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Cabildos agobiados

 

 

César Miralles

Director general del Gabinete de Estudios Socioeconómicos del Gobierno canario
[Lunes, 2 de noviembre de 2009]

 

 

 

 

 

 

 

Esta semana los Cabildos Insulares declararon la guerra al Gobierno de Canarias y amenazaron con no devolver los dineros que recibieron de más por su participación en la recaudación de los denominados recursos REF (básicamente IGIC). Se repite por tanto el conflicto del año pasado ante las dificultades de tesorería de las Cabildos para devolver los ingresos recibidos de más.

Según la Ley que regula el reparto de la recaudación de los ingresos REF entre Comunidad Autónoma, Cabildos y Ayuntamientos, el Gobierno de Canarias adelanta mes a mes la parte correspondiente a los Cabildos y Ayuntamientos en función de lo que prevé recaudar a principios del año (no de lo que efectivamente recauda a lo largo del año). Cuando al final del año se comprueba en la liquidación que se ha recaudado menos de lo previsto, entonces los Cabildos y Ayuntamientos están obligados (por ley) a devolver el exceso recibido al Gobierno de Canarias. De igual forma, cuando en época de bonanza se recaudaba más de lo que se preveía, el Gobierno Autónomo una vez liquidado el año procedía a ingresar los recursos que había transferido de menos a los Cabildos y Ayuntamientos.

Al objeto de evitar la devolución mediante un único pago del exceso recibido, el Gobierno de Canarias y los Cabildos iniciaron una ronda de negociaciones para llevar a cabo las devoluciones en módicos plazos, sin intereses y sin generar tensiones de tesorería en ninguno de los afectados. Además, los Cabildos reclaman con toda justicia el pago de la deuda por recargos e intereses de demora.

La reivindicación de los Cabildos es muy legítima pero no sólo los Cabildos, sino también los Ayuntamientos, el Estado y la propia Comunidad Autónoma de Canarias están padeciendo las consecuencias de la mayor crisis que ha sufrido España desde la democracia. El aumento sin precedentes del desempleo, la escasez de crédito y la falta de confianza de empresas y consumidores hace que tanto el consumo como la inversión permanezcan aletargados. La situación de agobio actual de las corporaciones locales es también fruto del fuerte incremento del gasto público experimentado en los últimos 25 años. El presupuesto y el gasto ejecutado por los Cabildos, los Ayuntamientos, las Comunidades Autónomas y Estado, han venido engordado de manera extraordinaria e ininterrumpida durante los años de bonanza económica al aliento de los mayores ingresos obtenidos por el auge en el turismo, la construcción, el consumo y el empleo. Si bien dicho aumento del gasto ha revertido en los ciudadanos pagadores de impuestos mediante mejores servicios públicos o inversiones productivas generadoras de empleo, otra parte importante de dicho aumento se ha quedado en gasto superfluo e innecesario.

De manera incomprensible y bajo una aparente miopía, el gasto público de todas las instituciones aumentaba en igual proporción que la recaudación año tras año, sin considerar que dichos ingresos desaparecerían en el momento en que la economía empezara a desacelerarse y entrar en depresión. No hace falta ser economista para reconocer que el boom económico tiene su fin y que a lo largo de la historia pasamos por fases tanto de vacas gordas como de vacas flacas. De esta forma nos acostumbramos a un nivel de gasto muy por encima de las posibilidades de la sociedad y apenas nos preparamos para la llegada de las vacas flacas.

Es normal que los Cabildos se quejen, sobretodo cuando ven que no pueden mantener todos los servicios que se ofrecían hasta ahora. Las crisis económicas nunca fueron buenas para gobernar. No hay comparación entre una situación de bonanza que se decide donde aumentar el presupuesto a una situación de crisis donde hay que decidir donde recortar – y nadie está dispuesto a perder parcelas de poder y en algunos casos su chiringuito.

La situación de agobio de los Cabildos, por mucho que se quejen, es insignificante en comparación con el agobio que supone perder el puesto trabajo para un padre de familia o verse avocado a cerrar una empresa o despedir trabajadores y poner fin a un proyecto iniciado con ilusión. Sin embargo, no he escuchado todavía que los empresarios asfixiados alcen la voz en contra el pago del IGIC cuando facturan por una venta que no cobrado – gran parte de las administraciones públicas.

El conflicto de los Cabildos con el Gobierno Autónomo requiere de solidaridad por parte de todos los implicados. La no devolución en 2009 de una parte de los fondos recibidos de más podría causar serios problemas de tesorería en la Comunidad Autónoma o mermar el mantenimiento de los servicios públicos esenciales. Por ello es necesario llegar a un acuerdo entre todas las partes. Una solución de cara al año que viene sería cambiar la ley de tal modo que únicamente se transfiera a los Cabildos la proporción que les correspondan de lo efectivamente recaudado y no de lo previsto como hasta ahora. Pero esto jugaría en su contra en época de bonanza – que vendrán. Por tanto, el remedio de los Cabildos sería peor que la enfermedad.

Para finalizar, existe todavía un amplio margen para recortar en gastos y ajustarnos por tanto a la bajada de la recaudación sin necesidad de iniciar una guerra contra el vecino o a la administración de la que se dependa (Ayuntamientos contra Cabildos, Cabildos contra Comunidad Autónoma y Comunidades Autónomas contra Estado…). Mirando hacia el futuro, debemos reclamar una reforma profunda en materia de financiación de las corporaciones locales y una reforma del sector público en materia de distribución de competencias. Mientras sigamos duplicando gastos y haciendo todos de todo y mientras dependamos de una financiación volátil tanto las corporaciones locales y las comunidades autónomas lo pasarán muy mal en época de crisis.