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Del inmoral presunto inocente

 

 

Rebecca Gigon Button

[Viernes, 18 de diciembre de 2009]

 

 

 

 

 

 

 

Uno de los principios fundamentales que rige el ordenamiento jurídico penal en nuestro país es el de la presunción de inocencia. Supone el reconocimiento de la inocencia de una persona encausada hasta que no se le declare culpable mediante sentencia. Dicho principio debe regir la actuación de jueces y fiscales a lo largo de todo el procedimiento penal, hasta que el imputado sea condenado en sentencia firme.

En el largo goteo de revelaciones que el procedimiento penal derivado de la Operación Unión nos está obsequiando, la presunción de inocencia de todos los imputados se debe mantener vigente tanto en las actuaciones judiciales como en las publicaciones que de ello se haga. Todos son inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Sin embargo, la interpretación extensiva que de dicho principio se realiza por determinados medios de comunicación y por determinados partidos políticos es simple y llanamente mezquina.

En primer lugar, porque publicar la información que se deriva de un proceso penal en donde se ha levantado el secreto de sumario no significa automáticamente que se declare culpable al imputado. De hecho, los medios de comunicación están siendo exquisitos en la utilización de expresiones y calificativos, limitándose expresamente a contar lo que ha sucedido. Negar el derecho a la información conlleva inevitablemente cercenar el derecho de los ciudadanos a saber qué ha ocurrido en la isla y porqué nos encontramos ante el caos institucional. Ya que lo estamos sufriendo en primera persona, dado que somos los verdaderos perjudicados de esta sucia historia, que nos la cuenten con pelos y señales como mínimo. Claro que es duro leer lo que estamos leyendo, pero más duro es saber que todo lo publicado se ciñe estrictamente a lo acontecido.

En segundo lugar, porque a pesar de que TODOS los partidos políticos, con la honrosa excepción de Alternativa Ciudadana, se devanen los sesos justificando lo injustificable, los ciudadanos de Lanzarote ya somos bastante mayorcitos para distinguir la presunción de inocencia de la falta de ética política y de decencia personal. Así de simple y de crudo. La prueba de la madurez social de esta pequeña y sufrida isla se ha puesto de manifiesto en las últimas elecciones locales, donde la actuación de determinados grupos políticos quedó a la altura de sus votos. Incluyo evidentemente al omnipresente Dimas Martín, culpable de varios delitos, cuyo nivel de votantes fieles baja cada año en proporción inversa al número de condenas. Y a los niveles educativos, añadiría yo.

Por tanto, concedamos sin miedo el beneficio de la presunción de inocencia a los inmorales gobernantes de esta isla, a lo indecentes empresarios, a los sinvergüenzas de los técnicos y a los indignos abogados. Inocentes hasta que la justicia demuestre lo contrario, indecentes mientras sigan aferrándose al poder del dinero y del sillón gubernamental. A la escuela y no al Ayuntamiento los mandaría yo, a estudiar esa cuestionada asignatura de “Educación para la ciudadanía”, que se me antoja imprescindible para muchos.

Sobra decir que, aunque este artículo se publique en un medio tachado por los carentes de ética de “arribista”, yo le concedo el beneficio de la duda, máxime cuando no está imputado, por eso dirijo mis palabras a todos los imputados sean del PIL, del PSOE, de Coalición Canaria o del Partido Popular... Vergüenza les debería dar.

 

 

 

 

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