (por si se había extralimitado en su investigación), hizo preguntas sobre la Casa de las Cúpulas de la Fundación César Manrique y calificó a los juristas del PIO Polo Díaz y Joana Macías como “funcionarios de favor”.  También pidió igualdad de trato para Rosa. Si en las administraciones trataran a todos los ciudadanos como a Rosa, no habría dinero suficiente para pagar horas extras. 
 
10. El presidente del Cabildo nunca defrauda. No pierde ni una sola oportunidad para seguir demostrando que desconoce el concepto “saber estar”. Hay quien defiende (muchos analistas) que la forma es el fondo. San Ginés está capacitado para la bronca y el desprecio, dos actitudes propias de la inseguridad y el desconocimiento. Incluso en un artículo insiste en su sorpresa por ser citado como testigo. En el juicio se intenta demostrar un tráfico de influencias, que será más fácil de demostrar si se acredita una capacidad de influencia superior de Rosa sobre otras instituciones. Las maniobras en el Cabildo, bajo su presidencia, para que el Plan Especial de La Geria recoja a la Bodega Stratvs, aunque no sean el objeto del juicio, quedaron, por cierto, bastante acreditadas. 
 
11. Amada Fontes, arquitecta técnica del Cabildo, declaró como perito. Hizo un informe sobre el emplazamiento de la bodega que apuntaba dos cosas: que el suelo era no apto según el PIO y que tenía autorización del Gobierno de Canarias. Con eso, el entonces consejero Miguel Ángel Leal resolvió de forma favorable y envió el expediente a Yaiza. Las defensas insistieron en que el informe de Fontes no era negativo aunque ella misma dijo que fue a la inauguración de la bodega “a regañadientes”, porque su marido estaba invitado y que estuvo incómoda porque había hecho un informe negativo.“Quería pasar el trago e irme lo antes posible”, dijo. Es curioso que al día siguiente, que no tenía que ir al Juzgado, se la viera en la puerta de la sala hablando con Rosa, después con su hijo y más tarde con su abogado. Cuántos malos tragos.
 
12. La perito ‘estrella’ fue Blanca Lozano, catedrática de Derecho administrativo y especialista en Derecho ambiental. Había hecho un dictamen, a petición de Rosa, que viene a decir que el PIO no es válido en La Geria pero el Plan de La Geria sí. La defensa de Rosa había renunciado a todos sus peritos, pero no renunció a ella. Casi nada de lo que le preguntó Choclán era relevante para el objeto del juicio. Lozano, casualidades de la vida, es la pareja de Rafael Fernández Valverde, viejo conocido de Fernández Camero como presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Hoy, Fernández Valverde es miembro del pleno del Consejo General del Poder Judicial, el órgano encargado de elegir a los presidentes de los tribunales de justicia autonómicos. Como, por ejemplo, el de Canarias, que comparte presidencia con el tribunal de este juicio.
07
Jun
2017
Saúl García

La Audiencia Nacional validó las grabaciones iniciales de Gürtel, a pesar de que habían sido hechas sin conocimiento del Juzgado ni la Policía, mientras que el juez Alba anula las del caso Unión, que tenían control policial y judicial.

El caso Gürtel, uno de los mayores casos de corrupción de España, que se dividió en varias causas, ya tiene una sentencia condenatoria. Durante su instrucción tuvo que salvar varios escollos para que algunas pruebas y las grabaciones iniciales resultaran válidas. A pesar de que la Audiencia Nacional confirmó la validez de las grabaciones en junio de 2013, durante la vista oral del primer juicio, algunos acusados seguían insistiendo en que las grabaciones estaban manipuladas, que se había roto la cadena de custodia y que se obtuvieron de forma ilegal, vulnerando el derecho a la intimidad de los afectados.

A los iniciados en el caso Unión les sonarán estos argumentos. Son los mismos en los que ha estado insistiendo durante años uno de los principales acusados del caso, Luis Lleó, con la ayuda inestimable de varios medios de comunicación y el respaldo reciente del juez que, en principio, debería presidir el Jurado que juzgará a Lleó en la Audiencia Provincial de Las Palmas, Salvador Alba.

Es el mismo juez que está siendo investigado por el TSJC (Tribunal Superior de Justicia de Canarias) por prevaricación, negociaciones prohibidas y coacciones a funcionarios públicos, por intentar fabricar una declaración en contra de la magistrada Victoria Rosell. El mismo juez para el que el promotor de la acción disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial acaba de solicitar la expulsión de la carrera judicial por una falta muy grave.

Alba, en un auto del pasado mes de abril, anuló como prueba las grabaciones de las conversaciones entre el ex consejero Carlos Espino y el empresario Fernando Becerra, en las que el segundo le ofrecía unos cuantos cientos de miles de euros por retirar un pleito para favorecer un proyecto urbanístico de Lleó. Espino había acudido a denunciar los hechos a la Guardia Civil previamente y estos decidieron darle una grabadora y registrar las siguientes conversaciones (las cuatro siguientes, con orden judicial) para poder demostrar el cohecho.

Lo que decía Alba en el auto era que, con esas grabaciones, se quebrantaba el derecho a la intimidad de Becerra e incluso de Lleó, que no participó en la grabación. También afirmaba que “no sólo no existía una investigación judicial de supuestos hechos delictivos, sino que ni siquiera existía una investigación policial”, y que Espino era un intermediario de la Guardia Civil.

El interés de los acusados en anular estas grabaciones no sólo está en las grabaciones, sino en la esperanza de que anulando el inicio del caso, se anule todo por completo. La cuestión es que tanto la Fiscalía como la Audiencia provincial ya han dicho que el comienzo del caso no son las grabaciones, sino la denuncia de unos hechos, que, además, se apoyan en unas grabaciones. En Gürtel, los acusados intentaron hacer lo mismo y tampoco les salió bien, por los mismos motivos.

Con esos argumentos, Alba se hubiera cargado el mayor caso de corrupción de España. Pero el juez instructor en el Juzgado central de instrucción nº5 de la Audiencia Nacional, al menos hasta 2015, era Pablo Ruz. Ruz dictó un auto en mayo de 2013 contra un recurso de Francisco Correa, muy similar al de Lleó, en el que validaba las grabaciones iniciales del caso Gürtel, lo que tiene un gran paralelismo con el caso Unión.

Las grabaciones iniciales de Gürtel ni siquiera habían pasado por la Policía. Fue José Luis Peñas, exconcejal del PP de Majadahonda, el que grabó hasta 15 reuniones que tuvo con Correa además de con otras personas, y con esas grabaciones acudió a la Udef de la Policía Nacional. El juez considera ahí, como en Unión, que el inicio del caso no son las grabaciones, sino la denuncia, y tanto el magistrado como después la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional dan validez a las grabaciones.

Según ese auto de Ruz, “no difiere el presente caso de otros múltiples validados por la jurisprudencia constante del TC y TS en los que un ciudadano obtiene una fuente de prueba, respecto de determinados presuntos delitos sobre los que se trata, en las conversaciones mantenidas a lo largo del tiempo con personas que pudieren razonablemente tener participación en los mismos. Y que actuando en cumplimiento de la obligación de denunciar delitos de los que un particular tenga conocimiento (impuesta por el artículo 259 y siguientes de la Ley de enjuiciamiento criminal), se provee de los medios para acreditar el objeto de su denuncia, aun cuando sea ocultándolos respecto de las personas o presuntos delincuentes a quienes se desea sorprender en su ilícito comportamiento. Tratándose, como ocurre en el presente caso, de medios –grabaciones de audio- que una ingente y constante jurisprudencia reputa como constitucionalmente legítimos, sin llegar en ningún caso a constituir tales actos delito provocado, o a integrar infracción criminal alguna por parte del denunciante”. Ni intimidad ni autorización judicial.

Ruz habla incluso de la “obligación” de denunciar delitos. La Sala de lo Penal confirmó después la validez de las grabaciones porque en ellas no hubo “presión, incitación o provocación” y los contertulios renunciaron “voluntariamente a su privacidad al exteriorizar sus opiniones y sus acciones con visos de delictivas en un ámbito tan sensible como el de la presunta corrupción residenciada en los aledaños del poder político”.

Sentencias contra el periodismo que alentó la teoría de la conspiración

Muchos de los argumentos sobre la cadena de custodia, la manipulación de las grabaciones, la validez de las escuchas, la connivencia entre Espino y los investigadores, o directamente, la conspiración para fabricar un caso por motivos que no están claros, se han estado aireando y alentando desde medios de comunicación con relación, directa o indirecta, con algunos de los imputados.

En mayo, esas teorías, amparadas en hechos falsos y sin la ratificación de los tribunales, han sufrido un contratiempo en forma de dos sentencias, una de un Juzgado de Arrecife y otra de uno de Puerto de la Cruz. Han condenado al periodista Francisco J. Chavanel, a su productora, El espejo de Jade, del programa El Espejo canario, a la editora de Canarias 7, a la de Lancelot y a la de Radio Faycán, en ambos casos, por una campaña de descrédito y desprestigio contra el fiscal de los casos Stratvs, Unión y Yate, Ignacio Stampa, y contra el primer juez instructor de Unión, César Romero Pamparacuatro.

Las sentencias son distintas y suman entre ambas 95.000 euros, que tendrá que pagar el periodista por las informaciones vertidas en su programa y en sus artículos de opinión. La primera considera que Chavanel emitía informaciones falsas, sin contrastar o que “noveló” los hechos. El juez considera que no queda acreditado que Stampa actuara de forma irregular, que llevara una mala práctica profesional, ni que fuera apartado de los asuntos que le habían encomendado.

En la segunda sentencia, la del juez Pamparacuatro, se hace un análisis pormenorizado de todas las informaciones. Algunas de ellas inveraces y sin sustento probatorio, como la que firmó Carlos Inza en Canarias 7, en la que afirmaba que el juez secuestró el procedimiento y estuvo dos años sin informar a la Fiscalía. Respecto a Chavanel destaca la sentencia que traspasó los límites de la crítica porque llegó a imputar al magistrado la comisión de varios delitos en el ejercicio de su función judicial.

18
Abr
2017
Saúl García

El Consejo General del Poder Judicial abrió en 2011 un expediente a un juez de Santa Cruz de Tenerife, Álvaro Gaspar, por redactar una sentencia en verso que se apartaba de los cánones jurídicos y suponía "un agravio personal de un juez a un ciudadano". La afectada se había quejado no sólo por la ausencia de prosa sino porque el fallo no tenía "ninguna fundamentación jurídica". Y porque (nota del autor) la sentencia no le era favorable.

Considerando que la ausencia de fundamentación en autos o sentencias abunda, hay que concluir que el delito del juez (en sentido figurado) fue la elección del verso. No es lo mismo la justicia poética que la poesía justiciera. El magistrado, aficionado la literatura, podía haber optado, como tantos compañeros, por la prosa y sus figuras retóricas. Abundan en las sentencias las comparaciones, las hipérboles, metáforas, antítesis, repeticiones, énfasis o paradojas, y aún más las perífrasis, alusiones y eufemismos, mientras que sólo los más aguerridos se atreven con el hipérbaton, la aliteración o el epíteto, y los más veteranos con el sarcasmo y la ironía.

El juez Salvador Alba, siempre a la vanguardia, acaba de inaugurar un género. El auto en el que anula las grabaciones iniciales del caso Unión Lleó no sólo incluye figuras retóricas, sino que es en sí mismo una figura retórica: una alegoría.

Con una alegoría se puede explicar de forma comprensible algo conceptual, se puede concretar lo abstracto. Una alegoría nos expone una realidad pero nos remite a otra. Los filósofos recurren a alegorías para explicar sus teorías sobre la realidad. Así ha de entenderse, por tanto, el auto de Alba. Como una alegoría sobre sí mismo.

Por ejemplo, cuando argumenta que no hay prejudicialidad penal respecto al caso del robo de autos que instruía el juez Lis, sancionado por el CGPJ, dice: "Sobran argumentos sobre si el Juez que investiga esas diligencias previas se encuentra o no sancionado o investigado en el Tribunal Superior de Justicia, pues ello poco tiene que ver con lo que plantea hoy el acusado, ya que el hecho de que un Juez de Instrucción esté investigado en un proceso penal no le resta validez a los actos procesales de este Juez ni a las instrucciones que tramite, y desde luego a las resoluciones que dicte".

O cuando defiende que se vulnera la intimidad de Fernando Becerra porque esperaba poder sobornar sin que le grabara nadie, como es lógico: "Se llevó a cabo (la grabación) de forma preordenada a la obtención de pruebas materiales de un delito que se sabía se podía cometer", "se hizo de forma subrepticia y teledirigida y no de forma espontánea". O mejor aún: "Quien no sabía nada de la grabación ni de lo que buscaba el señor Espino, ni siquiera tenía ni idea de haber sido denunciado por éste, era don Fernando Becerra, quien realizaba manifestaciones espontáneas, amparadas desde luego, como dijimos por su poder de exclusión, o por su expectativa razonable de privacidad. De hecho, don Carlos Espino rechazó reunirse en una cafetería o lugar público, lo que sin duda llevaría a don Fernando Becerra a entender preservada la intimidad en su conversación".

No me digan que no les recuerda a nada.

O incluso esta: "Al aparecer en dicha grabación el nombre del acusado don Luis Lleó, sus derechos fundamentales se han visto afectados por dicha grabación, porque si Fernando Becerra tenía una expectativa razonable de privacidad, desde luego lo que no puede un tercero que ni acude a la reunión es pensar que la misma se va a grabar, que su nombre va a salir a la luz, y ello por las manifestaciones de don Carlos Espino o don Fernando Becerra, sin más indicio de su implicación que la propia grabación".

Y en este caso ya son dos veces las que aparece en una grabación el nombre de Lleó, sin que esté él en la reunión. La primera es ésta, que la ha anulado Alba, y la segunda, curiosamente, la grabó él mismo en septiembre, y decía a un compañero sobre el futuro judicial del empresario lanzaroteño: "Espérate, espérate. Hay cuestiones previas ahí... ¡Cuidado!".

Pero no hay por qué ir sólo a lo literal. Las alegorías también se construyen como una sucesión de metáforas y suelen tener un sentido didáctico. Es posible que el magistrado quiera ilustrarnos, hablando de lo concreto, sobre el mundo que no conocemos. Puede que, en esta alegoría sobre su propia situación, nos quiera alumbrar oponiendo el mundo real, no al imaginario, sino al que nos podemos imaginar que hay detrás (o en paralelo) a sus últimas decisiones judiciales.

Hay que reconocer, eso sí, que el juez Alba ha escogido con mucho acierto el género literario con el que trasladar sus teorías sobre la realidad, porque si lo hubiera hecho en verso hace tiempo que lo habrían expulsado de la carrera judicial.