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LA ALCOGIDA

 

Sobre el Estado de Derecho y la dignidad de Lanzarote

 

Rafael Fuentes

[Miércoles, 1 de octubre de 2008] [08.00]

 

 

 

 

Hacía demasiado tiempo -es más, quizá sea la primera vez que ocurre en la etapa democrática- que un presidente del Cabildo de Lanzarote no se dirigía con su puño y letra a la población de la Isla que legalmente representa. Tampoco ha sido costumbre que en beneficio del público debate, asumiendo más que el personal riesgo, algún presidente electo osara democratizar su opinión publicando ésta en los medios de comunicación que frecuenta la población objeto de su mensaje.

Esto mismo, sin trampa ni cartón, y en ejercicio de sus libertades políticas e irrenunciables derechos individuales, fue lo que hizo Manuela Armas el pasado miércoles, 24 de septiembre, cuando publicó en la prensa su particular opinión sobre la dignidad de Lanzarote y los establecimientos turísticos ilegales.

Y resulta cuanto menos curioso, y casi roza la sospecha, que la Prensa que en Lanzarote no tiene costumbre de acentuar los temas -y mucho menos defender con argumentos serios y creíbles los temas que no acentúa- ande metido a saco, faltón, inmerso en la descalificación personal contra Manuela Armas, nos guste o no, nuestra presidenta del Cabildo.

Incluso, también públicamente y con descalificación escrita por él mismo, voluntaria igual que su candidatura a la presidencia del PP lanzaroteño, al petardeo mediático también malcriado se apuntó Lorenzo Lemaur, nos guste o no, concejal en el Ayuntamiento de Arrecife.

Ríos de tinta –es metáfora- se desbordaron hasta la vergüenza contra Manuela Armas, presidenta del Cabildo. Sin embargo, sobre la dignidad de Lanzarote y los establecimientos turísticos ilegales, opinión que ella expresó en el artículo por el que fue vilipendiada, nadie le dijo o le escribió que para tomar decisiones políticas fieles a las voluntades de los ciudadanos, sea cual fuere el voto que en su día emitieron o no, y promocionar los valores democráticos y del Socialismo, primero habría que puntualizar y, después, acentuar algunos temas.

Es decir, el gobierno que en la actualidad rige los destinos del Cabildo, y que tiene como objetivo fundamental incrementar la participación ciudadana en la gestión insular, y cuya presidenta enarbola como propia bandera el Plan de Desarrollo Lanzarote Sostenible, no puede sustraer del debate público, les guste o no a ellos, la dignidad de Lanzarote y los establecimientos turísticos ilegales.

La única reparación que la ciudadanía lanzaroteña pudiera aceptar o usar sin desdoro, es decir, sin menoscabo en la reputación, fama o prestigio de Lanzarote, pasa por fomentar desde la primera institución de la Isla el Estado de Derecho. O sea, exigir desde el Cabildo respeto por las decisiones judiciales que emanan de las sentencias emitidas, y que deberán ser ejecutadas. Porque no es lícito hablar de “proceso de regularización” de los establecimientos turísticos que ya la Justicia conforme a la Ley dictaminó ilegales.

Los ciudadanos de Lanzarote nunca votaron para que su Cabildo, el de la Participación Ciudadana, les siga ocultando documentación imprescindible para analizar con responsabilidad las ilegalidades acaecidas, tales como los informes de compatibilidad con el PIOT de los proyectos ejecutados y las correspondientes demandas que se presentaron en los juzgados por las irregularidades detectadas.

Alarmista si cabe, esgrimiendo quizá complejidad para el entendimiento por parte de los ciudadanos de Lanzarote, el Cabildo tampoco ha mostrado voluntad de aclarar fielmente el alcance real de las sentencias emitidas por los tribunales de justicia. Es decir, plasmar sobre un mapa de fácil comprensión la realidad judicial de la planta hotelera. Y es que aún siendo veintiséis los fallos judiciales, no es menos cierto que no se ejecutaron todos los proyectos o que una parte de los establecimientos turísticos ilegales no son hoteles.

El trabajo urgente que debe acometer el Cabildo es el de acabar de una vez por todas con las desinformaciones y disipar el oscurantismo con que se está actuando desde la Corporación insular en el ilegal asunto de los establecimientos turísticos fallados ilegales por la Justicia.

Dignidad es que los ciudadanos de Lanzarote de ningún modo tengan que oír la deleznable rumorología que ahora dice así: “Llegó la hora de negociar el pastel de los hoteles. El escenario ya está listo. Y las ofertas de los empresarios puestas sobre la mesa. Señorías, ustedes dirán”.

 

 

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