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La perversión del sistema

 

 

Javier Retuerto

[Martes, 8 de febrero de 2011]

 

 

 

 

 

 

La Ley lo enuncia perfectamente, por lo que especular con la posibilidad de que se proponga una medida de protección para El Golfo, la máxima que se reconoce en el estado español, para bienes que “ostenten notorios valores históricos, arquitectónicos, artísticos, arqueológicos, etnográficos o paleontológicos, o que constituyan testimonios singulares de la cultura canaria”, me parece un recurso perverso para dar respuesta a un problema generado desde ámbitos diferentes a los de la cultura.

Tal y como se ha solicitado para Tenésera, ahora le toca el turno al Golfo, motivado porque Costas se ha pasado la raya por donde ha estimado, sin considerar que se trata de un núcleo consolidado, una raya que igual va a tener que cambiar próximamente por la subida de las mareas que genere el deshielo de los casquetes polares.

No sorprende que los vecinos busquen una salida a la situación de pérdida de sus propiedades y negocios, que son muchos, del mismo modo que es de agradecer que la clase política se ponga las pilas y pelee, en el terreno de la política, por defender el enclave del Golfo. Eso es una cosa, y otra, echar mano de cualquier ocurrencia para salvar la situación. Como ha sucedido con Tenésera.

Lo que se dice imaginación, la tienen, pero la propuesta de incoar un bien de interés cultural, no es lo que nadie debería oír, porque pone en evidencia la falta de interés de las instancias políticas por los valores culturales reales, dejando de manifiesto algunas incapacidades.

De concurrir algunos de los valores mencionados en la Ley de Patrimonio, tal y como podría suceder en Tenésera, sería de aplaudir la iniciativa de protección, pero sucede que no parece que ello sea así, a no ser que un desconocido yacimiento vinculado a aspectos paleontológicos o arqueológicos nos sorprenda, porque, de haberlos etnográficos, se limitarían a unas pocas viviendas y, éstas, con una catalogación expresa o una declaración sólo a esos bienes, van que se matan.

Dado que el suelo donde se asienta la mayor parte del núcleo del Golfo surge de una erupción reciente, parece bastante complicado pensar en aquellos valores, por lo que la cosa se pone difícil, y es una negociación seria con Costas la que debe conducir a una salida conveniente para los afectados.

Reconozco mi incapacidad para entender a este pueblo, lo he dicho antes, y lo mantengo. Cuando la existencia de valores reales ha sido reconocida con una medida de protección tal que un BIC, como ha sido el Charco de San Ginés, se han repartido tortas a diestro y siniestro, un emplazamiento con unos valores históricos y etnográficos indudables.

El conflicto continúa por el interés de los grupos económicos en lo que parece el suelo más valioso de Arrecife, y ahí anda la corporación haciéndonos creer que un supuesto plan especial sirve para algo cuando no permite ni ordenar las alturas de la zona.

No hay otra que pensar que determinados propietarios parecen tener acceso a las decisiones de la administración, la cual, debiendo considerar la preservación de la memoria de un pueblo, opta por dar respuesta a los intereses urbanísticos, y ahí parece que la cosa no anda muy cristiana.

Propietarios que son tratados con guante blanco, y que se benefician de tareas de mantenimiento de sus propiedades, puesto que nadie les exige el deber de conservación. Todo ello frente a la mirada impasible de aquellos que carecen de recursos para mantener sus viviendas, y que cuando solicitan algo del Ayuntamiento, promotor de esas intervenciones, la respuesta es que no pueden hacer nada y que vendan sus propiedades porque hay compradores. Si, además, eso lo dicen técnicos del Ayuntamiento, ya podemos imaginar lo que subyace.

Concluyendo, un BIC en El Golfo pretende salvar una situación de un numeroso grupo de vecinos, pero no persigue la conservación ni el reconocimiento de valor alguno. El BIC se insta a sabiendas de que no existen estímulos urbanísticos que queden limitados por la medida, por lo que da igual y se sacan votos. El Charco es otra cosa, por lo que vale el suelo urbano, más lo que sale en plantas construidas, con unos propietarios que son quienes son y donde todo se ha tramado para que todos a una se opongan a la medida. Si costas tuviera la oportunidad de trazar un deslinde en El Charco, seguro que al BIC le faltaría tiempo para prosperar.

Los entendidos hablan de fraude de ley en propuestas como la de Tenésera y El Golfo, y lo que no alcanzo a comprender es quien asesora a los que salen a los medios a vender una aparente ilegalidad. El fraude, puestos a mirar, a mi me parece que está en quienes nos están gobernando.

 

 

redaccion@diariodelanzarote.com

 

 

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