Las prospecciones petrolíferas son una amenaza de tal envergadura que merece la pena que se use contra ese proyecto todos los recursos posibles. Aunque ha quedado claro que la oposición es mayoritaria entre los ciudadanos, más allá de partidos políticos, sólo con la oposición ciudadana probablemente no alcanzaría, así que no viene mal el apoyo de las administraciones, como los cabildos o el Gobierno de Canarias, a pesar de que se corre el riesgo de que quieran capitalizar o rentabilizar políticamente esta oposición o una posible victoria.

Por eso está bien que las administraciones canarias exijan a los ministerios que sean lo más rigurosos posible y que vigilen sus pasos para que no favorezcan a intereses privados, en este caso los de Repsol. Y por eso está bien que el Cabildo esté preocupado y haya anunciado a bombo y platillo que va a denunciar en Fiscalía a un subdirector de Medio Ambiente por posible falsificación de documento oficial por modificar el contenido de un escrito de la Federación provincial de pescadores de Las Palmas para favorecer las prospecciones. Y San  Ginés ha dicho públicamente que van a analizar página por página qué se dice y qué se hace para aprobar las prospecciones. “Vamos a ser implacables”, dijo el presidente.

Y, claro, hasta ahí de acuerdo, pero si de lo que se trata es de ser implacables y vigilantes y de evitar que los funcionarios públicos hagan informes a la carta para favorecer intereses privados, no hace falta irse a Madrid. Se puede hacer, quizá sin necesidad de ir a Fiscalía, sin salir del Cabildo.

Seguro que ustedes conocen más casos que yo. Me refiero a informes a la carta, autorizaciones selectivas y esas cosas que sólo hace el Ministerio y que nunca han ocurrido en el Cabildo... ¿O sí? Ahora se me vienen a la memoria episodios como el desmantelamiento de la tan incómoda Oficina del PIO, los ataques al Servicio de Patrimonio, la detención del Ingeniero jefe, el interés del secretario del Cabildo por tramitar con diligencia el permiso para una gasolinera o un informe emitido sin tener competencias para ello sobre La Bufona y que están usando los dueños de las casas en los tribunales para intentar que no se las tiren.

Y sobre todo, se me viene a la cabeza un caso, por flagrante y por reciente, que consiste en que una funcionaria apareció en un juicio contra un empresario por unas obras en La Geria con un informe elaborado por otra funcionaria el día anterior, que nadie le había pedido y que favorecía, fíjense qué cosas, los intereses del empresario. El juez dice en la sentencia que la elaboración y presentación del informe son “extrañamente espontáneas” y lo califica como un “contrainforme”, de “origen siniestro” y que refleja “un perturbador proceder del Cabildo”. Una oportunidad perdida para ser implacable.

Mucho me temo, queridos lectores, que el subdirector de Medio Ambiente denunciado, con esa actitud, esa disposición y ese interés, en el Cabildo acabaría, sin mucho esfuerzo, siendo director.