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Valor y precio de la obra pública

 

 

Oti Fabra

[Lunes, 21 de diciembre de 2009]

 

 

 

 

 

 

En el marco de la corrupción de cargos públicos, de los actos delictivos de empresarios y ciudadanos con aquellos, y atendiendo a la información conocida tras el levantamiento del secreto de sumario del caso La Unión, se viene a dar la razón a cuantos han creído que las prácticas del cobro y pago de comisiones lleva presente en el panorama insular desde tiempo atrás. No sólo cuestiones relativas a las intervenciones urbanísticas son las que propician las situaciones que han salido a la luz, sino que la adjudicación de obras a determinadas empresas parecen una de las recetas para el enriquecimiento de cargos, partidos políticos y personajes diversos.

Contar esto carecería de interés por ya sabido, pero si se hace mención a ello es por conducir el asunto del pago de cientos de miles de euros al terreno de los perjuicios añadidos al propio acto delictivo. Se ha de suponer que la práctica ha sido habitual y se ha dicho en algunos foros, que éstas prácticas no se han ceñido sólo a los ayuntamientos, manifestándose que podrían haberse producido, igualmente, en el Cabildo y en algunas consejerías del gobierno de Canarias, en el ejercicio de sus competencias para la realización de obras en la isla. Dado que de la operación Unión no parece que se haya desprendido ninguna información relativa a éstas últimas situaciones, quienes lo defienden, parecen moverse en el terreno de las especulaciones, las cuales pudieran resultar falaces, además de injustas.

En la escenificación del pago de importantes cantidades de dinero en concepto de comisiones, cuando éstas se enmarcan en las relaciones de empresas constructoras con la administración, podríamos movernos en varias posibilidades, e irían siempre en la dirección del mínimo impacto para el bolsillo del empresariado. Resulta difícil pensar que alguien saque decenas de miles de euros de una caja B y no considere la fórmula de la reposición e incluso de la compensación del daño al bolsillo. Quiero decir con ello que si lo que está en la mesa es la realización de obras de carreteras, edificios, rehabilitación de viviendas, construcción de dotaciones deportivas, etc., la compensación del pago de la comisión se realizaría de dos maneras, ya por el encarecimiento del presupuesto de la obra tanto antes de su aprobación como en la fase de ejecución, como por la de la disminución de la calidad de los materiales, o ambas a la vez.

Tales situaciones suponen la participación obligada de nuevos actores, pues se necesita que arquitectos e ingenieros, de dentro o fuera de las administraciones públicas se plieguen al juego, tanto como que los técnicos de las mismas que deban certificar la recepción de la obra acepten ser un engranaje de la maquinaria.

Pienso en aceras, colegios, contratos de servicio de limpieza, adquisición de mobiliario urbano, construcción y obras en edificios públicos, pero también en actuaciones aparentemente menores como compra de luminarias, árboles, jardineras o papeleras, y si cuantificamos lo que han costado y lo que realmente valen, por un lado, y lo que durarán aquellas que han sido rebajadas en su calidad, me echo a temblar.

Periodos de garantía de mayor duración, fiscalización de los presupuestos y los proyectos de obras, servicios, y adquisiciones que realiza la administración, así como una exhaustiva revisión de la obra realizada. Todo ello evitaría parte del descontrol actual cuando los códigos de buenas prácticas se han volatilizado.

Sobre por qué nos parece que ha durado tan poco mucho de lo que se ha ejecutado en los últimos años, puede tener una respuesta en lo anteriormente expuesto. De lo que se puede haber hecho en décadas anteriores, mejor no hablar, como parece que lo mejor es ni mencionar la trastienda de la compra de equipos informáticos, mobiliario, material de oficina, etc., etc., ni en manos de quiénes ha estado la tarea en algunas administraciones.

 

 

 

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