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La cuenta, por favor

 

 

Javier Valenciano

[Jueves, 8 de julio de 2010]

 

 

 

 

 

 

Lo que se inició como una crisis financiera internacional, dio paso a una crisis económica y finalmente ha derivado en una crisis de déficit y deuda pública. Entre las medidas del Gobierno central para paliar el desorbitado déficit público y promover la estabilidad presupuestaria, se encontraba limitar la capacidad de financiación de las corporaciones locales en los mercados financieros privados hasta el 31 de diciembre de 2011. Las 24 horas que transcurrieron entre la publicación de la medida en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y la modificación del Decreto- Ley por el Gobierno, retratan la angustiosa situación de las entidades locales españolas. Las reacciones políticas no tardaron en sucederse. Por toda España se convocaron plenos extraordinarios y urgentes con el mismo punto en el orden del día: la aprobación de préstamos a largo plazo con el que cuadrar presupuestos.

El financiamiento a través de entidades de crédito privadas no es una práctica nueva, tampoco mala, aunque su importe se ha doblado desde el 95. Puede orientarse a inversiones públicas en beneficio de la ciudadanía: creación de empleo, una biblioteca, un polideportivo etc. Sin embargo, una desproporción entre esta partida y los capítulos de ingresos provoca justo lo contrario: la ineficiencia y despilfarro de tus recursos en el futuro. La paralización del sector de la construcción y la ralentización del Plan E , ha provocado el desplome de los ingresos por algunos tributos locales. Además, a menores ingresos del Estado y de las Comunidades Autónomas, menor reparto. El esquema es claro: las corporaciones locales deben más y ganan menos.

El informe de marzo del Banco de España, publicado en su boletín estadístico, señala que las corporaciones locales adeudan a entidades financieras 36.085 millones de euros, más de 3.000 millones con vencimientos a corto plazo. Es decir, buena parte de los presupuestos de ayuntamientos, delegaciones provinciales y cabildos insulares se destina a la amortización de préstamos y al pago de intereses.

La instrumentalización política de algunas entidades financieras ha colaborado con estos niveles de endeudamiento. Cerca de doce mil millones de euros provienen de Cajas de Ahorro. La buena relación entre los políticos y los que gestionan las cajas no pasaba inadvertida. Paradójicamente ahora, mientras el ciudadano medio trata de pagar las cuotas de su préstamo hipotecario religiosamente, existe un altísimo riesgo de mora e impago por parte de las corporaciones locales. Entretanto, el aplazamiento medio de pagos a proveedores de bienes y servicios por las corporaciones locales españolas es de 145 días, más del doble de la media europea, situada en 65,3 días.

Que no tienen un duro se sabe hace tiempo. Desde hace años la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) viene reclamando mayor dotación en los Presupuestos Generales Estado y mayor participación en los impuestos estatales; además de solicitar con la boca chica otras medidas como: destinar a gasto corriente el Fondo de Inversión Local, creado para modificar el modelo productivo nacional; elevar el límite de endeudamiento hasta el 130% o modificar diferentes preceptos del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

En cuanto a Canarias, como casi siempre, nos encontramos entre el grupo de cola. Un informe elaborado por el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA), indica que el 94% de las corporaciones locales canarias se encuentran endeudas con el sector bancario. En el caso de Arrecife, la deuda estimada era de 23,87 millones de euros a 31 de diciembre de 2009. Deuda que se duplicará para cubrir inversiones conforme a los Presupuestos de 2010 y que la acercará al límite legal del 110%. Más de 750 euros por habitante. Por poner un ejemplo, muy superior a los 439 euros por habitante de Barcelona.

Por su parte el Cabildo, pese a la reducción presupuestaria en 2010, ha anunciado una nueva operación de crédito por 6,3 millones de euros, según su Memoria, para hacer frente a sus obligaciones crediticias. Lo que demuestra la delicada situación de nuestras corporaciones locales tras la caída de los ingresos.

Sin duda la recuperación pasa por un largo periodo de control presupuestario y gestión eficiente de los recursos. El camino fácil sería enajenar el patrimonio y elevar los tributos locales, pero esto sólo contribuiría a exprimir a una sociedad ya asfixiada. La opinión pública lanzaroteña debe estar muy atenta, solo elevando la calidad de nuestra crítica podremos controlar la actuación de nuestros políticos, que tarde o temprano deberán pagar la cuenta de semejante atracón.

 

 

 

redaccion@diariodelanzarote.com

 

 

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