Martín del Mar
[Jueves, 19 de noviembre de 2009]
Bufó Gonzalo Murillo, mostrando su enojo. Ello porque percibió tremendo bufo en La Bufona. Marchó Murillo a los tribunales de justicia y, ahora, tras una sentencia del Supremo que le es favorable, tiemblan y se abofan las paredes del plan parcial.
La sentencia declara la nulidad de la modificación del plan parcial La Bufona porque, en su tramitación, se omitió el informe preceptivo de la Consejería de Obras Públicas del Gobierno de Canarias sobre cómo afectaba a la carretera LZ-2, así como el acceso a la misma.
No para Murillo en defensa de sus intereses. De hecho, el Supremo recoge uno de los argumentos expuestos en su demanda, cual es que en el desarrollo del plan parcial le fueron usurpados terrenos colindantes de su propiedad, rústicos, sobre el que se habrían construido viviendas. Sin embargo, el Supremo no entra a valorar esta cuestión, que se dirime en un procedimiento civil, iniciado en 1999 y que no ha concluido. Aunque ya va siendo hora... De hecho, las obras del plan parcial llegaron a estar precintadas.
Según el Supremo, en la aprobación del plan parcial se omitió el informe preceptivo y vinculante de la Consejería de Obras Públicas del Gobierno autónomo, en cumplimiento de la Ley de Carreteras de Canarias. El enigma radica en que, en la década de los 80 del siglo XX, la propia Consejería expropió más de 8.000 metros cuadrados de superficie para ejecutar la carretera antedicha y, posteriormente, en una revisión de oficio del planeamiento, se reconoce que esos terrenos no pertenecen ya a la Consejería. ¿Se volatilizaron, quizá? Si no se esfumaron, ¿en manos de quién están y en base a qué operación?
La urbanización La Bufona es una de las asignaturas pendientes de Arrecife. Promovida por la empresa Brisa Inversiones, de la que formaba parte un funcionario municipal responsable del Catastro ya fallecido, su devenir ha estado rodeado de misterios que, poco a poco, Gonzalo Murillo ha ido desvelando.
En un informe emitido hace un año, la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural aseguraba que el plan parcial La Bufona no debió haberse ejecutado porque no contaba con la superficie mínima de 50.000 metros cuadrados. Además, sostiene que se construyeron 52 viviendas unifamiliares en donde sólo se podían autorizar 24 viviendas unifamiliares aisladas, desvirtuándose todos los parámetros urbanísticos del sector. Acto seguido, afirma que las licencias se otorgan al amparo de unos documentos urbanísticos que no eran reflejo de la realidad territorial. Y, por último, dice que las viviendas cuentan con mayor superficie construida que la autorizada. Pues vaya…
Además del inacabable procedimiento civil que se sigue en La Bufona, también se dirime una causa penal por el supuesto desprecinto de las obras de unas viviendas paralizadas por el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil en el año 2000, que habrían invadido suelo rústico. Otro más, también penal, se sigue contra los promotores del plan parcial por usurpación de terrenos y un delito contra la ordenación del territorio. En este procedimiento se archivó la causa contra la ex alcaldesa de la ciudad, María Isabel Déniz, y el ex secretario del Ayuntamiento, Felipe Fernández Camero.
Todo llega en la vida con paciencia y perseverancia. De ambas anda sobrado Gonzalo Murillo.
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