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El sudoku regional

 

 

César Miralles

[Lunes, 9 de noviembre de 2009]

 

 

 

 

 

El pasado viernes, el Gobierno de Canarias remitió el borrador de presupuestos para el año 2010 al parlamento canario para que se modifique (enmiende), se apruebe o se rechace antes de final de año. A grandes rasgos se trata de unos presupuestos incómodos, realistas, austeros, solidarios con las corporaciones locales y sociales puesto prioriza el mantenimiento de los servicios públicos esenciales como son sanidad, educación, acción social y empleo.

La dificultad de elaborar unos presupuestos es enorme pues como recordaba esta misma semana la Comisión Europea , estamos inmersos en una crisis económica sin precedentes con efectos negativos más duraderos si cabe en el caso de España que será el último país en salir de la recesión (sólo por delante de Bulgaria, Lituania y Letonia) y que contará en los próximos años con la mayor tasa de paro de toda la Unión Europea (UE). Canarias, sin bien podría salir antes que España por el efecto arrastre de una recuperación más temprana en Alemania y Reino Unido (principales clientes), la tasa deparo rondará límites socialmente preocupantes superiores al 27%.

Los presupuestos elaborados por el ejecutivo regional están sujetos a restricciones importantes. En primer lugar, los efectos derivados de la propia crisis económica, como refleja una caída del Producto Interior Bruto del 0,4%, un descenso del 24% en los recursos del Régimen Económico y Fiscal (REF), una reducción del 11% de los recursos provenientes del Sistema de Financiación Autonómico y un recorte del 27% de los Fondos Europeos que recibe Canarias.

En segundo lugar, para compensar la caída de la recaudación, el Gobierno de Canarias no se puede endeudar sin límite puesto que el Estado fija afortunadamente un máximo de endeudamiento permitido para todas las Comunidades Autónomas (el 0,75% del Producto Interior Bruto regional) que en el caso de Canarias suponen 1.200 millones de euros. En tercer lugar, el Gobierno de Canarias se autoimpone la restricción de no subir impuestos que castigarían aun más a las familias. Por tanto, el IGIC no subirá como lo hará el IVA por decisión del gobierno de ZP.

En cuarto lugar, el Gobierno de Canarias se enfrente a un gasto estructural considerable (coste fijo) . Aproximadamente el 40% del presupuesto va destinado al pago de nóminas y gastos de personal, aproximadamente el 23% del presupuesto no se puede tocar puesto que está vinculado a proyectos que reciben cofinanciación del Estado o de Europa (en cuyo caso se perderían si la Comunidad reduce su aportación), intereses de deuda o transferencias a Cabildos y Ayuntamientos regulados por ley. Además, sumando sanidad, educación, los servicios públicos básicos (justicia y seguridad) y el resto de servicios sociales (acción social, empleo, formación y vivienda), más el personal de toda la Comunidad Autónoma llegamos a alcanzar el 85% del presupuesto.

El sudoku es complicado: El ejecutivo regional debe cuadrar unas cuentas en un contexto de crisis sin precedentes, con un márgen mínimo de maniobra del 15%, un límite al endeudamiento del 0,75% del PIB, sin subir impuestos, con una caída de la recaudación, con la necesidad de mantener el funcionamiento de los servicios básicos y esenciales, aumentando las inversiones y contentando a todas las islas.

El Gobierno de Canarias resuelve notablemente este sudoku: utiliza todo el margen de endeudamiento permitido por el Estado, no aumenta impuestos, reduce únicamente un 0,5% los dineros que financian la prestación de bienes y servicios sociales (sanidad, educación, servicios sociales, empleo y formación profesional, vivienda, cultura y deportes), aumenta los recursos para Cabildos y Ayuntamientos (14,5%), Investigación, Desarrollo e Innovación (+45%), y Empleo (+45%). Se trata por tanto de un presupuesto reflejo del evidente empobrecimiento de la economía española y canaria como consecuencia de una crisis económica sin precedentes. Se trata de los presupuestos más incómodos de la democracia, políticamente hablando. No permite “quedar bien con todos” ni gastar más sin tener que recortar de otro lado. Todo lo contrario, obliga a decir que “no" y a reducir muchos gastos innecesarios que financiamos todos los canarios, también en áreas tabú como son sanidad y educación.