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La cacería

 

 

Mario Alberto Perdomo

[Lunes, 22 de febrero de 2010]

 

 

 

 

 

 

 

Sólo los partidos que sustentan el cuatripartito en el Cabildo votaron a favor de organizar la cacería del secretario general de los socialistas conejeros, mientras que no votaron o se abstuvieron los restantes miembros del Consejo de Administración de los Centros Turísticos.

La munición económica para financiar el coste jurídico de la montería es aportada por las arcas públicas de los Centros. El brazo ejecutor es el anónimo abogado entregado a la causa y firmante del desconocido informe acusador. Los instigadores aparentes son los afectados por la doble acción pública ejercida por Carlos Espino antes la justicia: CC, sector pro planta hotelera ilegal; PIL, facción culto al líder; PP, propiamente dicho; y PNL, sección inmobiliaria.

Los inductores reales de la batida son las personas a quienes estos partidos y/o sus facciones deben obediencia y sumisión, porque los verdaderos promotores son los principales perjudicados por los operativos judiciales puestos en marcha tras las dos denuncias presentadas por Carlos Espino. Una por un (supuesto) intento de soborno y otra por la existencia de una (supuesta) trama para la concesión ilegal de licencias hoteleras.

La partida, que se ha organizado con gran despliegue de sabuesos, persigue descabezar a Espino de su puesto orgánico alentando, a la vez, que la corriente minoritaria del PSOE se imponga internamente en el partido. Los cazadores la llaman ‘PSOE bueno', se caracteriza por su talante subsidiario y manso, aspira tan sólo a tocar poder desempeñando un papel segundón en la política insular y a quienes Jerónimo Saavedra da aire.

Hay que gobernar bien, sí, y hay que acudir corriendo a los tribunales si se tiene conocimiento de prácticas ilegales en la función pública. Pero llama la atención que no se haga lo mismo con la otra gran empresa pública, Inalsa. Como resulta llamativo que el acuerdo adoptado en los Centros para investigar la gestión de Carlos Espino se haya sustentado en un alegato verbal de la consejera delegada, Astrid Pérez, quien no puso un solo papel sobre la mesa. Es obvio: tampoco a ella le interesa la verdad, ni que el perseguido pueda defenderse. Le interesa acrecentar la sospecha mediante el acecho y el acorralamiento, y mantener esta situación para desacreditar y desgastar.

 

 

 

 

 

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