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La responsabilidad patrimonial

 

 

Jaime Puig

[Lunes, 17 de mayo de 2010]

 

 

 

 

 

Un grupo de organizaciones políticas del Archipiélago (Alternativa Sí se puede por Tenerife, Alternativa Ciudadana 25 de Mayo de Lanzarote, Los Verdes de Fuerteventura, Iniciativa por El Hierro) y de colectivos sociales y vecinales majoreros, se han reunido reciente para seguir avanzando en la coordinación de acciones, como dicen ellos, para dar respuesta política a la grave crisis política que atraviesa Canarias. Están en varios temas al tiempo. Todos interesantes, pero me quedo con uno: el que exige el cumplimiento de la responsabilidad patrimonial de los cargos públicos y que estos respondan con su propio dinero ante graves errores de gestión.

El caso más reciente que se conoce en Lanzarote lo ha generado el ayuntamiento de Teguise, con diversos actores públicos como tristes protagonistas. Dos vecinos de Costa Teguise recibirán una indemnización por la “inactividad” del Ayuntamiento en la aplicación de sus competencias en cuanto a velar por el cumplimiento de las ordenanzas de ruidos y vibraciones. Son 36.000 euros, según ha dictaminado el Juzgado de lo Contencioso número 3 de Las Palmas. Ese dinero saldrá de las arcas del Consistorio de la Villa de Teguise, es decir, de todos y cada uno de los habitantes del municipio, incluidos los dos vecinos indemnizados.

Pero, si como sugieren las organizaciones citadas, al cargo público distraído (o al funcionario, ojo) le tocaran el bolsillo cada vez que mete la pata, seguro que se lo pensaban dos veces antes de omitir el cumplimiento de leyes u ordenanzas. Se trata simplemente de cumplir con lo dispuesto pues la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias, advierten que las personas que de forma irresponsable incurran en errores e irregularidades que afecten a las arcas públicas, deberán responder con su patrimonio ante sus actuaciones fraudulentas.

Quien quiera meter presión puede firmar en el siguiente enlace http://www.responsabilidadpatrimonial.org/. Quizá así, entre todos, contribuyamos a cambiar el modo con que el político ve esto de administrar los bienes comunes y en lugar de poner poco -o ningún- celo, mire por el céntimo como si de verdad fuese suyo. Aunque me temo (o no) que como esto se implante habrá menos voluntarios para ocupar listas electorales.

 

 

 

 

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